América latina en el laberinto de los cambios

Esta contribución es una continuación del artículo que leyeron la semana pasada. La lógica del escrito sigue la pauta del anterior. Sin embargo, puede leerse en forma independiente. En la actual coyuntura panameña, es importante saber qué está pasando en la región latinoamericana. Desde un principio, se sostuvo que el presidente Ricardo Martinelli está corriendo contra reloj y se le acabaron sus recursos ideológicos (que le proporcionaban aliados coyunturales en países como México y Chile). Si en Panamá la base social de Martinelli se corroe rápidamente, en el exterior es descalificado como un gobernante “autoritario”, siguiendo el epíteto con el cual lo bautizara el Departamento de Estado.

Cuando se hablan de los cambios en América latina, prefiero referirme a “un giro popular” y no tanto al más conocido “giro a la izquierda”, cuando hablamos de los cambios políticos experimentados en la región durante los últimos tres lustros. Para Miriam Lang, “tener gobiernos con alta legitimidad popular no significa que el Estado haya cambiado su razón colonial”. Lang se pregunta ¿qué tipo de transformacio­nes serían deseables y posibles? ¿Es en el interior del Estado que se pueden real­mente impulsar estas transformaciones? ¿Los Estados mineros, rentistas y extractivistas pueden ser instrumentos o actores de un proceso de cambio? La misma pregunta es pertinente aplicarla a Panamá: ¿puede un Estado rentista que vive de los tributos que recibe de su posición geográfica convertirse en promotor de cambios?

Los cambios globales expresados por la desindustrialización (declinación de la tasa de ganancia), el surgimiento de un nuevo motor industrial que impulsa el desarrollo capitalista mundial (China) y los procesos de acumulación por desposesión en todos los países de la región, han dado lugar a cambios en la correlación de fuerzas en América latina. En Sur América han surgido gobiernos que levantan banderas de relativa autonomía frente a la potencia norteamericana en declinación. Unos con discursos radicales, otros con perfiles más moderados. En la parte más al norte de la región, del Gran Caribe, el espacio de maniobra ha sido reducido por las presiones de Washington y gobiernos con matices conservadores.

En el sur se habla de un “giro a la izquierda” para denominar este movimiento de mayor autonomía. Sin embargo, si se visualiza el conjunto se puede hablar de un giro popular que incluye actores o clases sociales de los más variados sectores de un extremo al otro de la región. En muchos países, el giro es controlado e, incluso, guiado por partidos o movimientos que se proclaman de izquierda y que tienen raíces en los movimientos revolucionarios del siglo XX. En otros, son amplias coaliciones sociales que sirven de base a los nuevos gobiernos que no han abandonado sus políticas económicas. En algunos países el giro popular es reprimido con violencia inusitada. Este último es el caso particular de países como México, Honduras y Colombia, para nombrar sólo tres ejemplos.

La intervención de EEUU en estos casos es abierta y publicitada. Se realiza bajo el manto de la “guerra contra las drogas”. La oposición popular es calificada de “narcoterrorista” con el propósito de deslegitimar sus movimientos frente a los sectores más moderados.

¿Qué tipo de transformacio­nes serían deseables y posibles? ¿Es en el interior del Estado que se pueden real­mente impulsar estas transformaciones? ¿Los Estados mineros, rentistas y extractivistas pueden ser efectivamente instrumentos o actores de un proceso de cambio? Munck nos advierte que la crisis de hegemonía (a partir de la década de 1970) plantea la capacidad de dominación que tiene una clase social aún cuando pierde su capacidad de liderazgo.

A diferencia de otras coyunturas, las contradicciones que introduce el neoliberalismo se hacen explícitas. En palabras de Gramsci, “las masas se separan de las ideologías dominantes”. Los movimientos contra-hegemónicos se combinan (pero no necesariamente se unen) con las revoluciones pasivas (“giros a la izquierda”) para anunciar potenciales giros populares hacia la aparición de nuevas correlaciones de fuerza, nuevas sociedades y un nuevo Estado.

La cuestión campesina sigue vigente en toda la región. El problema indígena ha retornado con más fuerza en Mesoamérica, la región andina y la Amazonía, con muestras de resistencia en Panamá, Argentina y Chile. A su vez, la negritud se ha convertido en bandera de los pueblos del Caribe así como el noreste brasileño y las grandes ciudades del sur de la emergente potencia.

Los sectores más oprimidos – indígenas y campesinos – responden a una  convocatoria que incluye, en gran parte, las reivindicaciones puntuales (tierra, agua y dignidad). Sin embargo, estos grupos pueden unirse a las voces de otros sectores y clases sociales para ser parte o, incluso, encabezar un movimiento que resuelva la actual crisis de hegemonía.

La solución puede ser pacífica como las satanizadas por EEUU en Venezuela o Ecuador. También puede tener su cuota de violencia. Como siempre, son las clases sociales subordinadas, reprimidas y explotadas las que se sublevan. ¿Cuál o cuáles tienen un proyecto para dirigir esa insurrección y unificar las muchas partes que luchan por sus reivindicaciones? No hay que descartar cualquier posibilidad en un mundo turbulento y menos aún en América latina que pasa por un proceso de cambios radicales a inicios del siglo XXI.

Panamá, 26 de abril de 2012.

 

Los cambios en América latina

La región latinoamericana está experimentando cambios profundos. En parte, esas transformaciones se reflejan en cumbres presidenciales, como la celebrada hace pocos días. También se observan en los titulares de los diarios que destacan los conflictos. Los pueblos latinoamericanos están comenzando a sentir directamente las transformaciones a nivel de la vida cotidiana.

Los cambios en América latina tienen un eje económico (la nueva relación agro-minera exportadora con China) y otro político (los “giros a la izquierda” o las “revoluciones pasivas” como las llamaría Gramsci). La llamada crisis o colapso del mundo que conocemos, nos permite ver algo de lo nuevo que se asoma pero en medio de una resistencia violenta de lo viejo que no quiere despedirse del escenario.

En un encuentro sobre la “otra” América latina celebrado en Lima, Perú, me invitaron a analizar la coyuntura que caracteriza el inicio del siglo XXI. Aprovechamos la ocasión para destacar 7 aspectos íntimamente imbricados que nos permiten tener una visión más acertada del proceso que envuelve a la región como una totalidad. En primer lugar, hay que estudiar con mucho cuidado la disminución de la producción industrial de las últimas décadas que generaba enormes ganancias capitalistas. El colapso de esas ganancias condujo, en segundo lugar, a un proceso de des-industrialización en la región. La desaparición de los complejos industriales nacionales tuvo un fuerte impacto sobre la relación obrero patronal que, a su vez, creó condiciones políticas que permitieron la flexibilización del trabajo (políticas neoliberales). Marcó un movimiento inverso al experimentado en la región durante el cuarto de siglo anterior (1950-1975).

La des-industrialización generó fuertes pérdidas económicas en países claves y el empobrecimiento generalizado de los trabajadores. La emergencia de China Popular como potencia industrial creó una demanda  de materias primas que sirvió de tabla de salvación virtual de muchos países que se convirtieron en exportadores agro-mineros. El fenómeno ha contrarrestado la debacle económica que se pronosticaba a principios de siglo.

Esta tendencia agro-minera exportadora dio inicio, en cuarto lugar, a una agudización de los conflictos por la posesión de las tierras con potencial minero, hidroeléctrico y turístico creando fuertes contradicciones sociales entre el gran capital nacional e internacional que imponen políticas para desposeer a miles de comunidades campesinas e indígenas de la región. Las movilizaciones sociales del campo y de las comunidades indígenas en defensa de sus tierras – en los últimos 20 años - han opacado, en parte, las protestas obreras que dominaron gran parte del siglo XX.

Al mismo tiempo, la potencia en declinación – EEUU – disminuyó su presencia industrial / financiera, pero mantuvo e, incluso, aumentó su nivel de penetración militar, al igual que sus actividades especulativas y control del tráfico de ilícitos (como las drogas). En la actualidad, en quinto lugar,  para contrarrestar esta declinación, EEUU tiene bases militares o algún tipo de presencia armada en todos los países de la región, con pocas excepciones. La política armamentista de EEUU en la región desestabiliza al conjunto de los países y crea condiciones políticas insoportables para los eslabones más débiles como Haití y Honduras.

A su vez, en sexto lugar, las inversiones especulativas de EEUU en la región han crecido con los tratados de libre comercio (a pesar del fracaso de ALCA). Estos pactos desestabilizan las estructuras económicas, debilitando los sectores agropecuarios e industriales.

En séptimo lugar, y relacionado con el mundo de los negocios no productivos, a lo largo de las últimas décadas, EEUU ha redoblado la extracción ilegal de drogas provenientes de América latina. El negocio, que está creando un caos en todo el hemisferio, generó la llamada “guerra de las drogas” promovida por EEUU, desintegrando las estructuras sociales de muchos países del Gran Caribe. A su vez, promueve instancias político-militares y consolida un mundo dominado por el crimen organizado encadenado a nivel internacional con eslabones en cada país, que combinan instancias gubernamentales y no-gubernamentales.

Respondiendo a estos retos internos y externos, América latina está promoviendo organizaciones que proclaman la unidad regional como el ALBA, el UNASUR y el CELAC, así como el MERCOSUR. La unidad regional que, en gran parte, es impulsada por Brasil, es vista con sospecha por EEUU que apoya organizaciones más tradicionales como la OEA y promueve el nuevo Eje del Pacífico con países cuyos gobiernos son más conservadores.

En la cumbre de Cartagena de Indias, los gobiernos latinoamericanos por primera vez no lograron ponerse de acuerdo con EEUU para aprobar una declaración final. Las diferencias pesaban mucho más que las áreas de interés común. De manera abierta los países de la región le pidieron a EEUU que revisara su política anquilosada frente a la Revolución cubana. Igualmente, le pidieron que se solidarizara con Argentina frente a su conflicto con Gran Bretaña en torno a las islas Malvinas. También le dijeron que abandonara su fracasada “guerra contra las drogas” y pusiera orden en su propia casa.

¿Cuáles son la opciones abiertas a los pueblos latinoamericanos frente a este panorama complicado? ¿Quiénes son los actores sociales? Sin duda, los gobernantes lo discutieron en las reuniones reservadas y no concurridas por la prensa. En la próxima entrega le presentaremos esas opciones.

Panamá, 19 de abril de 2012.

Puerto Rico y el presidente Martinelli

El aeropuerto de Tocumen, de la ciudad de Panamá, se ha convertido en uno de los terminales más concurridos en América latina, por los servicios de trasbordo que ofrece. Lo que no se sabía es que continua siendo un centro de operaciones de las agencias de seguridad norteamericanas. En la actualidad, el gobierno panameño anunció que se está invirtiendo cerca de 400 millones de dólares en remodelaciones y ampliaciones del terminal. Es probable que los agentes de Washington se beneficien.

EEUU alega que su misión militar en la región latinoamericana se concreta a la vigilancia, detección y represión del tráfico de ilícitos, especialmente la droga con destino a ese país. Sin embargo, Tocumen también sirve, aparentemente, para filtrar a los viajeros que no cuadran con la ideología dominante de los norteamericanos. A fines de marzo fueron detenidos en el aeropuerto figuras políticas que tuvieron una destacada participación en un Congreso del Partido del Trabajo (PT) en la ciudad de México. El PT proclamó en esa reunión a su candidato a presidente, Andrés M. López Obrador, crítico de la política exterior de EEUU.

En este caso particular, viajó al Congreso en México el dirigente del Partido Nacionalista (PN) de Puerto Rico, Francisco Torres (un ciudadano con pasaporte norteamericano), haciendo escala en el terminal aéreo de Tocumen. A su regreso, “fue interceptado por la policía panameña y separado del resto de sus compañeros”. Para sorpresa de sus acompañantes, Torres fue presentado a dos individuos que se identificaron como “agentes federales” de EEUU. Después de un careo, en el cual se les preguntó (a los agentes) con que autoridad actuaban en un “país libre y soberano, Torres fue liberado”.
El asunto no terminó allí, “posteriormente a su llegada a Puerto Rico, Torres fue detenido por las autoridades de inmigración de EEUU y sometido a un interrogatorio por más de dos horas”. Igual suerte tuvo la secretaria del PN, Linda Lebrón.  

Lo más lamentable de este incidente fue la denuncia de los políticos puertorriqueños quienes no ahorraron epítetos para calificar la actuación de la Policía panameña: “Denunciamos la colaboración y entrega del gobierno de la neo-colonia de Panamá que haciendo dejadez de su soberanía nacional presta su territorio para atacar a patriotas puertorriqueños”.
En otro comunicado, el PN agrega que “toda la documentación personal de Torres, incluyendo tarjetas de crédito, de banco, la de su seguro medico, licencias ,así como los documentos y tarjetas de presentación recibidas en el Seminario del PT fue copiada. Lo sucedido en Panamá es una clara violación a la soberanía panameña”.

En las décadas de 1950 y 1960 el flamante terminal de Tocumen era manejado directamente por agentes de las fuerzas armadas norteamericanas acantonadas en las bases militares que rodeaban el Canal de Panamá. Todos los vuelos eran monitoreados por agentes de las Fuerzas Armadas de EEUU. Los pasajeros eran vigilados por agencias combinadas de inteligencia – EEUU y Panamá – con el fin de detectar movimientos de políticos que no eran del gusto de la potencia del norte o de Panamá. Con la política del general Omar Torrijos de crear una frente internacional de apoyo a Panamá en torno a las negociaciones sobre el Canal de Panamá, se puso fin al uso de Tocumen como filtro de las agencias norteamericanas. Sin embargo, después de la invasión militar de EEUU a Panamá en 1989, Tocumen regresó a manos de las agencias de seguridad norteamericanas.

El colapso del bloque socialista en Europa, incluyendo a la Unión Soviética, supuso que ya EEUU no necesitaba controlar los movimientos de sus adversarios políticos en el aeropuerto de la ciudad de Panamá. Sin embargo, el incidente con el dirigente puertorriqueño demuestra lo contrario. La política de Washington está muy presente y su intervención en los aparatos de seguridad panameños están vigentes.

En el plano regional, EEUU acaba de vetar la discusión del bloqueo que mantiene sobre la isla de Cuba por más de 50 años en la próxima Cumbre de las Américas en Cartagena. Por otro lado, Washington logró eliminar de la agenda la cuestión de las islas Malvinas, colonia británica en el sur del Atlántico que reivindica Argentina. Además, Washington nunca ha permitido que se presente el caso de Puerto Rico en un foro de la OEA o a un debate transparente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Puerto Rico, a pesar de encontrarse bajo la dominación de EEUU por más de cien años, sigue luchando por su independencia. El movimiento, incluso, está cobrando fuerza en EEUU que reconoce la injusticia que se comete contra ese pueblo que cada amanecer ve una bandera extranjera izarse sobre su territorio.

Con lo ocurrido en Tocumen, el gobierno panameño parece estar entregando su soberanía y dignidad a la gran potencia del norte. A la vez, está apoyando el colonialismo norteamericano en Puerto Rico, rechazado por varias generaciones de panameños. En Panamá, el Partido Alternativa Popular (PAP), indignado por la detención del dirigente nacionalista puertorriqueño, le exigió – en un comunicado – al presidente Martinelli más respeto por la soberanía nacional y por los derechos inalienables del pueblo de Puerto Rico.

Panamá, 12 de abril de 2012.

 

Las dos caras del “Fondo Soberano”

Para muchos analistas neoliberales, liberales o simplemente pragmáticos, las políticas económicas del actual gobierno son contradictorias y conducen inevitablemente a un callejón sin salida. Los últimos pasos dados por el presidente Ricardo Martinelli auguran la venta de activos públicos que producen dividendos para las arcas fiscales del país: acciones de la empresa telefónica Cable &Wireless (C&W) y terrenos propiedad de la Zona Libre de Colón (ZLC) fundada a mediados del siglo pasado.

Para contradecir estas iniciativas, el gobierno anunció un proyecto de ley que crearía un Fondo Soberano donde serían depositados anualmente cerca de mil millones de dólares provenientes, en gran parte, de los excedentes producidos por el incremento espectacular de los ingresos de la operación del Canal de Panamá.

Por un lado, el presidente Martinelli dice que necesita dinero “fresco” para sus obras viales y, por el otro, admite que no puede invertir todos los ingresos de la vía acuática para lo cual tiene que crear una “cuenta de ahorros”.

Los analistas neoliberales, tanto del gobierno como de la oposición, no pueden hacer públicas sus opiniones sobre la iniciativa financiera. Algunos no la entienden y otros se alarman por el significado real de las pretensiones gubernamentales. Los políticos más pragmáticos han manifestado sus sospechas, señalando que la venta de las acciones de C&W y de las tierras de la ZLC tienen como destino los cofres electorales que regarán las campañas electorales con miras al 2014.

Los rectores de la política financiera panameña le han dado la espalda a los consejos de EEUU y de la CEPAL en cuanto a la forma en que deben manejar los recursos económicos del país. Hace poco la CEPAL congratuló a los gobernantes de la región señalando que "los actuales flujos de inversión ratifican el buen desempeño de las economías de América Latina y el Caribe, pese al escenario de turbulencias económicas” a escala mundial. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la institución regional de la ONU, agregó, sin embargo, que “en materia de inversiones extranjeras directas nuestro mensaje a los países ha sido que aprovechen estos ingresos con políticas de desarrollo productivo e innovación". En otras palabras, todos los países, incluyendo a Panamá, deben utilizar sus excedentes en impulsar las áreas productivas que le aseguran un crecimiento económico a largo plazo.

La CEPAL señala que “el aumento de los ingresos de las inversiones extranjeras directas se explica por la estabilidad y el dinamismo económico en la mayoría de los países y los altos precios de las materias primas, que continúan incentivando la inversión en la minería”. En el caso de Panamá, en la actualidad, los ingresos extraordinarios provienen de las operaciones del Canal de Panamá que en el último año tuvo ingresos que sumaron 2.3 mil millones de dólares.

Mientras que el resto del mundo ve con recelo el futuro económico, Panamá no define una política y menos un plan de desarrollo nacional. La agricultura ha sido arruinada por los tres últimos gobiernos y el proceso de des-industrialización se ha completado en su totalidad. 

La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcenas, enfatiza que “a pesar de las buenas perspectivas respecto de los ingresos económicos extranjeros, la crisis de deuda soberana en los países europeos, el dilema fiscal de EEUU y la volatilidad financiera global (crean) incertidumbre sobre el financiamiento de las empresas transnacionales y sus futuros planes de inversión”.

En otros países de la región también se han creado “Fondos Soberanos” con el fin de ahorrar parte de los enormes ingresos producto de sus exportaciones mineras y agrícolas a China. Las reglas de juego, sin embargo, son muy diferentes a las de Panamá. Los ahorros son destinados a proyectos nacionales que estimulan el desarrollo en áreas estratégicas de la economía (innovación agrícola e industrial) y de los sectores sociales como la educación, la ciencia y la salud.

En el caso de Panamá, el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, explicó que el Fondo Soberano tendría dos objetivos. Por un lado, mitigar los desastres causados por la falta de planificación. La ley del ministro de Lima los llama “desastres naturales”. Los ahorros panameños deben pagar por los desastres cometidos por la falta de planificación de los contratistas de gobierno.

Por el otro, el Fondo Soberano es un seguro que pagamos todos los panameños para salvar a los financistas y especuladores que hace varios años y en la actualidad están haciendo inversiones multi-millonarias en proyectos que seguramente quebrarán cuando se termine el “boom” económico de la ampliación del Canal y regresemos a las tasas deprimidas de crecimiento económico.

En los cinco años de gobierno del presidente Martinelli, se calcula que todos los panameños se endeudarán en 5 mil millones de dólares gracias a las políticas financieras del mandatario. La mitad de esa deuda la pagarán nuestros hijos y nietos castigando sus niveles de vida. Con el Fondo Soberano, la otra mitad será pagada a los especuladores con la cuenta de ahorros creado para ese fin. El actual gobierno le está asegurando a los especuladores que si la economía panameña colapsa a corto o mediano plazo su inversión será cubierta por el Fondo Soberano. 

Panamá, 5 de abril de 2012.