Sexo, persecución política y Assange

Los círculos políticos norteamericanos, asociados al poder (establishment), pensaron que podían convertir a Julian Assange en objeto de un escándalo sexual. Creían que podían destruirlo moralmente sometiéndolo a un juicio con ribetes sexuales en Suecia. Posteriormente sería extraditado a EEUU y convertido en prisionero de guerra, según la legislación terrorista de ese país. Una reciente experiencia vio caer en desgracia al presidente del FMI tras un encuentro con una mucama en un hotel de Manhattan.

La conspiración dirigida desde Washington se dio vuelta y desde su refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange se ha convertido en el defensor más reconocido de los derechos humanos y, además, de la libertad de expresión. La persecución al fundador de Wikileaks ha despertado una ola de indignación en todo el mundo. En la vorágine que desató el caso, también emergió Ecuador como un baluarte de la libertad de expresión y defensor de los derechos humanos. Lo que en un principio EEUU supuso que sería un caso sencillo, se le convirtió en un desastre político - mediático.

Los cables de Wikileaks presentaron las evidencias de las violaciones sistemáticas por parte de Washington de la legislación internacional, de las leyes de los países donde tienen sus embajadas e, incluso, de sus propias leyes. El establishment en Washington montó un operativo sofisticado en el cual participa Suecia, Gran Bretaña y EEUU. Este último país quiere atrapar a Assange y acusarlo de ser un combatiente ilegal, similar a los detenidos que tienen en Guantánamo. El gobierno del reino de Suecia amañó una denuncia sexual presentado por dos mujeres residentes en ese país nórdico. Sobre la base de una manipulación de los hechos y, según algunos, con la asesoría de Karl Rove (cerebro político de Gorge Bush hijo) la fiscalía sueca giró una orden de arresto contra Assange.

Frente a esta situación, Assange logró asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. La decisión desató una tormenta política en los más altos niveles de los gobiernos de Gran Bretaña y EEUU. El gobierno de la reina Isabel inmediatamente amenazó con violentar a la Embajada de Ecuador y secuestrar a Assange. El gobierno de Quito, a su vez, recibió la solidaridad de Unasur, Mercosur y Alba. Incluso, la OEA – a pesar de la oposición de EEUU y Canadá – también apoyó a Ecuador.

Quedó claro que lo que distingue el caso de Assange es una persecución política de EEUU, que está usando a Gran Bretaña y Suecia. También se derrumbó la supuesta acusación de la fiscalía sueca contra Assange por delitos sexuales. Sin embargo, EEUU sigue echando leña al fuego para lograr sus fines.

La activista femenista, Naomi Wolf, se interesó por conocer mejor la acusación contra Assange en Suecia. Llegó a la conclusión que era una aberración del gobierno sueco. Wolf es una estudiosa con 23 años de experiencia trabajando en casos de violación alrededor del mundo. Hace cinco años que trabaja en centros especializados en la defensa de mujeres abusadas. Asegura que el caso de Assange “no se está tratando como un delito sexual normal”.

Para comenzar, se pregunta porqué el político norteamericano Karl Rove se ha convertido en asesor del gobierno sueco en el caso de Assange. Además, señala que Rove está trabajando con un ex ministro de Justicia sueco quien aprobó el programa que le permite a EEUU llevar asilados a terceros países para ser interrogados y torturados.

Naomi Wolf apunta a 8 irregularidades en el caso de la fiscalía sueca por “delitos sexuales” contra Assange. En primer lugar, la Policía sueca nunca persigue a personas que tuvieron relaciones sexuales por consentimiento mutuo. Assange es el primer caso de este tipo en la historia de Suecia.  Una segunda irregularidad consiste en que las dos mujeres acusadoras presentaron su denuncia juntas. Este procedimiento es ilegal y sin precedentes en Suecia.

Una tercera irregularidad de la fiscalía sueca, fue aceptar testimonios de los novios de las acusadoras que aseguran que las mujeres siempre usaban condones durante sus relaciones sexuales. Los testimonios de novios no se aceptan (a favor o en contra) por razones obvias.  Una cuarta ilegalidad sueca, consiste en que le permitieron a las mujeres acusadoras compartir un abogado. En el caso de Assange, se trata de un abogado corporativista de alto perfil con vínculos internacionales.

En quinto lugar, la defensora de los derechos femeninos señala que un abogado jamás toma dos clientes en un caso que involucra delitos sexuales. En sexto lugar, Wolf asegura que una mujer busca un abogado especializado en delitos sexuales y no un abogado corporativista. Un abogado corporativista cobra 500 dólares la hora. ¿Quién paga estos servicios profesionales?

En séptimo lugar, la Policía le pidió a Assange un examen de SIDA. Este procedimiento no tiene fundamento. En último lugar, la Fiscalía no puede dar a conocer los expedientes de un caso bajo investigación. Sin embargo, toda la documentación ha sido filtrada a los medios de EEUU. Según Wolf, estas son pruebas que existe una conspiración al más alto nivel entre los gobiernos de EEUU, Suecia y Gran Bretaña, para destruir la credibilidad de Assange utilizando el sexo como arma.

30 de agosto de 2012.

El consenso en torno a la militarización de Panamá

El debate en torno a la violencia en Panamá toma cada día más aristas y son más los que incursionan con sus opiniones sobre el tema. Es urgente que este debate salga de las manos de las autoridades gubernamentales y sus mentores norteamericanos. Si no se procede de una manera independiente y seria, la situación puede volverse inmanejable.

Leí recientemente el artículo de Daniel Delgado D. sobre la búsqueda de un consenso para la seguridad del país, bien plantado y coherente. Sin embargo, cae en el error metodológico que lo lleva a conclusiones ajenas a la realidad. Delgado plantea que "algunos culpan (la falta de seguridad) al crimen organizado, sin definir en qué consiste y darle una cara identificable. Otros al narcotráfico y a su incidencia, por la colaboración de las bandas y pandillas que se convierten en sus sicarios. Los académicos culpan a la ausencia de políticas de seguridad por parte del Gobierno e incluso a la violencia doméstica como causas de la inseguridad".

Hace varios años hemos insistido en que el problema de la llamada inseguridad y sus causas tenemos que buscarlas en otro lado. Tenemos que buscarlo en la misma estructura social del país. Estructura que es producto de nuestras propias políticas, concientes y también no tan concientes. Desde hace dos décadas que los "líderes" del país legislan para generar inseguridad en el país. Por un lado, las leyes que se aprueban socavan la estabilidad de nuestras instituciones sociales y, por el otro, tienden a corromper a las autoridades.

En mayo publiqué un artículo titulado "El crimen se combate conociendo sus causas". Hacía énfasis en la necesidad de conocer los cambios experimentados por el país desde la invasión norteamericana (1989) para tratar de entender el incremento de la violencia y la criminalidad. Señalaba que "el incremento de la criminalidad y sus consecuencias son el resultado de un proceso de desindustrialización que afecta a Panamá y a toda la región latinoamericana... El trabajador (informal) no tiene empleo estable y, como consecuencia, tampoco tiene una disciplina que le permita organizarse como trabajador y tampoco puede organizarse como hombre o mujer de familia".

Aquí podemos encontrar la causa del debilitamiento de la estructura social, que permite que la criminalidad haga estragos en la familia y en la comunidad. La falta de trabajo, decíamos también, "no sólo debilita el sindicato y todo lo que eso implica, también desintegra la familia y todos los valores asociados a esa institución. La desintegración de la familia hace estragos a nivel de la comunidad donde desaparece la red solidaria de jefes de familia, amas de casa y, sobre todo, de niños y adolescentes que adquieren sus valores primarios en ese marco".

Si existiera consenso en torno a este problema estaríamos legislando en otra dirección. El Ejecutivo tendría otra visión de país y la Corte Suprema de Justicia no fallaría en contra de los intereses de la familia. El problema de fondo, como lo insinúa el escrito de Delgado, se encuentran en nosotros mismos que no queremos ver el problema y nos detenemos ante el árbol sin ver el bosque.

Sobre la seguridad del país o la llamada "seguridad nacional" también escribí un artículo que insistía en la necesidad de legislar con inteligencia y no con intereses pecuniarios. Decía que la presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) introdujo elementos de confusión en las funciones de la Policía Nacional. ¿Debe evolucionar la Policía hacia su transformación en un Ejército o debe continuar siendo un híbrido? “Desde que el presidente Ricardo Martinelli asumió la primera magistratura, la militarización de la policía ha avanzado de manera más acelerada. Pero en vez de crear un Ejército para resguardar las fronteras o controlar nuestro espacio aéreo o aguas territoriales, se ha creado un aparato militarizado para controlar todos los aspectos relacionados con la vida política del país".

Esta confusión que no es casual - alimentada por la política exterior de EEUU - convierte a "las comunidades, las ciudades, las carreteras y las zonas rurales en permanentes resguardos militares. El policía confunde al ciudadano con un peligroso enemigo del Estado. A su vez, el soldado sigue órdenes en el campo de batalla frente a un enemigo formado por amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores. La confusión está conduciendo al país a una situación de caos".

Hay que buscar un “acuerdo” o “consenso” pero en el campo de lo real y concreto. Hay que activar los planes de desarrollo agropecuario y promover la industrialización del país. Los recursos económicos, humanos y culturales para impulsar estos planes los tenemos de sobra. Somos un país muy rico. Las políticas actuales - en forma grosera - desvían esas riquezas hacia negocios especulativos tanto en la banca nacional como extranjera. El despojo se sustenta en leyes aprobadas por la Asamblea de Diputados, refrendadas por el Presidente de la República y protegidas por la Corte Suprema de Justicia.

¿Podemos encontrar consenso entre esa ínfima minoría y la gran mayoría? ¿Hay espacio para encontrar 'acuerdos políticos'? Estoy de acuerdo en buscar el consenso y los acuerdos, pero sobre la base de un conocimiento real del problema, para entonces comenzar a negociar.

23 de agoto de 2012.

Otra vez el Comando Sur de EEUU

Avanza la militarización subordinada de Panamá

Por décimo año consecutivo EEUU ha torcido y hecho añicos la Constitución Política de Panamá y todas sus leyes. Por un lado, insiste en realizar maniobras militares en torno al Canal de Panamá con supuestos “aliados” panameños y de otros 15 países latinoamericanos. Por el otro, asume abiertamente el control territorial del país. En sus “juegos militares”, incluso, delega a terceros países responsabilidades soberanas panameñas.

En la Constitución Política panameña se establece en forma explícita que el país no tiene un ejército. Igualmente, señala que la soberanía es inalienable e intransferible. Desde el 6 de agosto hasta mañana (viernes, 17 de agosto), Panamá ha sido virtualmente ocupada por tropas norteamericanas con el supuesto de que el Canal está en peligro.  Según un comunicado de los mandos militares de ese país del norte, “el Ejército Sur de EEUU y las fuerzas armadas y de seguridad de 17 naciones participarán del ejercicio anual Panamax, que cuenta con el patrocinio del Comando Sur”.

El comunicado plantea objetivos contradictorios y sin mayor sentido: “Este ejercicio multinacional reúne a las fuerzas navales, aéreas y terrestres en una operación conjunta y combinada para defender el Canal de Panamá de ataques perpetrados por violentas organizaciones extremistas de carácter ficticio, así como también responder ante los brotes pandémicos y catástrofes naturales en diversas regiones”.

Entre los grupos ficticios “extremistas”, los militares norteamericanos han mezclado en una sola bolsa a campesinos e indígenas panameños, a fuerzas insurgentes de Colombia y a traficantes de drogas ilícitas que operan en los círculos financieros y políticos de EEUU. A pesar del debilitamiento de las relaciones económicas y políticas de EEUU con los países de Sur América, los lazos militares siguen siendo muy fuertes. Washington no sólo pretende mantener una presencia militar física en la región, también quiere conservar su posición como principal proveedor de armamentos.

En el operativo Panamax dirigido por EEUU, tropas colombianas asumieron la dirección del componente terrestre del ejercicio por segundo año consecutivo. El Comando Sur de EEUU también informó que “las fuerzas militares brasileñas dirigen el componente marítimo por primera vez”. Es decir, el territorio nacional y las costas panameñas quedaron bajo la responsabilidad soberana de terceros países. “El comandante de componente marítimo de la Fuerza Multinacional para Panamax 2012 es el contralmirante Wilson Pereira de Lima Filho de Brasil , informaron los militares norteamericanos.

En uno de sus comunicados, los militares norteamericanos se refieren abiertamente al derecho que tiene EEUU de intervenir en forma unilateral en Panamá “cuando se considere necesario por el gobierno de Panamá y otras naciones de la región”. El operativo llamado “Panamax, afirman los militares norteamericanos, proporciona oportunidades para que las naciones participantes, junto con el Ejército del Sur, se unan para contrarrestar las amenazas de las organizaciones delictivas transnacionales”.

El ejercicio incluye “las Fuerzas Marinas del Sur, de Operaciones Especiales del Comando Sur y el Comando de las Fuerzas Navales del Sur con los buques y un contingente de artefactos explosivos, buceo móvil, la logística y el personal de seguridad de las fuerzas”. Todas bajo el mando del general Simeon G. Trombitas, comandante del Ejército Sur de EEUU.  La sede el Ejército Sur estuvo por más de 50 años, durante la segunda mitad del siglo XX, en Clayton, donde actualmente se encuentra la Ciudad de Saber, en las afueras de la ciudad de Panamá.

Según un despacho de una agencia de noticias española en Panamá, el subcomisionado del Servicio Aéreo Nacional Aeronaval, Jorge Yanis, aseguró que el ejercicio castrense tendrá un carácter virtual. “Va a ser realizado en EEUU, donde vamos a establecer ejercicios de mesa virtuales con miras al adiestramiento de nuestro personal en prevención de una amenaza que atente contra el libre tránsito en el Canal de Panamá”.

Por su lado, el Comando Sur señaló que el principal objetivo del ejercicio es proveer una variedad de respuestas a las solicitudes del gobierno panameño para “proteger y garantizar el flujo seguro del tráfico a través del Canal de Panamá, garantizar su neutralidad y respetar la soberanía nacional”. En 1989 EEUU invadió militarmente a Panamá alegando objetivos similares. Esta experiencia trágica costó miles de vidas humanas y EEUU la justificó, al igual que ahora, señalando que actuaba en defensa de la democracia, la neutralidad y la soberanía nacional de Panamá.

En esta ocasión, sin embargo, EEUU señala que “los desafíos regionales requieren soluciones regionales. Panamax 2012 está diseñado para responder como una fuerza unificada a una amplia variedad de misiones en el aire, la tierra, el mar, espaciales y la cibernética”, según el Comando Sur.

EEUU compara el ejercicio Panamax a su invasión de Haití después del devastador terremoto de 2010. EEUU delegó su responsabilidad militar en ese país del Caribe a los militares de Brasil y Chile. Todavía hay millones de haitianos que viven en condiciones infrahumanas debido a la política de EEUU y sus aliados militares latinoamericanos. Totalmente fuera de contexto, EEUU dice que Panamax es una “ayuda en operaciones humanitarias y respuestas a desastres, como se manifestó después del terremoto de Haití”.

17 de agosto de 2012.

La sociología y la despenalización de las drogas

El próximo jueves, 16 de agosto de 2012, se inaugurará el XIV Congreso Nacional de Sociología en la Universidad de Panamá. Un total de 35 mesas de trabajo abordarán los más diversos temas de la actualidad panameña e internacional. Todos serán analizados desde una perspectiva sociológica.

Nosotros estamos coordinado una mesa de trabajo sobre el problema de las drogas en Panamá. Nos tocará presentar una ponencia junto con otros dos especialistas: el abogado Severino Mejía y el psicólogo Carlos González. Ambos son investigadores que trabajan en la Universidad de Panamá. En el Congreso se tratará el flagelo de las drogas, sus causas y posibles soluciones. Entre estas últimas, se está criticando fuertemente la “guerra contra las drogas” que ha fracasado en todos los países en que se ha aplicado (incluso Panamá). Recientemente ha aparecido otra propuesta de solución que se ha denominado la “despenalización de las drogas”.

La ponencia sobre las drogas que presentaré la he dividido en cinco partes. En primer lugar, queremos destacar los efectos nocivos que ha producido el tráfico de drogas ilícitos en Panamá. El incremento constante de la tasa de homicidios y la consolidación del crimen organizado. En segundo lugar, hacemos un análisis de las políticas de los gobiernos de turno y la permanente intervención de EEUU que constituyen la causa de la violencia y el incremento del crimen organizado.

En tercer lugar, se tratará de explicar como EEUU ha convertido a Panamá en un “pasillo” (como lo describiera el presidente de EEUU, Barak Obama) de la droga que sale de Colombia con dirección hacia el país del norte. En cuarto lugar, se verá como esta situación le da herramientas políticas a EEUU para intentar militarizar el país, cercando comunidades, trabajadores y campesinos. Por último, en quinto lugar, se plantean las contradicciones que presenta la alternativa de “despenalizar” la posesión, el consumo o comercialización de las drogas.

El licenciado Severino Mejía presentará una ponencia donde plantea que son muchos los elementos que deben ser puestos sobre la mesa para determinar si es pertinente la legalización de las drogas o si es necesario mantener las sanciones penales. ¿Puede su legalización reducir las muertes violentas que hoy vemos en Centroamérica? ( El 60 por ciento de las muertes violentas en la región, están ligadas al narcotráfico). ¿La despenalización de las drogas acabará con las finanzas de los carteles de drogas? Según Mejía, el tráfico de drogas genera a los carteles más de 300 mil millones de dólares al año lo que muestra claramente las connotaciones económicas.

“Lo que si estamos claros, es que la lucha contra el narcotráfico - a nivel militar y policial - no ha cumplido con los objetivos de erradicar las drogas. Lo que si se ha disparado es el incremento de la violencia y la cantidad de asesinatos ocurridos en su entorno. En México, la guerra contra los carteles ha costado la vida a mas de 45,000 personas.

El licenciado González se pregunta ¿cuál es la tasa de consumo de drogas ilegales en el país?  Por el momento no se tiene la respuesta, pero se estima en un 50 por ciento en las personas privadas de libertad por lo que se puede hablar de pandemia en el uso de las drogas en un sector de la población panameña.  El argumento para la legalización de las drogas, que de paso no es algo nuevo, se sustenta en la afirmación que señala que “ya que han fallado las políticas de control, por qué no ponerle fin al crimen organizado y a las ganancias económicas  mediante la legalización de las drogas”.  Se puede señalar, agrega González, que el problema real del tráfico de las drogas es uno de índole económico porque siendo un delito con capacidad para generar enormes ingresos económicos, puede ser visto como una amenaza para el orden económico y social de cualquier país en la región.

La mesa de trabajo sobre la despenalización de las drogas en el Congreso Nacional de Sociología abrirá muchas interrogantes. Será sin duda un espacio para criticar las políticas actuales que no funcionan. Más importante aún, planteará alternativas que se están discutiendo a escala global. Pareciera que, en la actualidad, el tráfico de drogas se ha convertido en uno de los negocios más prósperos que ha creado intereses muy fuertes en sectores que quieren controlar todos sus aspectos, desde la producción hasta el consumo, pasando por el tráfico. La guerra contra las drogas no tiende a erradicar los daños que las drogas le están haciendo a las sociedades afectadas. La llamada guerra contra las drogas pareciera permitir que una mafia muy bien colocada en los mandos económicos y políticos más altos a escala global controlen el negocio.

La inauguración del Congreso se realizará el próximo jueves, 16 de agosto, a las 9:00am, en el Auditórium J. Dolores Moscote de la Universidad de Panamá. Todas las mesas de trabajo se realizarán en salones de la Facultad de Humanidades. El Congreso contará con 35 mesas de trabajo y 120 ponentes. Además, presentará 15 libros y revistas en 8 sesiones especialmente organizadas para ese fin. La entrada es para todo el público interesado.

Panamá. 9 de agosto de 2012.

“La Patria boba” no regresará

La historia de un pueblo es su posesión más preciosa. No tanto por el pasado, sus hechos, fechas o personajes. Más bien por su percepción del futuro. Los pueblos se definen no por lo que fueron capaces de hacer, sino por el potencial que poseen para construir su propio destino. Un pueblo sin historia, obviamente, no puede tener una visión de futuro.

La historia de un pueblo o de un país, como dicen muchos, es de quien la escribe. Si no hay quien narre los acontecimientos del pasado y les dé sentido “histórico” a los hechos, el pueblo pierde su sentido de ser y su dirección. La historia es de los triunfadores, de los conquistadores y de quienes construyen el futuro. En la historia se destacan las grandes revoluciones no tanto por lo que fueron – sangrientas experiencias que es mejor ni recordar – sino por lo que prometieron ser en el futuro.

Muchas de ellas se tambalean, a pesar de los esfuerzos que se hacen a escala global para sostenerlas. En Nuestra América tenemos las guerras por la independencia, encabezadas por los grandes caudillos. En el siglo XX los latinoamericanos tenemos como símbolos de nuestros proyectos de nación las revoluciones mexicana (1910) y cubana (1959). Pero, al igual, que en otras latitudes, en la región la historia es un campo de batalla, de luchas ideológicas y de enfrentamientos entre intereses materiales.

La razón es sencilla. Quien gana la lucha por la historia se adueña del futuro. En el caso de Panamá, se está discutiendo en los oscuros recintos de la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley para eliminar una materia del currículo escolar que tiene como objetivo enseñarle a la juventud del país las relaciones entre Panamá y EEUU. Parece increíble, pero es cierto. La lucha por las ideas se ha trasladado al más alto nivel político, ya que es un asunto de Estado.

El enfrentamiento se establece a nivel ideológico, pero también a nivel de los intereses materiales de los panameños. En el plano ideológico, quienes no quieren enseñar la historia de las relaciones entre Panamá y EEUU, quieren borrar de la memoria del pueblo panameño sus luchas por reconquistar su soberanía a lo largo del siglo XX. Evitando que la juventud lea los libros que se refieren a los sacrificios de varias generaciones por expulsar al ocupante militar del suelo patrio, quienes se oponen al proyecto de nación creen que pueden borrar ese capítulo del pasado y comenzar a reconstruir las relaciones semi-coloniales del pasado.

Mientras tanto, quienes creen que Panamá tiene un futuro independiente y soberano insisten en que la juventud debe continuar estudiando su pasado y todas los sacrificios que realizó el pueblo para perfeccionar nuestra independencia. Los estudios de las relaciones entre Panamá y EEUU en los colegios e instituciones de enseñanza es fundamental para mantener viva esa antorcha que ilumina el sentir nacional de los panameños.

La situación no se reduce a una cuestión ideológica. También hay intereses materiales muy poderosos. En los últimos 20 años el país se ha convertido rapidamente en una plaza para hacer negocios, en parte, gracias a su posición geográfica privilegiada. Pero, más importante, por la abierta intervención del poderío militar y económico de EEUU en todos los asuntos de importancia para el país. Esta injerencia norteamericana es avalada y apoyada por una pequeña elite de empresarios locales que perciben su futuro ligado al gran capital monopolista vinculado al gobierno de Washington. La pequeña elite gobierna a Panamá desde la invasión militar norteamericana de 1989 como si fuera dueña de una hacienda, con peones, comunidades y el Canal de Panamá.

La gran mayoría de los panameños no tienen formas políticas para expresar sus intereses en los foros políticos o sociales. Los grupos sociales subordinados – y, especialmente, la juventud – tienen que salir a las calles a manifestar sus opiniones. En la actualidad, esa juventud aprende - en los libros que lee y en los debates que se realizan - que en el siglo XX hubo rebeliones e insurrecciones contra la ocupación militar norteamericana. También tiene plena conciencia de que la alianza entre Washington y la elite incrustada en el poder político de Panamá le exprime al pueblo hasta la última gota de su sudor obligándola a vivir en condiciones cada vez más paupérrimas.

Esa “santa alianza” nefasta cree que con eliminar una materia en los colegios podrán acabar con las protestas y rebeldía de las juventudes panameñas. La historia nos enseña que los pueblos superan todos los obstáculos y al final logran sus conquistas sociales y económicas. Pero los enemigos del progreso son tercos y creen que con eliminar materias como historia, filosofía e, incluso, cívica pueden frenar los anhelos populares por una vida mejor.

El proyecto para eliminar del currículo el nombre de la asignatura Relaciones de Panamá con EEUU, presentado por la diputada del gobierno, Dalia Bernal e impulsado por el Ministerio de Educación, ha generado una oposición generalizada. El objetivo es claro: quieren regresar al pasado, a la historia de la semicolonia, subordinada, idílica y salvaje, sin futuro y sin proyecto de Nación. “La Patria boba”. No lo lograrán.

Panamá, 2 de agosto de 2012.