“Este desarrollo me hace pobre”

En una breve cita, el sociólogo kuna, Juan Pérez A., resumió la esencia del diálogo entre gobierno nacional y pueblos ngobe y buglé en torno a la construcción de hidroeléctricas en la comarca del occidente panameño: “Este desarrollo me hace pobre”. Para algunos, la apropiación (robo) de tierras ajenas contribuye al “progreso” económico y al mal llamado crecimiento del producto interno bruto. Por lo tanto, si las leyes acaban con comunidades y desintegran familias es aceptable porque contribuye al “desarrollo”. Ese discurso gastado y mal concebido se sigue aplicando en Panamá. En el caso de la Comarca Ngobe-Buglé, se ha encontrado con el rechazo y la resistencia de los pueblos indígenas organizados y decididos a no ceder. 

En todo proceso de negociaciones tienen que existir ciertas bases que son respetadas por las distintas partes. Sobre todo, el mediador – si existe – tiene que tener en sus manos estos lineamientos para asegurar la claridad del proceso y el éxito de las negociaciones. En el caso del “diálogo”, desde un principio el mediador debió haber identificado las causas del conflicto y sentado las bases sobre las cuales se  “dialogaría”.

La falta de transparencia quizás fue un descuido por parte de la mediación. El gobierno, por su lado, no tenía interés alguno en llegar a un arreglo que beneficiara a todas las partes. En el caso de los ngobe-buglé, llegaron a la mesa creyendo – equivocadamente – que las reglas estaban claras.

Para comenzar, la causa del conflicto fue el desconocimiento por parte del gobierno nacional del acuerdo suscrito en febrero de 2011 por el cual se prohibiría la construcción de hidroeléctricas en la comarca Ngobe-Bugle y sus territorios adyacentes. Las protestas y los dos muertos (producto de la represión desmedida del gobierno) causados por la introducción del proyecto de ley gubernamental en la Asamblea de Diputados en enero de 2012, condujo a un nuevo acuerdo en San Lorenzo mediante el cual se llevó el diferendo a una mesa de diálogo en la Asamblea.

El “diálogo” se reduce, entonces, a un solo punto: ¿Está el gobierno nacional dispuesto a cumplir con la palabra comprometida en febrero de 2011 de no permitir la realización de proyectos hidroeléctricos en la Comarca? Veamos primero cuales son las bases sobre las cuales se debió desarrollar el diálogo, antes de revisar el papel que han tenido la parte mediadora y la posición de las partes.

¿Cuáles son las bases sobre la cuales debió proceder la mediación para buscar una solución al conflicto entre las partes? A nuestro entender, hay cuatro elementos esenciales que deben tenerse en cuenta para que las partes juzguen la validez de la palabra dada por el gobierno en febrero de 2011 .

Por un lado, la Constitución Política de la República. Dice casi textualmente que el gobierno respetará la propiedad colectiva de los pueblos indígenas dentro de sus comarcas.

En segundo lugar, las leyes de la República, especialmente las que tienen que ver con la figura de la Comarca. La ley que creó la Comarca Ngobe Buglé estipula que todo proyecto originado desde fuera debe ser objeto de consulta y aprobación por parte de las instancias representativas del pueblo indígena.

Tercero, los acuerdos entre el gobierno y los pueblos ngobe y buglé. En este caso habría que poner sobre la mesa los acuerdos de San Félix de febrero de 2011 donde el presidente Ricardo Martinelli dio su palabra de que no se realizarían proyectos en la Comarca.

Por último, cualquier otro aporte que la mediación considere pertinente y que es aceptada por las partes. El padre Lacunza, de la Iglesia católica, a nombre de la mediación considero oportuno – sin razón – plantear que los indígenas tenían que someterse a las necesidades del Estado panameño para que las negociaciones tuvieran éxito. Lacunza es un excelente teólogo pero no tiene formación en ciencias políticas y desconoce que el “diálogo” se produce a nivel de una instancia del Estado. El gobierno (Ejecutivo) y la Asamblea (Legislativo) son, según la Constitución, “órganos del Estado”. A su vez, los pueblos ngobe y buglé también son reconocidos por la Carta magna como entes políticos y deliberantes.

En la mesa de “diálogo” están las partes del Estado (según la definición de la Constitución) negociando a nombre de sus intereses. Obviamente, la negociación es asimétrica. El Ejecutivo (gobierno) tiene en sus manos todo el poder material (recursos financieros, militares, legales e, incluso, culturales) y no pretende ceder en sus intenciones. En cambio, los indígenas sólo tienen su voluntad y determinación de proteger su tierra, apoyado por su espíritu de lucha.

Debo señalar que me han hecho muchas observaciones y reclamos por los escritos que le hemos dedicado a este crucial tema del “diálogo”. Quiero destacar lo planteado por el ingeniero Oscar Sogandares, quien me corrige con relación a la identidad de los propietarios del proyecto para construir una hidroeléctrica en Barro Blanco sobre el río Tabasará (en la comarca Ngobe – Buglé). La empresa dueña de la concesión para construir una represa con capacidad para generar 28.8MW en Barro Blanco es hondureña y presidida por el empresario Luis Kafie. Este dato merece otro artículo aparte.

1º de marzo de 2012.

Intereses familiares en las hidroeléctricas

El “diálogo” en la Asamblea de Diputados entre representantes del gobierno y la delegación de la Coordinadora del pueblo indígena ngobe-buglé, ha sacado a luz los intereses de un sector empresarial interesado en explotar el negocio de las represas hidroeléctricas en Panamá. Muchas veces se confunden los intereses de los grupos empresariales con aquellos del pueblo panameño. Los gobiernos panameños – y el equipo que encabeza el presidente Ricardo Martinelli no es una excepción – tienen un discurso “desarrollista” relacionado con el progreso nacional. Sin embargo, casi siempre privilegian los intereses de quienes concentran el poder económico y, a la vez, están aferrados al poder político.

Por ejemplo, en una exploración iniciada por FRENADESO, salió a relucir cómo “el presidente de la Comisión de Comercio, de la Asamblea Nacional (de Diputados), Raúl Hernández López, defiende los intereses de los empresarios” vinculados a las represas generadoras de energía hidráulica. Pareciera existir un conflicto de intereses. El presidente de la Comisión representa los intereses del país (Asamblea Nacional) pero también los intereses privados de los promotores de las hidroeléctricas”.

Según FRENADESO, “Hernández también es director de la Empresa de Generación Eléctrica Bayano, S.A., que se le atribuye las inundaciones de Los Llanos de Chepo hace poco más de un año”. La empresa Bayano niega su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, “la Asamblea le extendió un crédito extraordinario de 25 millones de dólares para cubrir daños a las víctimas. El gesto fue muy bien recibido por la empresa norteamericana AES con propiedad en la hidroeléctrica. (AES también construye la hidroeléctrica Chan 75, en Bocas del Toro, que ha expulsado de sus tierras a grupos indígenas nasos y ngobe).

Los vínculos familiares en el caso de las hidráulicas reproducen una vieja costumbre en la política panameña. Algunos investigadores, en su momento, bautizaron al país con el nombre de la “república de los primos”. Hernández es socio, según la información de FRENADESO, “en varias empresas con John Moses Arias quien está casado con Mariela Martinelli. Un hijo de esta última pareja, John Moses Martinelli, está casado con una hija de Ricardo Quijano, actual ministro de Comercio e Industrias”. El ministro Quijano es miembro de la delegación gubernamental en las negociaciones con la Coordinadora Ngobe-Buglé.

FRENADESO también informó sobre los negocios de Gabriel Btesh y Felipe Virzi, socios en el proyecto hidráulico del río Tabasará, que recorre parte de la Comarca. También se les identifica como socios y amigos del presidente de la República. Virzi está directamente vinculado al Banco Universal, el cual opera desde 1994. El presidente de la junta directiva es su hermano José Virzi, la tesorera es su hija, Elvira Virzi, y su sobrino, José Virzi es director del Banco. El vicepresidente es Olmedo Kieswetter, hermano del hasta hace poco, ministro de Desarrollo Agropecuario. En 2007 se abrió investigación sobre presunto lavado de dinero al Banco Universal, en el que se involucró un banco de Costa Rica. Sin embargo, 6 meses después la Fiscalía de Drogas de Panamá cerró el caso. Virzi y Btesh quedaron en la mira pública cuando Segura Ventures Inc., quedó involucrada en el escándalo del traspaso gratis de un terreno millomario en Punta Paitilla.

Gabriel Btesh junto con Alberto Eskhenazy, Moisés Levy, Henry Misrachi y Ricardo Chanis, encabezaron la compra del influyente diario Panamá América En 2009, el presidente Martinelli nombró a Ricardo Chanis miembro principal de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. También la empresa que administra Chanis, Traffic Safety, adquirió el contrato para el diseño, suministro y operación de las nuevas cámaras de vigilancia del gobierno. Según FRENAESO, el colombiano Josue Levy Levy es otro de los beneficiados con las concesiones hidroeléctricas. “Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales proyectos hidroeléctricos en los rios Caldera, Chorcha y Gariché en la provincia de Chiriquí. Su abogada, Neslin Arce M., es la hija del diputado del PRD, Denis Arce, quien ha estado haciendo lobby en las discusiones sobre el tema minero y de hidroeléctricas, desde el primer día que iniciaron las conversaciones con las representaciones indígenas”.

FRENADESO también le siguió la pista a la Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A., que tiene los proyectos de Barro Blanco - dentro de la Comarca Gnobe Buglé - Las Cruces y San Bartolo. Se vinculan a la empresa Eduardo Jaén Limnio y Javier Daza Pretelt. Jaén Limnio fue designado por el presidente Martinelli como director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Está casado con Aracelly Maria Roy, hermana de Roberto Roy, actualmente director del proyecto del Metro. La Coordinadora le pidió una rendición de cuentas a esta empresa en el diálogo.

Javier Daza Pretelt es un colombiano al que la fiscalía de su país llamó a juicio por los delitos de “desplazamiento forzado en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado”, en el desalojo de la población de sus tierras en la provincia de Chocó.

En abril de 2010, poco después de la primera represión policiaca en San Félix, Jaén Limnio y Daza Pretelt anunciaron la construcción de la planta de San Bartola que realizaría la empresa española TSK a un costo de 35 millones de dólares.

23 de febrero de 2012.

El tesoro ngobe y el río Tabasará

El diálogo es una herramienta política que utilizan los que tienen el poder cuando no pueden imponerse por la fuerza. El diálogo también es un arma para imponerse al más débil mediante el engaño. El pueblo panameño conoce muy bien estas tácticas. En San Lorenzo, cuando la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngobe Buglé y Campesino aceptó ir al diálogo con los representantes del presidente Ricardo Martinelli, muchos pronosticaron una encerrona que daría al traste con las justas aspiraciones de los pueblos indígenas.

Un aire de esperanza surgió cuando se escucharon las palabras de la cacique general, Silvia Carrera, quien en forma muy clara señaló que el diálogo tendría como base única la prohibición de la explotación de los recursos hídricos y metálicos (cobre) en la comarca Ngobe-Buglé. Durante las negociciones celebradas en la Asamblea de Diputados, la delegación se mantuvo firme e insistió en que las actividades que destruían el ambiente – especialmente los cursos de agua – no podían realizarse en la comarca. El gobierno asumió – como era de esperarse – los intereses de los empresarios rentistas panameños quienes consideran que el agua y las riquezas naturales son mercancías que deben venderse al mejor postor. Igualmente, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados insistió en que el país se hundiría si le prohibían a los inversionistas acceso a los recursos hídricos.

Tanto gobierno como los diputados – quienes actuaron en mancuerna – no presentaron información técnica que justificara la entrega de la riqueza nacional. Los funcionarios que llegaron al Salón Azul de la Asamblea repitieron cifras ajenas al problema que se discutía. En momento alguno se refirieron a la demanda actual de energía hidraúlica y/o térmica, y los pronósticos para el futuro. Evitaron introducir al debate problemas de costos a corto y mediano plazos.

Los representantes indígenas no tuvieron que rechazar los planteamientos del gobierno o de sus especialistas. La posición de los ngobe y buglés siguió sólida: la construcción y explotación de las represas no justifica la destrucción de los pueblos ngobe y buglé. Los funcionarios de las entidades gubernamentales no pudieron demostrar lo contrario. Incluso, la Universidad de Panamá perdió una oportunidad dorada en esa coyuntura en la que pudo invitar a sus propios investigadores para que hiceran sus propuestas independientes.

A esta altura del diálogo, los asesores del presidente Martinelli cambiaron de táctica. Descubrieron que no convencerían a los delegados ngobes con más espejitos. Plantearon, por un lado, crear una subcomisión y dos sub-subcomisiones para dividir a los ngobe. La movida no dio los resultados esperados. Por el otro, el presidente Martinelli anunció que convocaría a un “referendum” que acabaría con el diálogo y llevaría la “guerra social” a otro nivel.

El referendum, según los asesores del primer mandatario, puede garantizar la victoria de los inversionistas. Otros presidentes en el pasado reciente han jugado esa carta y perdido. Sin embargo, el gobierno actual cree tener dos ases en la manga: Por un lado, han aprendido de las derrotas del pasado y, por el otro, tiene mucha más plata para gastar en una campaña desgastadora. Según los medios, la cacique Carrera calificó la propuesta del presidente como “irresponsable”

El ministro de Gobierno, Jorge R. Fábrega, dijo que el referendum obedece a que hay otros sectores (empresarios rentistas y trasnacionales del cobre) preocupados. Pareciera que el gobierno creía que la negociación con los ngobes consistiría en ponerle un precio a sus tierras. El ministro Fábrega también se olvidó la letra de la Constitución Política que dice, en el artículo 127, que “el Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas”. Según el abogado Miguel A. Bernal, “al defender la propiedad colectiva de la tierra, las poblaciones indígenas no solo están defendiendo un derecho adquirido, están haciendo respetar la Constitución”.

El economista Juan Jované, invitado por la Coordinadora, aseguró en el Diálogo que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la Secretaría de Energía omitieron pruebas y se utilizó un margen de error que es inaceptable. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los costos ecológicos. Nos preocupa, dijo Jované, que “están tomando decisiones y alarmando a la población con estudios sin calidad”. Agregó que "si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se necesita mucha energía".

Pero ¿no es el gobierno el que insiste en que no habrá explotación minera? La relación entre minería (Cerro Colorado) y energía hídrica puede explicar la concesión de 17 proyectos en la Comarca y sus alrededores desde julio de 2009. Todos los permisos que ha dado la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) bajo el mandato de Martinelli han sido en la provincia de Chiriquí. Sólo en el río Chiriquí Viejo, de 70 kms de longitud, funcionan ocho compañías hidroeléctricas. ¿Se pretende hacer lo mismo en el rio Tabasará, donde los empresarios Felipe Virzi y Gabriel Btesh tienen la concesión para la explotación hídrica? Cerro Colorado, con un potencial minero de 250 mil millones dólares, se levanta precisamente sobre el río Tabasará que se convertiría en el motor para explotar sus entrañas de cobre.

Jueves, 16 de febrero de 2012.

El brillo del cobre enceguece al gobierno

Por tercer año consecutivo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli reprimió al pueblo ngobe-buglé en su propia comarca situada en el extremo occidente de Panamá. En 2010 cobró 2 vidas de obreros en las bananeras de Changuinola, Bocas del Toro. El fin de semana pasado el gobierno asesinó en San Félix al trabajador ngobe, Jerónimo Rodríguez, hirió a 50 manifestantes y detuvo a cerca de 100 manifestantes.

El país fue sacudido desde el 31 de enero por una insurrección generalizada de los ngobe que protestaban contra un proyecto de ley en la Asamblea que permitiría la explotación minera e hidráulica en la Comarca. El rechazo de los desmanes del presidente y su equipo de gobierno se extendieron a casi todas las provincias del país. Los negocios han sufrido fuertes pérdidas y la imagen del país se ha deteriorado en el exterior. Las capas medias se sienten inseguras y hay incertidumbre. El pueblo – el 80 por ciento de la población – sospecha que si hoy son los ngobe, mañana las víctimas de la represión pueden ser sus propios hijos.

El acuerdo de San Lorenzo entre el gobierno y la dirigencia de la coordinadora ngobe buglé, alcanzado el 7 de febrero con la mediación de la Iglesia católica, puso fin a las protestas que sacudieron al país durante casi 10 días. Sin embargo, no eliminaron y tampoco mitigaron las causas del conflicto. Rogelio Montezuma, fiscal de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas, denunció que hay más de 200 desaparecidos. Sus familiares dicen que la lucha ngobe no ha terminado. “Ahora es que comienza” y seguirán vigilantes de que se cumpla lo acordado.

La insurrección ngobe buglé tiene una explicación muy obvia y transparente. En cambio, la agresividad tipo criminal del gobierno es menos obvia y con motivos que no son tan fáciles de identificar.

Los gnobes han planteado desde hace varias décadas que no quieren que se desarrollen explotaciones mineras en el área que en 1997 fue declarada una comarca con sus leyes y reglamentos propios. En febrero de 2011 ante una ofensiva gubernamental, los ngobe lograron arrancarle al gobierno un compromiso de que enviaría a la Asamblea una ley prohibiendo la explotación minera. Renegando su palabra, un año después el presidente Martinelli hizo que la Asamblea de Diputados aprobara en primer debate un proyecto de ley que le abriera las puertas a la explotación minera en la comarca. 

¿Por qué el presidente Martinelli está obstinado en reprimir al pueblo ngobe buglé?

Es una cuestión de negocios. El gobierno nacional no tiene proyecto nacional o interés por impulsar un programa de desarrollo para el país. En las entrañas de la comarca Ngobe Buglé está el yacimiento Cerro Colorado que contiene la reserva de mineral cuprífero más grande de América latina.

La mina que podría producir más de 25 mil millones de dólares en un período de 70 años es propiedad de la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa del Estado panameño. La misma está autorizada por ley para hacer concesiones a empresas privadas para explotar su riqueza mineral. Cuando la CODEMIN fue creada en la década de 1970, el general Omar Torrijos era jefe de gobierno, se pensó que serviría para contribuir al desarrollo del país. En aquella época, el gobierno militar se asoció con tres multinacionales -Texasgulf, Canadian Javelin y Rio Tinto-Zinc – antes de abandonar el proyecto cuando los precios en el mercado mundial se desplomaron.

En la actualidad, el precio del cobre fluctúa entre los 5 y 8 mil dólares la tonelada. Con ese precio, la inversión en Cerro Colorado se recuperaría rapidamente. Los planes para explotar Cerro Colorado pasan por una concesión internacional con la participación de la trasnacional canadiense, Inmet Mining Corporation, el gobierno coreano y capitalistas nacionales.

La desesperación del presidente Martinelli y su equipo de gobierno para culminar con éxito el negocio, ha creado en el país una situación que limita con el caos. Su ministro de Seguridad Pública ha acabado con todos los resguardos de la Constitución Política. Interrumpió la comunicación inalámbrica en el área sin orden judicial.  Allanó viviendas y detuvo a panameños que protestaban llevándolos a la ciudad de Panamá. El ministro de Seguridad admitió que los agentes de Policía portaban armas de fuego en los operativos contra los ngobe.

Según informes de los medios de comunicación, la Policía Nacional violó el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal de los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley y violó los principios básicos de protección de los menores de edad y limitó la libertad de prensa.

El Partido Alternativa Popular (PAP) anunció que acusaría al jefe de la Policía Nacional ante la Procuraduría General de la Nación por extralimitación de funciones. Igualmente, el PAP llevará una denuncia contra el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad.

A pesar de los engaños y los diálogos frustrados, el pueblo ngobe-buglé se ha mantenido firme en su posición de no permitir que las empresas cupríferas extranjeras en combinación con los rentistas panameños destruyan sus comunidades. El plan de las multinacionales es explotar Cerro Colorado utilizando tecnologías de cielo abierto, mucho más económicas, pero también insostenibles. La población ngobe tendría que abandonar sus tierras y migrar hacia las ciudades.

Aún no es claro quienes serían los socios panameños de los canadienses y del gobierno coreano en la empresa cuprífera de Cerro Colorado. Se supone que el presidente Martinelli estaría a la cabeza del grupo empresarial local. En la actualidad, la Inmet canadiense y el gobierno coreano están a punto de iniciar la extracción de cobre en la mina de Petaquilla, en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Según el economista panameño, William Hughes, “aún cuando el gobierno del presidente Martinelli dice no estar interesado en explotar Cerro Colorado, la empresa canadiense Corriente Resources hace trabajos en el sitio con conocimiento del gobierno”. Todo indica que los empleados de la minera canadiense en la Comarca Ngobe Buglá realizan su labor en forma ilegal. Sin embargo, son ignorados por las autoridades. Hughes agrega que “Corriente Resources fue adquirida por empresas estatales chinas, la Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y la China Railway Construction Corp. Ltd.”

Otra fuente de conflicto son las empresas que tienen proyectos de generación de energía hidráulica en la Comarca Ngobe-Buglé. Familiares de altos funcionarios del gobierno tienen intereses en estas empresas. Las represas que se construyen en la actualidad y las otras que aún están en la etapa de diseño, exportarán energía por la red mesoamericana hacia el mercado de EEUU.

Panamá, 9 de febrero de 2012.

Una alternativa nueva: PAP

El fin de semana pasado se reunió en asamblea el Partido Alternativa Popular (PAP). El encuentro aprobó un documento de trabajo, varias resoluciones sobre la coyuntura política actual y eligió una nueva directiva. Asistieron a la asamblea cerca de cien dirigentes obreros, estudiantiles, indígenas, y de organizaciones de mujeres y ambientalistas. Los medios de comunicación no le dieron importancia al evento.

Al mismo tiempo, en otro lugar, también se reunió el partido del gobierno que lanzó su campaña electoral que culminará en mayo de 2014. En esa reunión – que acaparó los titulares - no se plantearon los problemas del país ni se preocuparon por discutir los retos que enfrenta el pueblo panameño. Al contrario, los ministros del gabinete del presidente Martinelli plantearon la línea que seguirán para reelegir al actual mandatario en las próximas elecciones.

El PAP analizó las tareas inmediatas que deben realizar para continuar su lucha por alcanzar el poder político. En 2011 su proyecto de constituirse como partido reconocido por el Tribunal Electoral no prosperó. No alcanzó el número mínimo de firmas. Muchos partidarios se frustraron y se alejaron de las toldas del PAP. Sin embargo, los militantes más decididos continúan apoyando el proyecto bajo nuevas condiciones.

Según el documento aprobado por el PAP, la organización trabajará en dos direcciones que se complementan y definen una estrategia política de mediano plazo. Por un lado, luchará por constituir un frente popular de todos los sectores progresistas para enfrentar los retos que representa la convocatoria electoral de 2014. El PAP se movilizará junto a todas las fuerzas progresistas del país para romper el monopolio sobre el poder político que tiene la oligarquía tradicional panameña. Al mismo tiempo, la asamblea le dio preeminencia a las tareas correspondientes al fortalecimiento de la organización y estructura del partido. La red que ha construido el PAP a lo largo y ancho del país le servirá al pueblo para hacerse sentir en las luchas políticas y sociales que se avecinan. 

“Las opciones electorales son múltiples”, concluye el documento. “Desde la inscripción del partido, hasta la libre postulación y, en el peor de los casos, el tradicional voto nulo o en blanco. Aún es temprano para decidir al respecto. En cualquier caso, el partido sigue fiel a su propuesta unitaria y democrática abierta a todos los sectores populares y de capas medias mediante un programa de transformaciones sociales, económicas y políticas”.

Entre las resoluciones aprobadas por la Asamblea se destacan, por un lado, la concerniente a la coyuntura política y, por el otro, a la situación económica. A la Asamblea le preocupó el creciente abuso del poder por parte del gobierno de Martinelli. También planteó que es fundamental luchar por una Asamblea Constituyente originaria que refleje una correlación de fuerzas favorable a los intereses de las mayorías que conforman el pueblo panameño. Así mismo, exigió que las reformas electorales acaben con el monopolio político que tienen los sectores que concentran el poder económico en el país. En lo más coyuntural, demandó que la Asamblea de Diputados lleve las reformas electorales al hemiciclo lo más pronto posible, que baje el proyecto de la quinta Sala a primer debate e inicie una amplia consulta.

La asamblea se propuso elaborar un Plan Nacional de Desarrollo que coloca en primer plano las necesidades de la población panameña. El Plan tiene que contemplar las estrategias productivas de todos los sectores para garantizar un crecimiento integral del país. El Plan debe regular las iniciativas económicas impidiendo que el crimen organizado se apodere de las finanzas públicas, como ocurre en la actualidad.

El documento aprobado en la Asamblea “enfatizó que el objetivo del PAP es brindar al pueblo panameño una nueva opción política, distinta - en todos los sentidos - a los actuales partidos oligárquicos, desprestigiados por la corrupción y sus medidas anti-populares. Se aspira sumar a Panamá al espíritu de cambios que sacuden al conjunto de la región latinoamericana”. El documento también enfatizó que su programa de gobierno promoverá “los empleos, la agricultura y la industria nacional, sin el sometimiento a intereses de potencias extranjeras”.

La propuesta del PAP contrasta con la política del actual gobierno que está destruyendo al sector productivo (agro e industria) del país. Igualmente, Martinelli está endeudando a Panamá sobre la base de la especulación en torno al futuro del Canal. El llamado “Fondo Soberano” que propone ahorrar parte de los peajes que recibe la vía acuática no es para desarrollar el potencial productivo del país. Según sus detractores, serviría para repartir los miles de millones de dólares acumulados entre los sectores más ricos del país. Es un colchón para cuando estalle la “burbuja”, los especuladores reciban su tajada.

La Asamblea reconoció la importancia de la huelga histórica de los trabajadores de Changuinola, quienes en 2010 frenaron los atropellos del presidente Martinelli y lograron detener el creciente deterioro de la correlación de fuerzas entre oligarquía y pueblo trabajador. El espíritu de lucha de los trabajadores de Bocas del Toro servirá como escudo en el avance del pueblo panameño y en la organización de su partido, aseguraron los presentes en la Asamblea.

Panamá, 2 de febrero de 2012.