Esta contribución es una continuación del artículo que leyeron la semana pasada. La lógica del escrito sigue la pauta del anterior. Sin embargo, puede leerse en forma independiente. En la actual coyuntura panameña, es importante saber qué está pasando en la región latinoamericana. Desde un principio, se sostuvo que el presidente Ricardo Martinelli está corriendo contra reloj y se le acabaron sus recursos ideológicos (que le proporcionaban aliados coyunturales en países como México y Chile). Si en Panamá la base social de Martinelli se corroe rápidamente, en el exterior es descalificado como un gobernante “autoritario”, siguiendo el epíteto con el cual lo bautizara el Departamento de Estado.
Cuando se hablan de los cambios en América latina, prefiero referirme a “un giro popular” y no tanto al más conocido “giro a la izquierda”, cuando hablamos de los cambios políticos experimentados en la región durante los últimos tres lustros. Para Miriam Lang, “tener gobiernos con alta legitimidad popular no significa que el Estado haya cambiado su razón colonial”. Lang se pregunta ¿qué tipo de transformaciones serían deseables y posibles? ¿Es en el interior del Estado que se pueden realmente impulsar estas transformaciones? ¿Los Estados mineros, rentistas y extractivistas pueden ser instrumentos o actores de un proceso de cambio? La misma pregunta es pertinente aplicarla a Panamá: ¿puede un Estado rentista que vive de los tributos que recibe de su posición geográfica convertirse en promotor de cambios?
Los cambios globales expresados por la desindustrialización (declinación de la tasa de ganancia), el surgimiento de un nuevo motor industrial que impulsa el desarrollo capitalista mundial (China) y los procesos de acumulación por desposesión en todos los países de la región, han dado lugar a cambios en la correlación de fuerzas en América latina. En Sur América han surgido gobiernos que levantan banderas de relativa autonomía frente a la potencia norteamericana en declinación. Unos con discursos radicales, otros con perfiles más moderados. En la parte más al norte de la región, del Gran Caribe, el espacio de maniobra ha sido reducido por las presiones de Washington y gobiernos con matices conservadores.
En el sur se habla de un “giro a la izquierda” para denominar este movimiento de mayor autonomía. Sin embargo, si se visualiza el conjunto se puede hablar de un giro popular que incluye actores o clases sociales de los más variados sectores de un extremo al otro de la región. En muchos países, el giro es controlado e, incluso, guiado por partidos o movimientos que se proclaman de izquierda y que tienen raíces en los movimientos revolucionarios del siglo XX. En otros, son amplias coaliciones sociales que sirven de base a los nuevos gobiernos que no han abandonado sus políticas económicas. En algunos países el giro popular es reprimido con violencia inusitada. Este último es el caso particular de países como México, Honduras y Colombia, para nombrar sólo tres ejemplos.
La intervención de EEUU en estos casos es abierta y publicitada. Se realiza bajo el manto de la “guerra contra las drogas”. La oposición popular es calificada de “narcoterrorista” con el propósito de deslegitimar sus movimientos frente a los sectores más moderados.
¿Qué tipo de transformaciones serían deseables y posibles? ¿Es en el interior del Estado que se pueden realmente impulsar estas transformaciones? ¿Los Estados mineros, rentistas y extractivistas pueden ser efectivamente instrumentos o actores de un proceso de cambio? Munck nos advierte que la crisis de hegemonía (a partir de la década de 1970) plantea la capacidad de dominación que tiene una clase social aún cuando pierde su capacidad de liderazgo.
A diferencia de otras coyunturas, las contradicciones que introduce el neoliberalismo se hacen explícitas. En palabras de Gramsci, “las masas se separan de las ideologías dominantes”. Los movimientos contra-hegemónicos se combinan (pero no necesariamente se unen) con las revoluciones pasivas (“giros a la izquierda”) para anunciar potenciales giros populares hacia la aparición de nuevas correlaciones de fuerza, nuevas sociedades y un nuevo Estado.
La cuestión campesina sigue vigente en toda la región. El problema indígena ha retornado con más fuerza en Mesoamérica, la región andina y la Amazonía, con muestras de resistencia en Panamá, Argentina y Chile. A su vez, la negritud se ha convertido en bandera de los pueblos del Caribe así como el noreste brasileño y las grandes ciudades del sur de la emergente potencia.
Los sectores más oprimidos – indígenas y campesinos – responden a una convocatoria que incluye, en gran parte, las reivindicaciones puntuales (tierra, agua y dignidad). Sin embargo, estos grupos pueden unirse a las voces de otros sectores y clases sociales para ser parte o, incluso, encabezar un movimiento que resuelva la actual crisis de hegemonía.
La solución puede ser pacífica como las satanizadas por EEUU en Venezuela o Ecuador. También puede tener su cuota de violencia. Como siempre, son las clases sociales subordinadas, reprimidas y explotadas las que se sublevan. ¿Cuál o cuáles tienen un proyecto para dirigir esa insurrección y unificar las muchas partes que luchan por sus reivindicaciones? No hay que descartar cualquier posibilidad en un mundo turbulento y menos aún en América latina que pasa por un proceso de cambios radicales a inicios del siglo XXI.
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