jueves, 29 de marzo de 2012

“El país está en guerra”

“El país está en guerra”, fue lo que le gritó el agente de la Fuerza del Orden a un ex policía jubilado que, por casualidad, también era ngobe y protestaba contra la desposesión de las tierras ancestrales de su pueblo en San Félix, a principios de febrero pasado. A mediados de marzo, otro miembro de la Policía amenazaba a dos mujeres en La Chorrera diciéndoles que no le habían “enseñado a escuchar, sino a matar”.
Estas dos experiencias - y otros incidentes similares - están dando claros indicios de una creciente militarización de la llamada Policía Nacional panameña. La insubordinación reciente de un grupo de oficiales de la Policía frente al ministro de Seguridad Pública es otra señal. Más aún, es más preocupante cuando el presidente de la República avala lo actuado por la Policía y el ministro se retracta de sus declaraciones originales.
Los oficiales de la Policía panameña, así como los agentes, están siendo entrenados para tratar a la población como enemigos potenciales del Estado. Muchos de los oficiales, incluso, no tienen entrenamiento como policías y salen directamente de academias militares. Los policías, a su vez, son reciclados en academias norteamericanas, israelíes y colombianas para aprender tácticas represivas y de control militar.
En el libro que publicamos en 1990, La democracia en Panamá, planteábamos que el país no tendría un régimen político democrático si no se cumplían con, por lo menos, dos condiciones fundamentales: En primer lugar, las instituciones armadas del país – como eran la Guardia Nacional (1953-1983) y después las Fuerzas de Defensa (1983-1989) – no podían estar al servicio de una potencia extranjera (es decir, EEUU). Segundo, que era necesario distinguir claramente entre una policía al servicio de la comunidad y un ejército entrenado para rechazar y reprimir al enemigo.
Después de la invasión, EEUU se apoderó de la Policía Nacional y la convirtió en una herramienta en su política exterior hacia Panamá. Muchas de las funciones de adiestramiento se las delegó a las Fuerzas de Defensa de Israel. Con motivo de su campaña contra el “terrorismo” a escala mundial, EEUU comenzó a entrenar a la Policía panameña para cumplir con funciones militares combinadas con actividades de seguridad interna. En 2008, durante los ejercicios militares Panamax, en torno al Canal de Panamá, el Comando Sur de EEUU creó la consigna de que la policía panameña estaba en una guerra contra una supuesta “insurrección campesina e indígena” que ponía en peligro la estabilidad del país.
La presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) introdujo elementos de confusión en las funciones de la Policía Nacional. ¿Evolucionaba para convertirse en Ejército o continuaría siendo un híbrido (“ni chicha ni limonada”)? Desde que el presidente Ricardo Martinelli asumió la primera magistratura, la militarización de la policía ha avanzado de manera más acelerada. Pero en vez de crear un Ejército para resguardar las fronteras o controlar nuestro espacio aéreo o aguas territoriales, se ha creado un aparato militarizado para controlar todos los aspectos relacionados con la vida política del país.
Las comunidades, las ciudades, las carreteras y las zonas rurales son objeto de un permanente resguardo militar. El policía confunde al ciudadano con un peligroso enemigo del Estado. A su vez, el soldado sigue órdenes en el campo de batalla frente a un enemigo formado por amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores. La confusión está conduciendo al país a una situación de caos.
Actualmente, no es un secreto que EEUU controla los aparatos de seguridad del Estado panameño. El 31 de diciembre de 1999 evacuó sus tropas del país y cerró todas sus bases militares. Sin embargo, no abandonó sus puestos en los aparatos de seguridad del gobierno panameño. Además, hay cierta confusión en el Consejo de Seguridad Nacional en la medida en que los policías y soldados panameños no saben si las directrices de los aparatos de seguridad del Pentágono son más potentes que los provenientes del Departamento de Estado. Tampoco saben muy bien si las líneas de acción política que emanan de la CIA y de la DEA neutralizan los objetivos de los anteriores.
Es fundamental que los gobernantes desenreden los papeles que le corresponden jugar a policías y soldados en la estructura política del país. Esa misma confusión – creada por la política exterior de EEUU hacia Panamá -  llevó al coronel Remón Cantera a la Presidencia en 1952, siguió con el golpe militar de 1968 y la invasión militar norteamericana en 1989. Todo indica que las debilidades de la clase política, de la incapacidad de los sectores medios y populares para poner orden y la voracidad conocida de EEUU, nos están llevando por el mismo camino ya recorrido en la segunda mitad del siglo XX. EEUU podría beneficiarse, los especuladores siempre pescan mejor en río revuelto y los soldados quizás se reparten algunas prebendas. Cuando los policías declaran que “el país está en guerra”, o que “policía juzga policía” o que luchan contra una “insurrección campesina e indígena” es igual a un río que suena, porque piedras trae. De un enfrentamiento de este tipo sólo el país y el pueblo panameño serán los perdedores.
Panamá, 29 de marzo de 2012.    

jueves, 22 de marzo de 2012

Acuerdos a medias y sin claridad

El ¨diálogo” entre el gobierno  panameño y los líderes de la Comarca Ngobe Buglé culminó, según las partes, en un acuerdo a medias, sin claridad y con un grado de compromiso casi inexistente. Mientras que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli se levantó de la mesa anunciando que los proyectos hidroeléctricos en la comarca continuarían, los indígenas aseguraban que el acuerdo limita el poder del gobierno para aprobar cualquier iniciativa en esa dirección. La ambigüedad sólo augura pesados nubarrones cargados de malos presagios para el futuro inmediato.
Los medios de comunicación no informaron cuales fueron los acuerdos. El gobierno se limitó a decir que presentaría nuevamente el conflictivo artículo 5 del proyecto de ley a la Asamblea. La delegación ngobe buglé, encabezada por la cacique Carrera, informó a sus bases y anunció que vigilaría los debates en la cámara de los diputados.
¿En qué consisten los acuerdos? El Bloque Popular Universitario – grupo político estudiantil – resumió los 7 puntos acordados por los ngobe buglé, el Ejecutivo y avalado por la Iglesia católica y la oficina regional de la ONU con sede en Panamá:
1.“Se acordó cancelar todas las concesiones y solicitudes de concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales (mineras) vigentes a la fecha en la comarca y áreas anexas”. Este punto, en realidad, no estaba en la mesa de negociaciones. Incluso, el gobierno nacional anunció su intención, independiente de cualquier demanda de los pueblos indígenas, de poner fin a la ley de CODEMIN, empresa estatal dueña de la concesión de Cerro Colorado. La extracción de cobre de esa mina puede producir un total de US$250 mil millones de dólares de ganancias en un período de 70 años. Con esta modificación, se crean las condiciones para la privatización de esa mina cuprífera.
2. “Se estableció que las solicitudes futuras de concesiones deberán contar con la aprobación de los congresos locales, regionales y comarcales y ser sometidas a referendo en las circunscripciones afectadas”. Este punto está establecido en la ley que creó la comarca ngobe buglé en 1997. El pliego original de los indígenas planteaba que no habría solicitudes de tipo alguno en el futuro. Los ngobe buglé exigían que se cumpliera con la ley, al igual que en Guna Yala, donde sólo hay propiedad colectiva sin concesiones.
3) “Se estipuló que, de aprobarse alguna concesión de acuerdo a los criterios anteriores, deberá establecer un beneficio mínimo del 5 por ciento de la facturación anual como resarcimiento para la comunidad... (Además,) por lo menos el 25 por ciento de la fuerza de trabajo debe contratarse en el área”. Los propietarios colectivos de la tierra y su riqueza sólo recibirían el 5 por ciento del producto de la facturación. Con la experiencia adquirida en el último siglo y medio de negociaciones en el mundo entero, esta concesión y sus supuestos beneficios son inadmisibles. Es indigna, además, la oferta concerniente al 25 por ciento de la fuerza de trabajo no calificada. Incluso, Omar Torrijos cuando negoció la explotación de la mina Cerro Colorado con los empresarios canadienses en 1975 (hace más de 35 años) exigió más del 50 por ciento de los ingresos y, además, la formación de los profesionales (ingenieros, economistas, geólogos y otros) panameños que trabajarían en la explotación de la mina.
4) “Se convino crear un fondo especial para el desarrollo de la comarca. Los beneficios serán administrado a través de un patronato por dos representantes del Congreso General, dos por el Congreso Tradicional y uno del Consejo de Coordinación”. El gobierno nacional no esconde su carta debajo de la manga, sabiendo que pueden manipular este “fondo especial” para su propio beneficio.
5) “En caso de aprobarse algún proyecto minero o hidroeléctrico, serán indemnizadas las familias afectadas”. Esto está en toda ley y en ningún momento era parte de la negociación.
6) “Respecto al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en ejecución en este momento, se nombra una comisión compuesta por los mismos sectores que integraron la mesa de diálogo para revisar el estudio de impacto ambiental, pero la obra no se detendrá, salvo al momento de hacerse la inspección. Si hubiera controversia sobre ese proyecto, se nombrará una comisión independiente para realizar un peritaje”. Sin duda, este era el punto más álgido de la negociación y la que le costó la vida a dos jóvenes trabajadores indígenas quienes protestaban por la insistencia del gobierno de que el proyecto Barro Blanco ‘va porque va’. La consigna era que no se aceptaba la hidroeléctrica porque causaría daños irreparables al pueblo ngobe buglé. Según este acuerdo, todo indica que el gobierno quiere imponer su criterio. El pueblo ngobe buglé no lo quiere e, independientemente, de la firma de un papel en la mesa del “diálogo” todo indica que seguirá resistiendo, cueste lo que cueste.
7) “Se acordó el diseño de un Plan de Desarrollo Integral para todos los pueblos originarios de Panamá”. Este séptimo y último supuesto acuerdo está en todas las leyes que crean comarcas en Panamá. Es letra muerta ya que los gobiernos de turno no tienen interés en ejecutar planes de desarrollo integrales en parte alguna de la República.
Panamá, 22 de marzo de 2012.

jueves, 15 de marzo de 2012

Una crisis de gabinete y algo más

La renuncia frustrada del ministro de Seguridad Pública, J. Raúl Mulino, fue el producto de un conjunto de factores que, sin duda, están ligados a las declaraciones irrespetuosas del ahora ex director de la  Policía Nacional, Gustavo Pérez de la Ossa. Las exigencias del pueblo ngobe buglé en el “diálogo” de Clayton forman parte de la trama. Igualmente, el fracaso de la “guerra contra la droga” de EEUU afecta los operativos de las instancias cada vez más militarizadas de seguridad panameñas (Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Marítimo Aéreo). La inexistencia de enemigos reales tiende a arrastrar a los países de la región a zonas ingobernables. La visita de Joe Biden, vicepresidente de EEUU, a Honduras,  donde se congregaron los presidentes de la región centroamericana para escuchar las últimas líneas de Washington. También hay que analizar la reciente pasada relámpago de 12 horas por Panamá de la ministra de Seguridad Interna de EEUU, Janet Napolitano. Firmó muchos acuerdos, pero no se dio a conocer el propósito de sus reuniones con el presidente Ricardo Martinelli y su equipo.
El primer mandatario panameño se encuentra en una encrucijada que parece impedirle salir golpeando como boxeador por primera vez desde que llegó a la Presidencia en 2009. El choque entre Mulino y Pérez no sólo tiene implicaciones nacionales. En el tinglado también están en juego los intereses de las distintas instancias de seguridad de EEUU, Israel y otros países. El general Noriega, recluido en El Renacer, podría ayudar a los analistas a entender ese mundo de agencias norteamericanas que están luchando por sus respectivos espacios.
Mulino dio el primer golpe al lograr que el Gabinete de Martinelli aprobara su propuesta de que los agentes en las tres instancias de seguridad armadas de Panamá rindieran cuentas. No esperaba, sin embargo, el contragolpe tardío de Pérez quien convenció al presidente de que esa iniciativa debilitaba sus aspiraciones políticas en el futuro inmediato. En apariencia el asunto fue manejado de manera tan torpe que al final el propio Pérez perdió su puesto y lo relegaron al Consejo de Seguridad.
Hay quienes especulan que la maniobra fue estudiada para permitirle a Pérez llegar al Consejo de Seguridad donde supervisaría a las tres instancias militarizadas: Policía Nacional, SENAFRONT y SENAN. Un aspecto interesante de este proceso, que está lejos de culminar, fue la represión del pueblo indígena ngobe en San Félix en febrero de 2012. Los operativos de la Policía y de SENAFRONT no fueron coordinados de manera que pudieran neutralizar las protestas indígenas.
Los mandatarios que se han sucedido en el poder en Panamá desde la invasión militar norteamericana en 1989, han planteado que su objetivo principal es crear una plataforma nacional favorable a la realización de negocios. Cada uno sacó su plan improvisado y se dedicó a buscar mecanismos para favorecerse y repartir prebendas entre sus allegados. En el caso de Martinelli, no creyó necesario presentar un plan y se ha dedicado a crear proyectos de inversión y buscar fórmulas para nuevos negocios.
Los militares panameños, que estaban en el poder antes de la invasión, no se oponían a los negocios pero privilegiaban su visión de país bajo un paraguas compartido con el Pentágono. Perdieron la lucha interna en EEUU cuando la Casa Blanca se alineó con los estrategas del Departamento de Estado quienes maniobraron mejor que el Pentágono y, al mismo tiempo, neutralizaron las ambiciones de la DEA y de la CIA. La campaña mediática y diplomática de dos años contra Noriega, orquestada por el Departamento de Estado, culminó con la invasión, legitimada por una opinión pública norteamericana ablandada.
Martinelli utilizó la fuerza para reprimir las protestas del pueblo ngobe – en Changuinola en 2010 y San Félix en 2012 – movilizando policías antimotines y tropas fronterizas. Ambas decisiones tuvieron un costo político demasiado alto para quien busca la reelección (a pesar de la prohibición constitucional). EEUU se percató que el gobierno panameño no controla la situación política y no cuenta con un consenso nacional. EEUU ha arrinconado al presidente Martinelli y ha puesto a una oposición financiada por otro sector de los rentistas panameños, aún fraccionada y debilitada, a socavar la legitimidad del actual gobierno.
La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, manifestó en un programa de televisión que la designación de Pérez como jefe del Consejo de Seguridad fue una premiación por parte de Martinelli. Fue concedida, agregó,  “ante la insubordinación que cometió el director de la Policía Nacional contra Mulino”. La abogada agregó que este movimiento en “ajedrez se conoce como un enroque. Un movimiento que hacen para acomodar al rey”.
La llave de salvación de Martinelli puede estar en el diálogo con el pueblo ngobe. Los indígenas luchan por el futuro de su estilo de vida, incluso de su propia sobre-vivencia cultural. Para el gobierno, en cambio, la lucha tiene propósito y fecha: la reelección en mayo de 2014. Martinelli necesita encontrar un aliado en esta coyuntura, no puede descuidar sus flancos: Las protestas populares, el rechazo de la “sociedad civil” y los intereses de EEUU pueden combinarse para que tenga que enfrentar algo más que una crisis de gabinete.
Panamá, 15 de marzo de 2012.

miércoles, 7 de marzo de 2012

Ana, María, Carla y Neir, heroínas ngobe

Los pueblos del mundo hacen un alto hoy para reconocer las luchas de las mujeres para hacer valer sus derechos humanos, sus derechos políticos y sus derechos como trabajadoras. La historia humana nos presenta una mujer combativa pero subordinada en sociedades machistas. Es la historia de los dominantes, escrita por los hombres.
A pesar de ello, las mujeres campesinas, esclavas y obreras siempre han ocupado posiciones de vanguardia en las luchas de los pueblos. Además, han librado batallas importantes en la consecución de sus derechos como personas. En los últimos 200 años, las mujeres obreras ocuparon posiciones destacadas en la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo. Así mismo encabezaron las luchas por el reconocimiento de la familia e, igualmente, por el sufragio. En el plano internacional, las mujeres trabajadoras celebraron su primera reunión en 1907 cuando organizaron la primera Conferencia Internacional de las mujeres socialistas con la participación de 58 delegadas de 14 países. La reunión comprometió a varios partidos progresistas a apoyar la lucha por el voto femenino. La resolución fue elaborada por tres mujeres que dejaron su huella histórica: Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Alexandra Kollontai.
En el caso de Panamá, muchas mujeres se colocan en la vanguardia de las luchas de los partidos políticos, asociaciones cívicas y gremios profesionales. Mujeres de la talla de la abogada Clara González, de la educadora Sara Sotillo y de la dirigente obrera Marta Matamorros, junto a muchas otras, sembraron una semilla que florece más fuerte con cada nueva generación.
No quiere decir que las mujeres pueden descansar. Al contrario su lucha continúa y, a veces, pareciera que se hace más dura. El ejemplo actual de las batallas del pueblo ngobe y buglé es un claro ejemplo. El movimiento, que es reprimido violentamente por el gobierno nacional, es dirigido con sabiduría y mucha habilidad por la cacique Silvia Carrera.
En el marco de los acuerdos de reprimir a los pueblos indígenas panameños, el gobierno desató durante tres años seguidos (2010 a 2012) ataques a los ngobe buglés derramando mucha sangre, causando 5 muertes y más heridos. El gobierno tiene como premisa desde 2007 – cuando se adoptó en los ejercicios militares Panamax en el área del Canal de Panamá, encabezados por EEUU – que los indígenas son potencialmente subversivos y supuestamente ponen en peligro la seguridad del hemisferio.
Según un informe recién publicado por la Comisión de Observación, que cita artículos de prensa de La Estrella de Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional utilizó tácticas militares para reprimir a los indígenas y, muy especialmente, a las mujeres. El informe recoge cuatro testimonios de mujeres indígenas que fueron violentadas por agentes del SENAFRONT y de la Policía bajo el pretexto de que las madres de familia ngobe eran agentes subversivas. Es la táctica que aprenden en sus clases dirigidas por especialistas norteamericanos (¿con experiencia en Guantánamo?) Ana, María, Carla y Neir son heroínas panameñas y ngobe en las luchas de las mujeres en cualquier parte del mundo.
Según el testimonio de Ana, quien fue herida por un disparo de perdigón y llevada detenida a un bus, “me pusieron en el último asiento y comenzaron a subirme la ropa y a tocarme mis partes íntimas. Unos me tocaban y el resto se reía... Después quedaron sólo dos conmigo y los dos sacaron su cosa y querían metérmela en la boca”.
El testimonio de María señala que “unas unidades de Senafront me arrastraron hacia un bus mientras me gritaban ‘¡Chola hija de puta, sabes tirar piedra ahora sí vas a tirar piedra!’ Llegamos a un aeropuerto y ahí estaba la guardia de darienitas quienes nos decían que ‘ las vamos a coger por delante y atrás, vas a ver que vas a sentir un poquito de ardor’. Nos llevaron al cuartel de David. Nos revisaron, nos quitaron la ropa y nos pegaban. Estuvimos de pie por más de 48 horas, si nos sentábamos nos pegaban. Tengo la barriga toda inflamada. Estuve casi dos días sin dormir”.
Según Carla, “me agarraron en el cruce de Las Lajas con San Félix, me amarraron las manos, me pegaron y me tiraron gases lacrimógenos en la cara. Me metieron en un bus y nos decían: ‘Las vamos a violar, vamos a hacer lo que nosotros queramos’. Nos cacheteaban, nos pegaban con el tolete... no nos dejaban ir al baño solas, nos acompañaba una policía mujer y un hombre que a mí me subió la ropa y me tocó las partes”.
Neir estaba en compañía de sus dos hijas cuando la agarraron los agentes de la Policía en el baño de un restaurant donde trató de esconderse. “En eso vino un fronterizo y nos montó en un bus que nos llevó al aeropuerto de Las Lajas. Nos dejaron de rodillas bajo el sol desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde. Éramos nueve mujeres. En todo ese tiempo nunca nos dieron comida ni agua. Cuando estábamos en el aeropuerto decían que yo era terrorista y que estaba transportando droga y bala. Esto por supuesto era falso”.
Así como estas cuatro, todas las mujeres ngobe que luchan son hoy heroínas.

Panamá, 8 de marzo de 2012.