Otro golpe de Estado en América latina

El golpe de Estado ejecutado por la derecha terrateniente del Paraguay contra el presidente Lugo dejó las mismas huellas que el derrocamiento en 2009 del presidente Zelaya en Honduras. Por un lado, el rastro de sendas oligarquías que gobernaron a través de dictaduras militares por gran parte del siglo XX. Por el otro, las heridas de la intromisión abierta por parte de EEUU que llevó de la mano a los militares criollos para que respaldaran las acciones de una oligarquía golpista. Incluso, la trama norteamericana fue realizada en alianza con los partidos liberales tradicionales de ambos países. Una coincidencia que refleja la frágil constitución política de los dos países.

En Paraguay la oligarquía terrateniente trabaja en estrecha relación con el gran capital agrario brasileño que experimenta uno de sus auges económicos más espectaculares de su historia. Incluso, uno de las causas por las cuales fue procesado en forma sumaria el presidente Lugo fue por las protestas de los campesinos que están siendo despojados de sus tierras por capitalistas agrarios brasileños que operan en Paraguay. En Honduras, pasó algo similar.

En ambos casos, EEUU colaboró en el golpe y en el apoyo de las maniobras diplomáticas posteriores al golpe. De manera aún más rápida que en Honduras, en el caso de Paraguay, los gobiernos latinoamericanos rechazaron la arremetida de EEUU. De una vez, los latinoamericanos convocaron las instancias políticas de la región como UNASUR, CELAC y el MERCOSUR. Gobiernos de derecha como México, Chile y Panamá (, incluso, ¡Honduras!) condenaron el golpe. La mayoría retiró sus embajadores de Asunción, capital paraguaya, encabezados por los países del ALBA.

Paraguay y Honduras se diferencian radicalmente de los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador que también fueron objeto de golpes planeados en EEUU. Los cinco países tenían en común que sus gobiernos progresistas no tenían raíces en organizaciones con largas trayectorias. Sin embargo, los tres últimos movilizaron con rapidez el apoyo popular que les permitió dar el contra-golpe en el momento necesario.

Según Jean-Guy Allard, en 2010 Wikileaks ya señalaba como EEUU y el vice-presidente Franco conspiraban para derrocar a Lugo. Según un informe de la Embajada (de EEUU) en Asunción mencionaba el interés de algunos políticos en acortar el gobierno de Lugo. "Persisten los rumores de que el ex general golpista Lino Oviedo, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, y /o el vicepresidente Federico Franco, continúan buscando formas de reducir el plazo de Lugo", informaba el cable filtrado por WikiLeaks.

El mensaje secreto emitido por la Embajada y dirigido al Departamento de Estado, también hablaba de la existencia de "tiburones políticos" que rodean al presidente.

"Creemos que se encuentra bajo una gran presión", dice para luego abrir la posibilidad de que algunos podrían conseguir que renuncie o que enfrente un juicio político, indicaba. Esto "puede convertirse en una posibilidad cada vez mayor".

Según el Guardian, diario de Manchester, Inglaterra, los liberales con quienes Lugo se alió para presentar su candidatura, estaban “…molestos porque la mayoría de los miembros del gabinete era de izquierda. Según el mismo diario inglés, “la división política se había convertido en un serio problema ya que Lugo públicamente reconoció recientemente que él iba a apoyar a los candidatos izquierdistas en futuras elecciones”.

Según el diario, es obvio que los “crímenes verdaderos” del presidente Lugo tenían que ver con los sectores políticos con que se estaba aliando. Aún cuando Lugo se encontraba cercado por los partidos tradicionales, la derecha temía que podría levantar una alternativa electoral con los sectores progresistas en Paraguay. En el fondo, el análisis de la oligarquía implicaba que Lugo se sentía más comprometido con “las masas trabajadoras y pobres del país. Al igual que en otros países de la región, los pueblos escogen el socialismo como su forma de expresión política”.

En 1973 los golpistas chilenos montaron un espectáculo en el Congreso previo al bombardeo del Palacio presidencial y asesinato del presidente Allende. En 2009 los militares sacaron de Honduras en piyamas a Zelaya y después lo destituyeron en el Congreso. En Paraguay, EEUU y la oligarquía amarraron todos los cabos y fueron directamente al Congreso.

Según los diputados, los delitos de Lugo eran que le permitió a los partidos de izquierda reunirse en una base militar. Además, permitió a 3,000 campesinos sin tierra invadir una granja de soya, propiedad de una empresa brasileña. Los diputados también lo acusaron de no capturar a varios miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. Por último, fue condenado en un juicio sumario por firmar un protocolo internacional sin la aprobación del congreso.

Es probable que MERCOSUR, en su próxima reunión, suspenda a Paraguay hasta que restituya al presidente Lugo. Igualmente, UNASUR alejará a ese país de sus reuniones donde se definen las estrategias defensivas de la región (que no incluye a EEUU). A su vez, CELAC congelará la participación de la nueva dictadura paraguaya. La OEA, que fue portavoz de EEUU en la crisis hondureña, aún no se pronuncia en torno al golpe. El pueblo paraguayo sabrá cómo recuperar su democracia. Corresponde a los pueblos de la región solidarizarse con sus luchas.

Panamá, 28 de junio de 2012.

La crisis política se agudiza

Pocas veces en el pasado político panameño se presenció algo similar a lo producido el lunes 18 y martes 19 de junio. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli quedó totalmente aislado, con sus flancos políticos descubiertos y sin una base social sobre la cual descansar. El intento del mandatario de burlarse de los panameños con proyectos de ley concebidos exclusivamente para asegurar su reelección en 2014 no pudieron ser debatidos en la Asamblea de Diputados. Ante la movilización de un pueblo enardecido, tuvo que suspender las sesiones extraordinarias que formaban parte de su estrategia para lograr sus fines tácticos.

Todos los sectores afectados por el desgobierno de Martinelli salieron a protestar ante el exabrupto de querer inflar la Corte Suprema de Justicia con magistrados afines y de embolsarse el Fondo Fiduciario que tiene más de 2 mil millones de dólares en su cuenta. Martinelli se ganó el rechazo de todos los sectores populares y, además, logró romper con sus aliados naturales que forman parte de los grandes intereses económicos del país. No es casual que después de las manifestaciones populares, Martinelli hiciera un llamado a “la paz y a la reflexión”. Anunció que llevaría sus propuestas al foro creado en torno a la Concertación Nacional hace varios años para su amplia discusión.  

La Asamblea fue rodeada por un pueblo enojado pero sereno desde todos los puntos cardinales. Los estudiantes del Instituto Nacional (el “glorioso nido de águilas”) en perfecto orden llevaban la bandera nacional y carteles denunciando los atropellos del gobierno. Estos fueron apoyados por jóvenes universitarios y de otros planteles secundarios. Desde otra dirección aparecieron los obreros de la construcción flanqueados por otros sectores populares. También aparecieron varias columnas de los partidos de la oposición quienes habían pactado un frente de acción junto con importantes elementos de la antigua Cruzada Civilista y del Consejo de Trabajadores (CONATO). No se quedaron atrás representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos y pescadores, así como otras organizaciones populares.

Martinelli quedó aislado en la Presidencia observando como sus diputados eran arrinconados y neutralizados politicamente en la Asamblea. Apenas hace una semana sintió lo mismo en un escenario internacional cuando 192 delegaciones reunidas en la OIT (Ginebra) se levantaron y boicotearon su presencia en el salón de actos.

Varias organizaciones ya habían pedido la renuncia de Martinelli al conocerse las intenciones del gobierno de liquidar el 49 por ciento de las acciones de las empresas eléctricas y telefónica que fueron privatizadas en 1996. Según el Partido Alternativa Popular (PAP) la venta de las acciones le significarían enormes ganancias privadas a los actuales gobernantes. El dirigente popular y profesor universitario, Juan Jované, por su lado, exigió la renacionalización de las todas las empresas privatizadas. 

El PAP denunció que “la oligarquía recibió a principios de año la luz verde para construir hidroeléctricas subvencionados por el gobierno. Además, (el gobierno) le permite a las empresas mineras saquear las riquezas del país y despojar a las comunidades de sus tierras”. También señaló que “el equipo de Martinelli está preparando el proyecto de ley para privatizar la empresa minera estatal CODEMIN, dueña de la concesión sobre Cerro Colorado en la Comarca Ngobe-Buglé. El potencial de Cerro Colorado se calcula, actualmente, en 70 mil millones de dólares”. Esta suma es el potencial que puede generar la mina en un total de 30 años de explotación.

El PAP también planteó que urge poner en práctica “un plan para controlar en forma inmediata los precios de los bienes básicos de consumo de la población”. La política de inversiones del actual gobierno ha desatado una inflación no vista en el pasado que pone en peligro las economías de las familias panameñas. El PAP señaló que en vez de aumentar las tarifas eléctricas a partir del 1º de julio, deben reducirlas para que reflejen la realidad del país. Rechazó “la construcción de una Ciudad de la Salud para promover el turismo, mientras que las enfermedades erradicadas se vuelven a asomar para azotar a la población”. Con fondos del Seguro Social se pretende construir esa Ciudad a un costo superior a los 500 millones de dólares que endeudaría al país y favorecería a un pequeño grupo de especuladores. “En vez de mercantilizar a la Caja de Seguro Social hay que ponerla al servicio de sus dueños que son los trabajadores que cotizan”, concluyó el PAP.

El documento que circuló el PAP,  “condena a la oligarquía y a su ‘Corte Suprema de Justicia’ que recientemente desprotegió a la bahía de Panamá y sus humedales sólo para beneficiar a una docena de empresas urbanísticas con planes de destruir a la ciudad de Panamá”. Denunció, igualmente “la orgía - a vista y paciencia de todo el pueblo panameño – que realiza la Asamblea de los 71 Diputados que se reparten los recursos del país como si fuera un botín”.

La agenda de Martinelli, aunque el lo niega, es reelegirse en 2014. El rechazo ha sido contundente. No hay que olvidarse, sin embargo, que Martinelli aún controla la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y es comandante en jefe de la Fuerza Pública.

Panamá, 21 de junio de 2012.

Hay esperanza entre el despojo y los conflictos

La película que estamos presenciando en nuestras pantallas gigantes a escala mundial reproduce un viejo guión ya conocido por los amantes del cine del siglo XX. Los directores y las estrellas – los actores sociales - cambian pero las historias son las mismas.

1. Con relación a los indígenas y campesinos, en la actualidad, los conflictos entre los gobiernos y estas comunidades son el resultado del despojo de sus tierras codiciadas para la explotación minera, hidroeléctrica, turística o de otro tipo. La política de los gobiernos de la región, en esta etapa que yo llamaría “pos-neo-liberal”, es de despojo territorial. Para los inversionistas, la fuerza de trabajo indígena-campesina perdió su valor para producir excedentes (plus-valor). Como consecuencia, ahora privilegian el despojo mediante la especulación y explotación de sus tierras.

2. Los conflictos de alto perfil que caracterizan las luchas campesino-indígenas a principios del siglo XXI (en toda la región) ya no se deben a una política de deprimir el costo de su mano de obra ya de hecho muy barata. Esta última política caracterizó la segunda mitad del siglo XX en que la fuerza de trabajo “marginalizada” indígena y campesina “semi-proletarizada” era súper-explotada (es decir, pagada incluso por debajo de su costo de reproducción, como lo demostró Ruy Mauro Marini).

3. Con relación a los trabajadores, en general, hay que aclarar que el “despojo” aplicado durante el período neoliberal (1980-2005) significó arrancarle a los trabajadores asalariados – mediante la desregulación, flexibilización y privatización - sus ahorros depositados en las instituciones de seguridad social. Igualmente, poniendo fin a la estabilidad laboral, disminuyendo los servicios de salud y la educación. En Panamá esta política se oficializó después de la invasión militar norteamericana en 1989. El gobierno de Pérez Balladares (1994-1999) desarticuló las organizaciones laborales y acabó con las capas medias. Los gobiernos promovieron el “empleo informal” (en la actualidad, el 40 por ciento de los empleados trabajan sin contratos ni seguridad social) y deprimieron los salarios por debajo del costo de la canasta básica, con horarios flexibles ajustables a las necesidades del empleador quienes ignoran las leyes y el derecho laboral.

4. El despojo pos-neo-liberal tiene carácter territorial y se alinea con la llamada “reprimarización” de las economías de la región. Es decir, la re-conversión de las economías en exportadoras agro-mineras para satisfacer las crecientes demandas del cambiante mercado mundial, especialmente del apetito industrial de China. Las demandas de las materias primas han favorecido a muchos países de América latina y sus balanzas comerciales. En el caso de Panamá, como ejemplos de estos despojos territoriales tenemos a Petaquilla y, en una espera nerviosa, a Cerro Colorado. También se destacan Cerro Quema (Los Santos) y Santa Rosa (Veraguas).

5. El oro que se extrae de Petaquilla tiene un precio en el mercado mundial que supera holgadamente los US$1500 la onza. La empresa canadiense dueña de la concesión calcula sus ventas anuales en mil millones de dólares. En el caso del cobre, que tiene un precio que oscila cerca de los US$800 la tonelada, los inversionistas canadienses y coreanos (en combinación con sus agentes gubernamentales nacionales) anuncian la próxima explotación de esa veta en Petaquilla. A su vez, estos mismos grupos están a la espera que se venda CODEMIN, empresa estatal dueña de los derechos de explotación de los ricos yacimientos cupríferos de Cerro Colorado.

6. Las políticas neoliberales colapsaron a escala global en 2008 al estallar la crisis financiera. Aún los países llamados “centrales” no se recuperan. EEUU inyecta los dineros de los demás países que capta mediante su política de endeudamiento (le debe a China cerca de US$ 900 mil millones) en sus bancos en bancarrota. Europa entró en una fase de recesión que obliga a sus 27 países miembros a montar una opereta de falsetes y engaños que pronto se desplomará en una debacle financiera.

7. Panamá ha sobrevivido los estragos económicos que golpean las economías del “centro” sobre la base de un crecimiento financiero artificial generado por la inyección de 5 mil millones de dólares en la ampliación del Canal, la expansión portuaria en ambos extremos de la vía acuática y las operaciones especulativas de su centro bancario. La prosperidad futura no está en manos del país. Depende del crecimiento de la demanda de materias primas de los países asiáticos, especialmente de China y de las exportaciones de este país a EEUU, que éste paga con deuda.

8. La parte final del guión está redactándose. Hay dos alternativas: Primero, en la medida en que se apliquen políticas de desarrollo nacional – mediante un plan cuidadosamente concebido – se puede aprovechar el crecimiento pasajero del sector no productivo de la economía y asegurar que los restos del modelo neoliberal (ya parte de la historia) tengan un aterrizaje suave, que le permita al país invertir en el sector productivo. Segundo, si no hay un plan, el modelo neoliberal se estrellará y entraremos en una fase recesiva de la economía (es decir, crecimiento negativo). No tendremos producción agropecuaria ni industrial. Además, el Canal no generará lo suficiente para arrastrar el resto de la economía, los puertos reducirán drásticamente sus actividades y la especulación bancaria perderá su capacidad de alimentar el espiral consumista de los sectores acomodados del país.

14 de junio de 2012.

Los estudiantes y la crisis universitaria

Era un viernes y la semana llegaba a su fin en la Universidad de Panamá. Varios grupos estudiantiles tenían varias semanas de estar analizando la situación nacional que se deterioraba con el paso de cada día. Los estudiantes compartían las preocupaciones del pueblo panameño en torno a los escándalos de corrupción que remecían al gobierno y, además, los anuncios de mega-proyectos que endeudaban a las futuras generaciones. Lo que más incertidumbre crea en los sectores populares es el encarecimiento constante de la “canasta básica”. Los precios de los bienes fundamentales se alejan cada vez más del presupuesto de la familia panameña. 

Los estudiantes decidieron salir a la calle a manifestar su protesta – en solidaridad con el pueblo panameño – contra el alto costo de la vida provocada por las políticas gubernamentales. Desde principios de la década de 1940 – hace 70 años – los estudiantes repudian las medidas antipopulares de quienes ostentan el poder político levantando su voz para que todos la escuchen.

Los gobiernos de turno no han titubeado con amenazar el cierre de la casa de estudios. Así ocurrió en 1947 cuando los estudiante encabezaron el rechazo al acuerdo Filós-Hines que convertía a la República en una base militar norteamericana. En la década de 1950 durante las operaciones “Soberanía” que sembraba banderas en la desparecida Zona del Canal. La década de 1960 fue un constante enfrentamiento entre los jóvenes estudiantes y los políticos que sólo tenían intereses mercantiles en la mente. El golpe militar de 1968 fue rechazado por los estudiantes, causando el cierre por un año de la Universidad.

Durante el gobierno militar – 1968 a 1989 – no pasaba un solo día en que los estudiantes repudiaban mediante sus escritos y acciones la falta de democracia y los manejos turbios. En el período más álgido, entre 1971 y 1977, condujo los destinos de la Universidad el rector Rómulo Escobar Betancourt, quien logró establecer un método de convivencia entre los tres estamentos universitarios: profesores, estudiantes y administrativos. El acuerdo, con sus quebrantos, se ha mantenido hasta la fecha.

Incidentes graves han puesto en peligro la relación entre Universidad y gobierno, pero han sido resueltos a través de negociaciones que reflejan las condiciones cambiantes del país y de la Universidad. En muchas ocasiones las clases han sido suspendidas, para luego reiniciarse.

Quizás el capítulo más traumático que ha vivido la Universidad – al igual que el país – fue la invasión norteamericana a fines de 1989. La casa de estudios se preparó para lo peor: un cierre definitivo o una intervención militar extranjera. Sin embargo, los estamentos de aquella época se unieron y enfrentaron el reto con valentía. Incluso, el campus universitario “Octavio Méndez Pereira” vio los tanques norteamericanos, acompañados por soldados de infantería, penetrar sus predios para después retirarse.

El viernes, 26 de mayo de 2012, salieron los estudiantes a protestar y, como siempre, fueron reprimidos por la policía antidisturbios. Los enfrentamientos causaron daños materiales sustanciosos, como suele ocurrir cuando la Policía arremete contra quienes protestan. Habría que cuantificarlas y exigirle a las autoridades que repongan los costos de los daños ocasionados.

El Consejo Académico se reunió y rapidamente acogió una propuesta para cerrar el “campus” hasta que los ánimos se caldearan. Los miembros del Consejo ya están acostumbrados a estos cierres de 24 horas. Sin embargo, el cierre se prolongó por más de una semana. Entre medio, el Consejo Académico sancionó a seis estudiantes por su supuesta participación en el enfrentamiento con la policía antidisturbios. Esta decisión provocó otra protesta que fue contaminada por el ataque injustificado a un funcionario de la Universidad que filmaba a los estudiantes.

Las autoridades antes de reiniciar las clases le pidieron a todas las Facultades que realizaran asambleas con sus profesores para que deliberaran sobre los acontecimientos. Por unanimidad todas pidieron que se abrieran las aulas y que se normalizaran las clases. Se pidió también que se hiciera una investigación prolija de los incidentes ocurridos tanto el viernes, 25 de mayo, como cuando fuera atacado el funcionario universitario.

Los estudiantes, a su vez, no se quedaron mudos. Entre los comunicados se destaca uno que denunciaba “que la paralización de clases y el bloqueo del ‘campus’ obedece al interés de cercenar cualquier forma de crítica en contra de la dictadura de Ricardo Martinelli, mientras se aprueba el Fondo Soberano y se masacran los manglares de la ciudad de Panamá mediante leyes insensatas”.

Hay que recordar que la Universidad es una institución con una vida orgánica muy rica y variada. Mientras forma nuevos profesionales que reciben sus licencias para ejercer sus especialidades, también está realizando investigaciones y proyecta una labor de extensión en todo el país. Según el sociólogo argentino, Juan Carlos Portantiero, la universidad tiene tres competencias a partir de las grandes reformas del siglo XX: “La formación de los líderes políticos, el debate ideológico y la promoción del cambio social”.

La Universidad de Panamá ha cumplido con su responsabilidad y los estudiantes con los suyos, a pesar de enfrentarse muchas veces con situaciones desfavorables, producto de nuestra realidad nacional. A la institución fundada en 1935 sólo le queda seguir avanzando con la meta de consolidarse como  conciencia crítica de la Nación.

Panamá, 7 de junio de 2012.