Panamá tiene más “billonarios” en 2012

El año 2012 en Panamá fue extremadamente convulsionado, tanto política como económicamente. La política oficial de gobierno se redujo a crear oportunidades de negocios para las trasnacionales que especulan con las riquezas panameñas: el Canal de Panamá y todas las actividades de transporte marítimo, los negocios inmobiliarios, el turismo y otras afines. El crecimiento de las ganancias bancarias son un buen indicador de la política de despojo que aplica el gobierno en detrimento de las familias de los trabajadores, de la gente del campo, de los pequeños y medianos empresarios y, sobre todo, de la juventud, de las mujeres y de las etnias discriminadas.

Los ideólogos de los gobernantes, hasta hace poco, decían cínicamente que mientras más rápido los millonarios se hacían billonarios, las riquezas comenzarían a “gotear” hacia abajo y favorecer a los pobres. En los últimos diez años la riqueza de Panamá, utilizando el indicador convencional del producto interno bruto (PIB), se multiplicó tres veces pasando de 10 mil millones a más de 30 mil millones de dólares. Sin embargo, la pobreza sigue golpeando a cerca de la mitad de la población y el empleo informal sigue siendo la forma de trabajo más común en el país.

La población panameña tiene cada vez menos oportunidades para educarse. Las tasas de deserción tienden a subir cada año. Al mismo tiempo, los servicios de salud y seguridad social así como los servicios de agua potable, la recolección de basura, el saneamiento ambiental y otros servicios básicos han colapsado sin soluciones a la vista.

La corrupción - que antes se disimulaba-, en la actualidad, es una práctica abierta. La Contraloría, la Procuraduría y otras instancias de control no actúan para detener el caos en el manejo de los fondos públicos. ¿Qué hace el gobierno con los mil millones de dólares que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) le traspasa anualmente al gobierno? El gobierno anunció que tenía una lista de proyectos que entre 2010 y 2014 demandarían inversiones por 13 mil millones de dólares. ¿Dónde están los informes sobre esas inversiones? Mientras tanto, el presidente de la Asamblea de Diputados gasta arbitrariamente 600 mil dólares del erario público en la compra de 30 mil jamones para regalarle a su base electoral (que tiene menos de 10 mil familias). La Contraloría ni la Procuraduría creen prudente realizar una investigación.

El crimen aumenta de la mano de la militarización. El gobierno movilizó tropas para reprimir las protestas populares contra los despojos de tierras en Chiriquí y en Colón con un saldo de cinco muertes. La provincia del Daríen y la comarca de Kuna Yala han sido convertidas en zonas de acceso limitado. Los estamentos de seguridad panameños, entrenados y financiados por EEUU, siguen realizando sus experimentos de armas y de guerra psicológica. La política equivocada de “guerra contra las drogas”, impulsada por la Embajada de EEUU, se ha convertido en una campaña para convertir a los jóvenes panameños – especialmente los más humildes - en consumidores de los estupefacientes.

El incremento del empleo informal en las ciudades, tiene su complemento en las áreas rurales donde los campesinos e indígenas son expulsados de sus tierras por intereses especulativos turísticos, mineros e hidroeléctricos.

¿Qué es lo que más le disgustó a los panameños en 2012?

En primer lugar, el alto costo de la vida. El incremento de los precios supera los ingresos informales de los trabajadores. Según las estadísticas, la canasta básica (de alimentos y otras necesidades) aumentó en forma significativa en 2012. Los salarios de los trabajadores se estancaron.

En segundo lugar, los panameños se sienten cada vez más inseguros en la calle, en sus comunidades y en sus hogares. La militarización – denominada seguridad nacional – en su momento, engañó a muchos haciéndolos creer que iba a acabar con la violencia ha hecho lo contrario. Un indicador fehaciente es el número de homicidios que aumentó en 2012.

En tercer lugar, la corrupción que ha convertido a los empleados públicos en blancos para quienes quieren hacer negocios ilegales. Desde las posiciones más altas hasta las más bajas, “todos tienen un precio”, declaró un encumbrado “servidor público”.

¿Qué quieren los panameños para 2013?

Primero, un plan económico que ofrezca empleo, especialmente para los jóvenes. El empleo informal y el trabajo precario son dos características negativas de la estructura económica panameña. La mayoría de los panameños no tienen empleos fijos (y trabajan sin contratos ni seguro social) y, como consecuencia, sus familias se desintegran.  

Segundo, un plan social que garantice salud, educación y vivienda a todos los panameños. Los panameños quieren programas de salud a nivel de las comunidades y centros de salud para atender las enfermedades. El gobierno tiene recursos suficientes para lograr este objetivo pero prefiere gastarlos en negocios con sus socios del sector privado. El pueblo también quiere escuelas en las comunidades donde viven los estudiantes con educadores bien pagados.

Tercero, un plan de seguridad que ponga fin a la corrupción, que garantice la tranquilidad de las comunidades y que erradique las guerras territoriales sangrientas por el control de la distribución de drogas ilícitas.

Panamá, 27 de diciembre de 2012.

El genocidio del 20 de diciembre de 2012

Herbert Nelson se destacó en el Instituto Nacional como estudiante y como dirigente. Participó en las jornadas heroicas de enero de 1964.Hace pocos años Nelson falleció pero no sin antes dejar un libro - Fundamentos ideológicos de las intervenciones de EEUU en Panamá - sobre la invasión militar norteamericana perpetrada en un día como hoy hace 23 años.

Según Nelson, “lo que aconteció aquel 20 de diciembre de 1989 fue un genocidio, una afrenta a las inteligencias civilizadas. Los sofisticados aviones de combate norteamericanos F-117 bombardearon los barrios asentados alrededor del Cuartel Central, provocando el incendio de las casas de madera y un número considerable  de muertos y heridos.  Desde la bahía que colinda con el barrio de El Chorrillo los barcos de guerra cañoneaban el Cuartel  Central que se ubica dentro en El Chorrillo.  Por este mismo lado entraron tanquetas”.

Nelson señala que “las escenas que se produjeron en el barrio de El Chorrillo fueron escalofriantes.  Se veía venir a la gente corriendo, mujeres con niños en brazos, niños agarrados de las faldas de su madre, niños sobre los hombros de otros niños, espantados, llorando, algunos ancianos arrodillados en los quicios de sus puertas, otros escondidos bajo sus camas, gemidos de dolor emergiendo de los escombros de las casas destrozadas, pedazos de carne humana y huesos mezclados con escombros y numerosos incendios por toda el área”.

En el libro Nelson dice que “el ataque se dirigió a varios puntos de la capital, pero especialmente en los alrededores del Cuartel Central, donde las tropas norteamericanas chocaron con miembros de las Fuerzas de Defensa y milicianos de los Batallones de la Dignidad.  El poder de fuego de las tropas norteamericanas por tierra, aire y mar, fue inmensamente superior al de los militares y civiles que resistían la invasión.  En el cuartel de Fuerte Amador, las tropas de las Fuerzas de Defensa resistieron las embestidas de los invasores. El aeropuerto de la capital, así como otras terminales aéreas del país quedaron inutilizadas por los ataques desde el aire”.

Incluso, agrega Nelson, “durante el desarrollo del conflicto EEUU cerró a la navegación el tránsito a través del Canal de Panamá.  Por primera vez desde 1914 el Canal estuvo cerrado, negándosele el acceso a barcos de naciones que mantenían una posición neutral en el conflicto”.

Nelson reconoce que “a pesar de la envergadura de los ataques norteamericanos,  la resistencia desorganizada de las Fuerzas de Defensa y de civiles fue heroica si tomamos en consideración el potencial de fuego y la sofisticada maquinaria bélica que usaron los soldados norteamericanos”.

También apunta como “ese mismo día el triunvirato (el presidente Endara y los vicepresidentes  Arias Calderón y Ford) que había sido juramentado en una base militar norteamericana (esa madrugada), se dirigió  al país y le pidió  a los militares y a los civiles que oponían resistencia al avance de las tropas invasoras, a no poner obstáculos a la misión de las tropas invasoras”.  A Endara, según Nelson, le fue conferido el triste papel histórico de formular el mensaje:

“No resistan el avance de las fuerzas norteamericanas. No queremos más sufrimientos ni más dolor.  Cuando todo haya concluido podremos celebrar la llegada de la democracia, la justicia y la libertad... Hay que aceptar la honorable paz que nos ofrece el presidente norteamericano George Bush”.

Nelson describe el momento en que “el sol se hizo presente la mañana de ese fatídico 20 de diciembre de 1989, (exponiendo) las escenas dantescas que se mostraban en el destruido barrio de El Chorrillo. Cientos de civiles aparecían muertos y heridos en las calles, debajo de los escombros. Las humildes casas ardiendo en llamas. Los hospitales de la capital no se dieron abasto para atender a tantos heridos y muertos, de los que pudieron ser rescatados por familiares y amigos de las víctimas”.

En la descripción que recoge Nelson, “el Cuartel Central de la avenida A aparecía virtualmente destruido. En su interior yacían muertos más de un ciento de militares integrantes de la unidad “Machos de Monte”. Según testimonio del maestro Rafael Olivardía, los “Machos de Monte” y todos los que cayeron defendiendo el terruño patrio fueron “héroes”.

Según Olivardía, “después de un traqueteo de ametralladoras ya no se oyó el tiro solitario. Murió el último ‘macho de monte’. Nos llevaron de El Chorrillo a Balboa.  En el camino vimos asesinar a gente amarrada. Nos dolía.  Caminábamos entre cadáveres. Nos dolía mucho”. 

Nelson concluye que “al darse cuenta del infame genocidio que habían perpetrado, los norteamericanos intentaron ocultar ante la faz del mundo el resultado de sus delitos y pusieron obstáculos a la Cruz Roja Internacional para que no entrara en las zonas de conflictos a prestar auxilio a los heridos que yacían desangrándose. Algunos de los cadáveres eran incinerados en la playa con lanzallamas y las cenizas tiradas a la bahía para que el mar las desapareciera. Otros cadáveres fueron introducidos en furgones frigoríficos, junto con algunos heridos, y sepultados en fosas comunes.  Se calcula que cada furgón tenía capacidad para almacenar un promedio aproximado de 400 cadáveres”.

20 de diciembre de 2012.

La clase media del Banco Mundial

América latina y Panamá se encuentran envueltas en las telarañas de un conglomerado de instituciones trasnacionales creadas por EEUU para (des)orientar a la opinión pública. Las más antiguas son el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Otras más recientes son Moody’s, Heritage Foundation y el USAID. En la década de 1960, el BM fue transformado para “combatir la pobreza” y crear una nueva clase media. Fue un rotundo fracaso y terminó apoyando los regímenes militares de la época.

La USAID está ahora mismo en una etapa de transformación (metamorfosis) de la cual pocos saben como va a terminar. El Heritage Foundation promete convertirse en un guerrero defensor universal de los postulados conservadores más sagrados. Moody’s es una empresa dedicada a emitir opiniones políticas sobre la solvencia de empresas, bancos y países. En 2008, cuando colapsaron todas las empresas bancarias de EEUU, Moody’s las calificaba como sobresalientes. En la actualidad, Perú y México – políticamente afines a Washington - ocupan las posiciones más altas en la lista de Moody’s, mientras que Venezuela y Argentina – mal vistos por la Casa Blanca - ocupan los lugares más bajos.

En la literatura sociológica, desde principios del siglo XIX, la llamada clase media ocupa un lugar destacado. Los franceses Comte y Tocqueville incorporaron el concepto en sus análisis. Igualmente, los alemanes Marx y Lassalle. Los funcionalistas norteamericanos Parsons y Merton fundaron una escuela de pensamiento que colocó la clase media en el centro de la “acción social”. Con motivo de un informe reciente del Banco Mundial sobre la “clase media” en América latina, todos los medios comerciales del continente (incluyendo EEUU) se han abocado a la tarea de resucitar este viejo concepto abandonado por los ideólogos neoliberales.

La clase media en los textos norteamericanos es en teoría quien garantiza la estabilidad social que necesita todo país para que los inversionistas puedan extraer sus ganancias. La afirmación es algo pretenciosa y, además, no refleja la realidad histórica. Cuando en América latina las “clases medias” llegaron al poder mediante gobiernos populistas (Perón, Castro, Goulart, Allende, Torrijos y muchos otros), EEUU los declaró sus enemigos y no descansó hasta eliminarlos físicamente o derrocarlos. Por gobierno populista se entiende el poder compartido, en forma de alianza, por una clase empresarial (dominante), capas medias (hegemónica) y trabajadores. El proyecto de los gobiernos populistas es afianzar el desarrollo capitalista mediante pactos sociales.

Según el informe reciente del BM, “la clase media en América Latina aumentó entre 2003 y 2009, hasta llegar a constituir un inédito 30% de la población”. (Se olvida los períodos donde predominaban gobiernos populistas). La institución bancaria con sede en Washington anuncia triunfalmente que entre los años mencionados, “la clase media aumentó en 50 por ciento, pasando de 103 millones habitantes a 152 millones”.

De un plumazo, el Banco Mundial declara que América latina se ha vuelto “segura” para las inversiones de los capitalistas norteamericanos. EEUU está buscando fórmulas para mantener su nivel de ganancias (“crecimiento económico”) a flote. El gobierno del presidente Obama anunció que privilegiará a la cuenca del Pacífico para realizar inversiones. El BM (tal como lo hizo el candidato perdedor Mitt Romney) le pide al mandatario norteamericano que no se olvide de América latina. 

El BM hace cálculos aritméticos poco convincentes para llegar a la conclusión que en la región de Nuestra América el 30 por ciento de la población es clase media. La “clase pobre” – que divide en dos - representa el 68% de la población. Los ricos son el restante 2%.  El BM asegura que “el panorama es alentador si se compara con 1995”, cuando un 78% de la población era pobre y un 20% era clase media”. (Durante la década de 1990 los neoliberales destruyeron las economías de muchos países de la región – Argentina, México, Perú, Venezuela, entre otros - con políticas de “austeridad”).

Según el BM, la riqueza producida en la región (PIB), creció a una tasa anual de 2,2% en la década de 2000. Agrega que hubo “una mejor distribución de esos ingresos”. El BM no menciona el hecho de que este crecimiento y mejora en la distribución en muchos países fue gracias a las políticas de estímulo y no de austeridad recomendados por sus programas neoliberales.

Durante el período en que reinó la política del BM y del FMI en América latina (1985-2005), la pobreza se agudizó. Los números positivos que presenta el BM a escala regional son producto, en gran parte, de las políticas sociales – contrarias al neoliberalismo - del presidente Lula de Brasil, país con el 40% de la población de América latina. Durante el período de Lula (2000-2010) se repartieron aproximadamente mil millones de dólares a través de programas para los pobres. Las políticas mitigaron la pobreza pero no crearon una nueva clase media. El BM alega equivocadamente (con una agenda política que pretende cambiarle la imagen negativa al neoliberalismo) que ahora los habitantes de las “favelas” son clase media. Igualmente, los pueblos indígenas en sus comarcas son clase media. Los campesinos sin tierra también. Obviamente, la aritmética del BM no suma ni resta.

Panamá, 13 de noviembre de 2012.

Crisis de “gobernabilidad”

El sistema político de Panamá se encuentra en una crisis de “gobernabilidad” propia de los ciclos que caracterizan su estructura social. Al mismo tiempo, la frágil economía capitalista del país experimenta una de las fases de mayor crecimiento de su vida republicana. El actual “boom” se puede comparar con los períodos marcados por la construcción del Canal de Panamá (1904-1914), la segunda guerra mundial (1936-1945) y la culminación del período de industrialización por medio de la sustitución de importaciones (1960-1970). No es una casualidad que después de esos períodos de “boom” el país cayera en profundas recesiones económicas y en años de inestabilidad política: La crisis inquilinaria a mediados de la década de 1920, las movilizaciones populares de fines de la década de 1940. Así mismo, la crisis de los partidos que culminó con el golpe militar de 1968.

A simple vista, el caos y el desorden políticos que se observan, destruyendo el tejido social del país, puede achacarse al mal manejo administrativo de la cosa pública y a la corrupción a todos los niveles de la vida pública y privada. Sin embargo, la causa es mucho más profunda. Por un lado, la guerra declarada entre los diferentes sectores de la clase dominante por el control de los aparatos gubernamentales se ha convertido en el problema central del Estado panameño. No hay diálogo y no existen posibilidades a corto plazo de encontrar un terreno sobre el cual establecer una concertación.

El presidente Ricardo Martinelli ha encabezado a un sector de la clase dominante acusando a los demás de “ladrones y de corruptos”. En su discurso de apertura de la Asamblea de Diputados en 2012, dijo que el gobierno necesitaba fondos para desarrollar sus obras. “Para lograr estos cambios necesitamos dinero, plata, billete, money, fluss, chen-chen. Esos recursos tienen que salir de algún lado. Le metimos la mano en el bolsillo a los empresaurios. Y eso no nos lo perdonan”.

Los otros sectores no se quedan atrás, acusando a Martinelli de estar dirigiendo una pandilla de facinerosos que quiere vaciar las arcas fiscales. Alegan que Martinelli y los otros millonarios en su gobierno quieren convertirse en billonarios embolsando los miles de millones de dólares que ingresan a la hacienda pública nacional anualmente. Estas sumas estratosféricas son el producto de los tributos (peajes) que pagan los usuarios del Canal de Panamá, las rentas que pagan los operadores de los puertos del Atlántico y del Pacífico y de los movimientos de dinero que realiza el centro bancario instalado en la ciudad de Panamá.

El enfrentamiento provocado por Martinelli tiene como fundamento medias verdades. Los grandes empresarios panameños no contribuyen al fisco para el funcionamiento de la administración pública. Durante casi un siglo de dominación, ellos han sabido como evadir el pago de sus obligaciones con la sociedad. Los ingresos del gobierno son, en su gran mayoría, tributos que provienen del manejo de la ruta de tránsito (Canal de Panamá) e impuestos a las transacciones comerciales.

En esta batalla entre fracciones de la oligarquía no existe una clase media que sirva de moderadora o colchón que amortigüe los golpes. Es una realidad de todos los países de América latina. En el caso de Panamá, su ausencia le permite a la oligarquía abusar del poder político y concentrar cada vez más el poder económico. Según estadísticas nacionales, el 10 por ciento de las familias panameñas concentran casi el 40 por ciento de la riqueza del país. El 1 por ciento posee casi el 30 por ciento del poder económico. 

La clase media – aproximadamente el 20 por ciento de las familias del país – tiene acceso al 20 por ciento de la riqueza nacional. Las clases populares, otro 70 por ciento de la población sólo tendría el 40 por ciento de la riqueza. Esta desigualdad aguda crea condiciones políticas de ingobernabilidad extremas.

Sólo existen tres formas de gobierno posibles en un país que presenta características tan agudas de desigualdad y concentración del poder. En primera instancia, un régimen oligárquico como el actual basado en la rapiña y la represión de los sectores populares. La falta de capacidad de la oligarquía panameña para administrar este tipo de gobierno obliga a sus dirigentes a buscar un protector extranjero. La república creada en 1903 ha descansado, en gran parte, sobre este supuesto por más de cien años.  

En segunda instancia, han surgido gobiernos populistas en que la oligarquía ha delegado su poder político – casi obligada - a una instancia intermedia que toma las riendas de la república. El populismo constituye una alianza entre una fracción de la clase dominante y algunos sectores subordinados. Cuando el pacto deja de ser útil, la oligarquía recupera su hegemonía mediante la intervención armada exterior.

Por último, en forma hipotética, un gobierno que es formado por un partido (fracción) de la débil clase media en alianza con los sectores populares organizados y que tenga capacidad para enfrentar militarmente las amenazas de una fuerza armada extranjera. Este tipo de gobierno tendría que contar con una correlación de fuerzas sociales y políticas favorables tanto dentro del país como en el exterior.

Panamá, 6 de noviembre de 2012.

Las lluvias no son responsables de las tragedias sociales

El pueblo panameño es castigado de manera sistemática por las inclemencias sociales provocadas por las construcciones defectuosas y por las agresiones armadas de los gobernantes de turno. Todos los años, sin excepción, en la época en que la naturaleza arroja más agua sobre el istmo – el mes de noviembre – se producen las peores catástrofes: los ríos inundan las urbanizaciones de las principales ciudades del país, colapsan caminos y carreteras, y se desbordan represas y puentes.

Los gobiernos y los medios de comunicación inmediatamente anuncian que por culpa de la naturaleza se pierden vidas y viviendas. Lo mismo ocurrió el fin de semana pasada cuando los ríos desbordaron sus cauces y arrasaron con urbanizaciones en los distritos de Colón, Arraiján, La Chorrera y Capira. Perdimos cinco de nuestros mejores hijos. Las autoridades gubernamentales, con el presidente Ricardo Martinelli a la cabeza, denunciaron las lluvias como las culpables.

Echarle la culpa a la lluvia por la pérdida de vidas y propiedades es absurdo. Es igual que culpar al automóvil por la muerte de un peatón atropellado por la irresponsabilidad de un conductor ebrio. Igual sería decir que el arma de fuego es responsable de la muerte de alguien herida de bala. Todos sabemos que el conductor o el que dispara el arma son los responsables por sus actos. En el caso de las inundaciones hay que preguntarse quienes son los responsables.

La respuesta es sencilla. El problema es que las autoridades no quieren formular la pregunta. Los afectados, a su vez, son objeto de engaños y terminan creyendo que la lluvia o la naturaleza es la culpable. Los responsables de las tragedias son los que dan los permisos de construcción de las urbanizaciones que obstruyen el paso de los ríos y quebradas. Incluso, hay barriadas que se levantan sobre los lechos secos de ríos que sólo aparecen cuando las cabezas de agua en las serranías revientan y lanzan poderosas corrientes de agua en dirección al mar.

La semana pasada, la urbanización Nuevo Arco Iris de Colón, inaugurada hace cuatro meses, se hundió cuando las aguas buscaron su salida al mar por debajo de las casas. Arturo Alvarado, director del Sinaproc, en unas extrañas declaraciones dijo que ‘no se puede especular que las casas no están bien construidas. De no ser así, hubiera habido vidas que lamentar’. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, respondió señalando que hay que estudiar cómo se están haciendo estas barriadas.

En La Chorrera, una urbanización que tenía cuatro años de existir fue inundada por las aguas del río Caimito cuando la barrera construida este año para proteger otro proyecto de vivienda, desvió las aguas hacia la primera comunidad. Igual ocurrió a nivel de las carreteras que unen La Chorrera (desde el oeste) y la ciudad de Colón (desde el norte) con la ciudad de Panamá que fueron interrumpidas por las crecidas de los ríos.

Obviamente la solución es construir viviendas, urbanizaciones y carreteras en forma planificada teniendo en cuenta los cursos de los ríos. Además, no confundir tragedias naturales con aquellas provocadas por la mala planificación social y urbana de los gobiernos y sus especuladores asociados. El presidente Martinelli, en forma irresponsable, declaró inmediatamente que utilizará fondos del Canal de Panamá para cubrir los gastos que tendrán que realizar los afectados por la tragedia. Todos los proyectos deben tener seguros. Si no lo tienen el gobierno debe explicar porqué carecen del más mínimo resguardo. ¿Será porque al construir las urbanizaciones los especuladores y los gobiernos saben de antemano que son de alto riesgo por las fallas inherentes a su diseño?

El presidente Martinelli insinuó que las inundaciones podrían obligar al gobierno a utilizar créditos extraordinarios que aumentarían el presupuesto del gobierno. El incremento significaría tener que aumentar el déficit fiscal y endeudar aún más al país. A pesar de la magnitud de la tragedia, Martinelli no llamó a las unidades militares del SENAFRONT para contribuir con las tareas de rescate y limpieza que afectó un área que se extiende del océano Pacífico al Atlántico.

Como un "caldo de cultivo listo para el desastre" catalogó la directora de la Fundación Panamá Sostenible, Raisa Banfield, la situación de Panamá. Según la activista ambiental y arquitecta, no se pueden evitar que las lluvias sean intensas, pero sí se puede mitigar sus efectos. Agregó que se deben cumplir con los planes de ordenamiento territorial ambiental. En el caso de los ríos Aguacate, Caimito y Trapichito en el sector oeste de la provincia de Panamá, las inundaciones afectaron un total de 650 viviendas. Mientras tanto, en los alrededores de la ciudad de Colón fueron afectadas otras 400 viviendas, aproximadamente.

La intensidad de las lluvias, normales en esta época del año, obligó a la Autoridad del Canal de Panamá a abrir las compuertas de las represas en Alajuela y Gatún para dejar pasar las aguas del río Chagres hacia el Caribe. En muchos casos, la construcción de barriadas se hace en zonas bajas, orillando los ríos, donde los inversionistas pueden especular con los bajos costos y los precios altos. Esta práctica ilegal es promovida por empresarios inescrupulosos, financieras (bancos) ávidas de ganancias y gobiernos corruptos.

Panamá, 29 de noviembre de 2012.

La identidad panameña y el proyecto de Nación

En lo que llamamos “el mes de la Patria” – noviembre – surgió un movimiento por el fortalecimiento de la identidad panameña. No faltaron quienes se sintieron atraídos por la proclama de quienes “haciendo un llamado desesperado, un grito de alerta” – como diría Ana Elena Porras – convocaron a los panameños a sumarse a una lucha por rescatar el país.

El movimiento que reúne a una gran cantidad de personas, está preocupado por el despilfarro que experimenta actualmente el país. Es un despilfarro que va de lo económico a lo social, pasando por lo cultural. Señala que Panamá “atraviesa por un proceso de transformaciones, generado en buena medida por la incorporación del Canal a nuestra economía interna... que conduce a nuevos negocios y operaciones vinculados a las comunicaciones interoceánicas... al mercado mundial”. Sin embargo, no se percibe un avance, no progresamos como país “Estas transformaciones pueden producir un país mucho más próspero y equitativo, si corregimos a tiempo el rumbo de nuestras políticas económicas y sociales hacia objetivos de inclusión social y sostenibilidad”. 

Quienes se preocupan por la identidad panameña, hacen especial énfasis en las luchas nacionales de los panameños durante el siglo XX destinadas a recuperar la soberanía secuestrada por EEUU a principios del siglo pasado. Consideran que en la actualidad los panameños corremos un verdadero peligro. “El riesgo de dejarnos arrebatar los frutos de la lucha patriótica contra el enclave colonial, que son el resultado de muchas generaciones de panameños y panameñas, es advertencia oportuna que hacemos, a juzgar por la desnacionalización del país que observamos en el presente”.
La proclama denuncia que “se ha reducido nuestra educación a una pura dimensión instructiva, para formar empleados más dóciles y eso no nos hará más competitivos”. Expresa seria preocupación por el “menosprecio (de las autoridades por) el aprendizaje humanístico conducente a formar ciudadanos y ciudadanas con capacidad analítica, pensamiento crítico y creativo, honestos y con cultura de paz”. Además, la proclama expresa “indignación, porque nuestras autoridades persisten en restarle importancia a la memoria histórica y a la identidad nacional, generadoras de autoestima, cohesión social y personalidad individual”. Igualmente, siente un “dolor frente a las medidas económicas que profundizan la desigualdad educativa y toda esperanza de que existe un sistema de igualdad de oportunidades”.
La proclama denuncia el nuevo estilo de corrupción que se ha apoderado de los gobernantes panameños. Han convertido los símbolos patrios en mercancía que pueden generar ganancias por millones de dólares sin reproche alguno. Destacan las “inútiles inversiones que remilitarizan el país, sin disminuir la violencia... Construcciones insostenibles energética y ambientalmente... Propaganda gubernamental que pretende hacer olvidar prioridades como la construcción de escuelas suficientes y bien equipadas”. Se olvidan de la “educación integral y de calidad, en horarios completos, que forme ciudadanos que defiendan la ética y la democracia... La formación de científicos y profesionales, que impulse la construcción de un país sostenible económica, social y ambientalmente”. 
En una conferencia de prensa la profesora universitaria, Ana Elena Porras, fue enfática al decirle “a esos políticos que traicionan a sus electores y a nuestro pueblo que no queremos limosnas, ni su circo, sino que reclamamos nuestros derechos y exigimos justicia”. A nombre del Movimiento, también le recordó a quienes se llaman autoridades políticas que los panameños “no somos maleantes, estúpidos ni ignorantes”. De manera valiente levantó la bandera de lucha y proclamó que “éste es el día en que nace la resistencia nacional, en defensa de nuestra memoria e identidad nacional”.

El Movimiento tiene muy claro que Panamá es un país con una historia rica en expresiones culturales, políticas y luchas nacionalistas. Igualmente, destaca la coyuntura favorable que presenta, actualmente, la realidad mundial para que Panamá aproveche su privilegiada posición geográfica y saque provecho del enorme potencial marítimo que posee. La proclama del Movimiento se quedó corto en un aspecto: ¿Cuál es el proyecto de Nación?

Cuando hablamos de Patria, estamos aludiendo a nuestro pasado, al legado de nuestros padres. Al referirnos a los enormes negocios asociados a nuestra posición geográfica hablamos del presente: Altas tasas de crecimiento económico y ampliación del producto interno bruto. ¿Cómo se combinan estos factores para entregarle a las futuras generaciones los elementos para que puedan construir esa Nación que todos anhelamos?

Sin duda, se requiere en forma urgente un plan de desarrollo nacional. Plan que han rechazado los gobiernos liberales y neoliberales desde la década de 1990. En el caso del gobierno del presidente Martinelli, han confundido una estrategia de inversiones  quinquenal con un plan de desarrollo.

La Nación no puede reducirse a un negocio, tal como denuncian los miembros del Movimiento por el fortalecimiento de la identidad panameña. El proyecto de Nación que todos debemos construir es una ciudadanía educada, participativa y creativa, que descansa sobre una base económica donde todos están empleados en actividades productivas. El proyecto de Nación es el conjunto de familias, organizadas en comunidades, que cuentan con una distribución equitativa de las riquezas del país. El proyecto de Nación es un territorio que es defendido y protegido por su ciudadanía organizada políticamente sin estar sometido a fuerzas militares extranjeras. 

Panamá, 22 de noviembre de 2012.

La red bancaria en Centroamérica y Panamá

En una conferencia reciente celebrada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en México, planteamos que la región centroamericana está experimentando transformaciones radicales. Situamos el análisis del Istmo en el contexto de la crisis mundial. La crisis, a diferencia de lo mucho que se ha escrito, presenta nuevas oportunidades que deben aprovecharse. Los cambios a nivel mundial deben ser asumidos con cierta audacia.

En el último cuarto de siglo XX, la región fue testigo de cómo la correlación de fuerzas en la región se transformó con el triunfo de la Revolución sandinista y la victoria del FMLN. Asimismo, cómo Panamá obligó a EEUU a levantar sus estacas coloniales, evacuar sus bases militares y ceder la administración del Canal de Panamá.

La región centroamericana se encuentra en una posición geográfica muy particular. Se encuentra en la frontera donde se detuvo el avance geopolítico de EEUU a principios del siglo XX. A pesar de que han pasado 100 años, la correlación de fuerzas no se ha estabilizado creando constantes enfrentamientos, inestabilidad política y conflictos sociales. Tanto la economía “primarizada”, con su monoproducción exportadora, como la estructura industrial,  basada en la sustitución de importaciones, y su diversidad de clases sociales, estaban atravesadas por una abierta presencia norteamericana.

Los 6 países centroamericanos han emergido en el nuevo siglo con economías financierizadas (aunque dependientes). La burguesía industrial y la clase terrateniente han perdido su hegemonía, el mensaje revolucionario de la clase obrera y los campesinos han perdido parte de su energía y las capas medias se han marchitado. En cambio, las luchas centenarias de los pueblos indígenas por la defensa de sus tierras y comunidades han adquirido un nuevo perfil.

El sector bancario y financiero han crecido a tasas excepcionalmente altas mientras que los sectores productivos como la agricultura y la industria se han estancado y entrado en recesión. Ha aparecido una nueva burguesía financiera hegemónica que controla los gobiernos e intenta apoderarse de las instancias ideológicas (educación, comunicación, religiosas e, incluso, de entretenimiento).

Para romper la vieja hegemonía de la alianza agro exportadora – industrial, la fracción financiera ha pactado con sectores progresistas en todos los países de la región. En algunos casos con éxito, en otros con retrocesos. Los más salientes son los casos de Nicaragua y El Salvador, donde gobiernan partidos frentistas. También se destacaron, en su momento, los casos de Honduras (con el Partido Liberal progresista de Zelaya) y en Panamá (con el caso del PRD, antiguo brazo político de los militares nacionalistas). El golpe de Estado contra Zelaya puso fin temporal a la experiencia en Honduras. La alianza del PRD con el sector financiero entró en crisis con Martinelli.

En el pacto fueron incluidos en forma subordinada los trabajadores y campesinos, cuya fuerza ha disminuido cuantitativa y cualitativamente. Las capas medias, importantes para legitimar la nueva correlación de fuerzas, constituyen el talón de Aquiles al no poder consolidar su posición en el nuevo pacto.

 A diferencia de hace pocas décadas, la fracción financiera de las burguesías centroamericanas están tratando de consolidar una red regional a través de bancos y otras instituciones financieras que tienden a buscar oportunidades para entrelazarse y hacer negocios transnacionales. Al mismo tiempo, se ha notado una disminución de la participación de la banca norteamericana.

Se está produciendo una “integración” desde arriba que no necesita pactos intergubernamentales o de la intervención de políticos profesionales. El proceso de integración no requiere plazos para la negociación y menos la intervención de otras fracciones de la burguesía (agrícola o industrial) y menos de los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas o capas medias.

A pesar de todo, la nueva clase hegemónica necesita el aparato del Estado para imponer sus condiciones y disciplinar cualquier disenso sea de las otras fracciones de la clase burguesa o de las clases subordinadas. A su vez, “la guerra contra las drogas” implica una fuerte militarización de los países de la región que favorece los intereses de EEUU. En cada país, el presupuesto militar supera el 20 por ciento de los presupuestos nacionales. El papel estratégico de la banca norteamericana en el lavado de dinero, producto de transacciones consideradas ilícitas, está cambiando rapidamente.

El control del Estado es fundamental para subordinar a la población y, especialmente, a los sectores organizados de los trabajadores. Hay áreas en que todos los gobiernos de la región coinciden. Estos son el control de los sindicatos obreros, de las asociaciones de trabajadores, de las cooperativas y de los estudiantes. La política dirigida a la desindustrialización ha aminorado el crecimiento de las organizaciones obreras. En el marco de este debilitamiento cuantitativo de la clase obrera, los gobiernos han redoblado sus políticas de flexibilización y desregulación. Mientras que las áreas productivas se han estancado y están en recesión, crecen las inversiones en los aparatos represivos (militar y de la policía).

El intercambio comercial entre los países de la región ha disminuido, no hay inversión en infraestructura que promueva el comercio regional, tampoco hay políticas sociales que busquen sacar ventaja de las sinergias regionales: Salud, educación, seguridad social, entre otros.

15 de noviembre de 2012.