La violencia y las drogas

La Universidad de Panamá efectuó recientemente un foro sobre la despenalización de las drogas. Los académicos sometieron a examen la aparente pérdida de control del tráfico de drogas ilícitas por el país y en el país. Los efectos de esta situación está generando una ola de violencia sin precedente. Además, las agencias de Seguridad – incluyendo la Policía Nacional, el SENAFRONT y otras instituciones – están cada vez más dedicadas a organizar actividades represivas olvidándose de las preventivas.

Los ponentes también presentaron estudios sobre el consumo de drogas y sus efectos sobre la salud de un creciente número de adictos. Con preocupación se observó como los centros de salud e, igualmente, los centros de rehabilitación no cuentan con los recursos para enfrentar el problema. Aún más peligroso es el aumento del número de jóvenes – cerca de 6 mil (la mitad de la población privada de libertad) - que son detenidos y encarcelados por supuestos delitos relacionados con la posesión de drogas ilícitas.

La Universidad de Panamá tiene un Observatorio sobre las Drogas que está estudiando el flagelo de las drogas ilícitas desde una perspectiva social. También analiza las políticas públicas que no tienden a encontrar la solución al problema. Al contrario, el gobierno invierte cada vez más recursos en medidas represivas que se extienden desde las zonas urbanas hasta las áreas más remotas del país. Todo este esfuerzo para que la situación tienda a empeorarse.

En el foro, la Comisión Nacional para la Prevención de las Drogas (CONAPRED) anunció que también ha creado un Observatorio Panameño de las Drogas que está sistematizando la información proveniente de diversas instituciones. La CONAPRED reúne un total de 15 entidades públicas y privadas que trabajan en áreas de rehabilitación.

La violencia en la capital panameña así como en el interior del país ha incrementado en forma significativa en los últimos lustros. El fenómeno está relacionado con las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos más recientes. Por un lado, se han desregulado todas las medidas de control de las actividades económicas permitiendo que el crimen organizado se infiltre a todos los niveles de la sociedad. Por el otro, la creciente militarización del país ha introducido armas de todo tipo que llegan a manos de organizaciones delictivas que ajustan cuentas sin discriminación alguna.

La corrupción no sólo campea en los ámbitos del más alto nivel gubernamental y empresarial, también toca a las comunidades más pequeñas y humildes. La competencia por el control de espacios económicos - sean contratos multimillonarios o transacciones de poca monta - suele resolverse mediante la compra de influencias y la fuerza. Los casinos de juegos del azar no sólo operan en los hoteles de lujo de las ciudades del país, también tienen sus garras en comunidades donde residen las familias de los trabajadores precarios e informales. En torno a este ambiente criminalizado juegos de azar se agrupan los traficantes de drogas, los traficantes de blancas, los sicarios y otros elementos del "bajo mundo".
Hay una relación entre el incremento de las ganancias de los casinos y de la tasa de homicidios en Panamá. Mientras más prospera el tráfico de influencias mayor es el número de muertes violentas. La Policía Nacional no recibe directrices en cuanto a cómo enfrentar el flagelo de la violencia ya que con una mano sale a perseguir a los delincuentes y con la otra neutraliza todas sus acciones de prevención.

Mientras que las políticas de desregulación continúen imperando en Panamá, las tasas de homicidio y crimen aumentarán. Se requiere de una política capaz de generar una legislación que minimice el espacio en que puede operar el crimen organizado y la corrupción. A su vez, hay que invertir recursos en la activación del empleo decente para que la familia panameña recupere sus comunidades y expulse a los delincuentes.

La despenalización de las drogas es un concepto muy vago y se presta para diferentes clases de interpretación. Es el termino, sin embargo, que ahora están utilizado los políticos latinoamericanos para plantear la necesidad urgente de buscar nuevas opciones. La propaganda de la “guerra contra las drogas”, introducida hace cuatro décadas por el presidente de EEUU, Richard Nixon, se ha utilizado con fines políticos. La “guerra” no es contra las drogas sino contra los enemigos que surgen en los “guetos” de las grandes ciudades norteamericanas o contra “carteles” que operan en América latina. En años más recientes, EEUU utiliza políticamente la “guerra contra las drogas” para atacar gobiernos progresistas como los de Venezuela, Ecuador o Bolivia. Incluso, para asociar movimientos insurrectos como las FARC en Colombia con el tráfico de drogas.

Hay que ser más serios y buscar una fórmula para regular la producción, el consumo y, sobre todo, el trasiego de las drogas que hoy son ilícitas. Toda solución depende, en gran parte, de la regulación del consumo en el mercado mundial que se concentra en más de un 80 por ciento en EEUU. La Universidad de Panamá abrió el debate nacional. Es de esperar que esta iniciativa que nos obliga a buscar soluciones continúe para el bien de todos los panameños.

27 de septiembre de 2012.

Neoliberales

            Los ideólogos neoliberales crean toda clase de confusiones. En EEUU acusan a los trabajadores migrantes de origen mexicano, y otros latinoamericanos, de la recesión economica. Los mismos ideólogos achacan el estancamiento de la economía norteamericana a la Republica Popular de China que tiene obreros con salarios más bajos. En Europa pasa algo similar con los neoliberales quienes le echan la culpa de la crisis a sus respectivos pueblos.

            En Panamá la situación es algo distinta. El auge de la economía china ha impactado favorablemente al sector de servicios marítimos de Panamá. El Canal de Panamá y los puertos, así como el sector bancario y de seguros, crecen a tasas muy superiores al diez por ciento anual. Igualmente, hay un fuerte incremento en áreas especulativas como los inmuebles, el turismo y la minería.

            Los neoliberales panameños (fundamentalistas) insisten en plantear que el auge del último lustro es el resultado de sus políticas engendradas durante la gestión presidencial de Pérez Balladares (1994-1999). Fue en este período que el gobierno entregó casi la totalidad de las empresas públicas a un pequeño grupo de inversionistas. Además, inició el desmantelamiento de los sectores de la salud, educación y seguridad social.

            Los voceros neoliberales que se pasean por los pasillos refrigerados del actual gobierno felicitan al presidente Martinelli por sus iniciativas draconianas. Entre estas se destaca la política de reducir a su mínima expresión las inversiones y los servicios de salud dirigidos a la población. En cambio, el gobierno procura establecer centros hospitalarios para atraer empresas extranjeras y turistas al país. En la actualidad, hay un anteproyecto para privatizar las fuentes de agua de los panameños. Es decir, el IDAAN tendrá que comprarle a precios exhorbitantes el agua a un pequeño grupo de especuladores. Sin invertir un centavo, estos especuladores se adueñarían de las cabeceras de los ríos esclavizando a los 3.5 millones de habitantes del país.

            Los neoliberales también celebran sus avances en el campo de la educación. Las instalaciones escolares han sido abandonadas y los estudiantes no cuentan con la infraestructura mínina. Se está promoviendo el “rancho” escolar como modalidad en las áreas rurales e, incluso, en algunos sectores urbanos. El “rancho” reúne en un salón, bajo la dirección de una maestra, a niños de varios niveles.

            La falta de escuelas y equipos no impide que las autoridades no promuevan nuevas iniciativas. En la actualidad, se trabaja en otro proyecto legislativo para privatizar las escuelas del país. El programa consiste en convertir la educación panameña en un negocio. El proyecto de educación “público-privado” entregaría las instalaciones educativas y a los mismos educadores a empresarios para que puedan lucrar con los bienes públicos y los trabajadores de la educación. Este sistema ha fracasado tanto en el mundo subdesarrollado (Chile) como en el llamado “centro” (ver el caso de la ciudad de Chicago en Estados Unidos.)

            Los neoliberales proyectan una amplia gama de iniciativas públicas que incluyen negocios y también planes ideológicos. En el campo de la educación han logrado dar pasos importantes para eliminar del plan de estudios todas las materias que riñen con sus fines lucrativos. Su primer objetivo es eliminar las materias que enseñan a los jóvenes a pensar (filosofía, cívica), a tener conciencia de su identidad (historia) o materias que le ofrezca al adolescente posibilidades de proyectar su creatividad.

            Los neoliberales panameños descubren su verdadera intención ideológica cuando insisten en tergiversar la enseñanza de la historia. No aceptan que los panameños puedan levantar su propia bandera sobre territorio nacional. Rechazan el estudio de las relaciones entre Panamá y EEUU en el siglo XX. Durante casi un siglo, el  pueblo panameño luchó  por  recuperar su soberanía secuestrada por EEUU. El éxito de esta lucha es negada por los neoliberales y han logrado borrarlo de los textos escolares y de los salones de clase.

            Pronto los neoliberales podrán introducir en los textos escolares las figuras de los presidentes norteamericanos Ronald Reagan y George Bush como pioneros de los ajustes económicos en Panamá. Como lecturas obligatorias se leeran Harry Potter y Alicia en el país de las Maravillas. Los textos ya han borrarado los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964 y las negociaciones encabezadas por Torrijos y Escobar Bethancourt para poner fin a la colonia de la Zona del Canal con sus bases miltiares. Se eliminaron las novelas de contenido social y nacionalsita de Joaquín Beleño, Luna Verde y Gamboa Road Gang. 

            ¿Cómo se explica que sectores amplios de la población permitan este atropello a la identidad y al bienestar de los panameños? La Universaidad de Panamá se opone a lo que considera un “enorme error” tergiversar la historia. Igualmente, los estudiantes del Instituto Nacional y otros planteles secundarios han protestado. El gobierno, la oposición política y los gremios empresariales, sin embargo, caminan de la mano con los ideólogos neoliberales pretendiendo acabar con el proyecto de nación. Los neoliberales comprenden bien que si convencen a los panameños que somos lo que ellos llaman “globales” les entregamos en bandeja de plata nuestras riquezas. Con esos millones manipulan a diputados, magistrados e, incluso, al propio presidente de la República y su gabinete.

20 de septiembre de 2012.

Crece la deuda: más pobreza y mayor desigualdad

Algo que los panameños tenemos que recordar – se nos olvida con muchas facilidad – es que nuestros problemas son el producto de las políticas que aplican los gobernantes para favorecer algunos pocos inversionistas o especuladores que forman parte de círculo del poder. El crimen organizado y la creciente violencia que sacude al país es consecuencia de las políticas gubernamentales. El caos urbano en el transporte y en las construcciones son el resultado de las resoluciones que aprueban nuestras autoridades. El alto costo de la vida y el incremento del precio de la canasta básica están directamente asociados a los tratados de “libre comercio”.

El círculo de poder que concentra la riqueza del país tiene a su servicio inmediato un ejército de servidores que se especializan en engañar, convencer, castigar y reprimir al resto de la población. Este sector – los pobres que conforman mas del 75 por ciento de los panameños - está dividido en dos grupos. Por un lado, los trabajadores que producen riquezas para la acumulación de los ricos. Por el otro, una creciente masa de panameños que se encuentra en el sector informal y sin trabajo decente, y que se encuentra en peligro constante de ser privada de su libertad por el delito de ser pobres.

La mayoría de los panameños son engañados todos los días cuando se trata de explicar las causas del crimen, del caos urbano y del alto costo de la vida. Se dejan embaucar por quienes dicen a través de los medios que a los panameños les gusta ser flojos, peleones y relajados. Con esas características no podemos llegar a ser un pueblo productivo. Los teóricos de los gobernantes plantean que la desigualdad es necesaria para que exista progreso. Agregan insulto a desprecio señalando que la pobreza es un buen negocio para el país.

Recientemente, un escritor argentino, Adrián Salbuchi, se refirió al problema de la deuda pública. Los presidentes de la República, ministros y asesores le cantan loas a la deuda y los grandes beneficios que representan para el país. No importa que a mayor deuda, más pobreza y mayor la desigualdad. Salbuchi también nos recuerda que  “cuando estallan las consabidas ‘crisis’ de deuda pública, son preconcebidos. Estallan porque es el efecto buscado”.
Para explicar este fenómeno se remonta cuatrocientos años y trae al mundo actual a William Shakespeare. “Se trata de un complejo sistema de deuda que puede describirse como ‘el modelo Shylock’, aludiendo a la obra El mercader de Venecia, uno de cuyos principales personajes es el despreciable usurero Shylock”. En la obra de Shakespeare, Shylock le hace un préstamo a un mercader exigiéndole que firme un contrato mediante el cual se compromete a pagarle “de su propia carne” si no puede cubrir los intereses de la deuda. 
”Bajo el modelo de Shylock, primero hay que endeudar a la víctima, imponiéndole un contrato legal que lo obliga a pagar. Shylock lo logró apelando a las leyes de Venecia para que avalara su escandalosa pretensión. Los banqueros modernos lo hacen colocando a “sus” políticos para que endeuden al país”.
¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a mega-banqueros como Goldman Sachs, JP MorganChase, Rockefeller, Soros o Rothschild, todos ellos modernos administradores del modelo Shylock? Que algún país soberano le diga ven el lunes a retirar tu cheque.
”El Sistema de Deuda Eterna funciona, según el modelo Shylock, cuando los mega-banqueros usureros sincronizan su relojes con gobernantes títeres. Un trabajador honesto, señala Salbuchi, jamás podrá penetrar en la mentalidad parasitaria del usurero si parte de la premisa errónea de que Shylock le prestó a Antonio con la intención de que le devuelva la suma. Shylock especulaba con que Antonio no pudiera devolverle lo prestado, para así poder ejecutar la garantía, su “pagaré”.
Un deudor potencialmente rico que se vea transitoriamente imposibilitado de devolver un préstamo, es música para los oídos de un banquero usurero. Cualquier deudor que devuelva el dinero prestado no le conviene a un usurero. Esa práctica acaba con los principios y cimientos sobre los que se sustenta la usura. Frustra toda posibilidad de que banqueros y usureros puedan ejercer su oficio de parásitos, al verse obligados a trabajar en busca de nuevas víctimas.
El negocio más jugoso para un banquero es, precisamente, poder refinanciar deudas año tras año, haciéndolas crecer exponencialmente a través del interés y del interés compuesto. Por eso, el secreto está en que el deudor no pueda pagar. Shylock jamás tuvo como objetivo recuperar su préstamo. Sólo quería su libra de carne. El préstamo y el contrato de garantía conformaban el mecanismo para hacerse “legalmente” dueño del mercader.
Los liberales de mediados del siglo XX endeudaron el país en varias decenas de millones de dólares que aún estamos pagando. Los militares de fines del siglo pasado nos endeudaron por varios centenares de millones de dólares. En la actualidad, los neoliberales nos han endeudado en varios miles de millones de dólares que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos a los modernos Shylocks. Seguiremos entregándole a los banqueros nuestras riquezas mientras seguimos en la pobreza ‘espléndida’ y gozando de la desigualdad tan celebrada por los neoliberales.

Panamá, 13 de septiembre de 2012.

El papel de Panamá en las negociaciones de paz

Las recientes declaraciones del presidente Juan M. Santos y el dirigente máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, anunciando el inicio de negociaciones de paz, presagian un nuevo escenario para Colombia. Fueron pocos los sorprendidos en ese país por la noticia. No es la primera vez que ambas partes se sientan para iniciar conversaciones de paz. Desde la década de 1950, cuando el pueblo colombiano – representado por el Ejército Popular de las FARC - se alzó en armas contra la clase terrateniente de ese país, ha habido muchas conversaciones de paz.

No podemos opinar sobre la forma en que Washington reaccionó ante la noticia. Las agencias de inteligencia norteamericanas, el gobierno y sus voceros mediáticos han caído en el silencio más absoluto. Las cadenas de televisión han reproducido la noticia sin comentarios, como si se tratara de un alza del precio del café o inundaciones en Santa Marta. 

EEUU ha invertido en los últimos diez años más de 50 mil millones de dólares sólo en ventas de armas a Colombia. Bogotá es una pieza clave en la geopolítica hemisférica de Washington. Si Colombia tomara un camino más moderado – parecido a Brasil o Uruguay – en su política exterior, le daría un golpe certero a los objetivos hegemónicos de EEUU en la región.

En Panamá el gobierno también ha asumido una posición de silencio total. En forma sistemática, desde hace aproximadamente 10 años la creciente militarización del país se ha sustentado sobre la base del supuesto peligro que representa la guerrilla colombiana para Panamá. EEUU insiste en sus programas mediáticos cotidianos en asociar las FARC con ataques potenciales de estas fuerzas contra el Canal de Panamá. El Comando Sur realiza operaciones militares sobre las costas panameñas supuestamente resguardando su integridad ante el peligro de lo que llama la “narco-guerrilla terrorista”. 

Ahora la “peligrosa” guerrilla colombiana se sentará a negociar con el gobierno de ese país. ¿Qué pasó? Obviamente, la primera conclusión que debe sacarse del anuncio es que las FARC no son una amenaza a la seguridad de Panamá. En segundo lugar, el Canal de Panamá nunca ha estado amenazado por fuerzas insurgentes colombianas. En tercer lugar, Panamá tiene que recuperar su soberanía y desarrollar una política exterior soberana e independiente, sin someterse a los intereses mercantiles y militaristas de EEUU.

¿Puede seguir el gobierno panameño – mientras que Bogotá y la guerrilla negocian la paz – comprándole armas a EEUU para supuestamente defender la frontera con Colombia? ¿Puede seguir enviando jóvenes a EEUU para entrenarlos en el arte de la guerra (para que regresen a un país que constitucionalmente no tiene ejército)? ¿Seguirá el gobierno panameño aislando y persiguiendo comunidades campesinas acusadas de ser “colaboradores” de la guerrilla colombiana mientras ésta negocia la paz con el presidente Santos?

Sin duda, las negociaciones son el resultado de un cambio significativo en la correlación de fuerzas entre los dos bandos en guerra. Bogotá no puede seguir financiando una guerra sin fin contra un pueblo decidido a enfrentarlo. Igualmente, las FARC no pueden continuar sin tregua una guerra que agota sus reservas. En esta nueva situación le corresponde a Panamá asumir un rol mediador que contribuya a la paz. No es una tarea difícil, Panamá tiene una larga experiencia sobre este terreno y tiene los mediadores mejor preparados para ese oficio. A los gobernantes panameños les falta visión de mundo y, aún más, voluntad política.

Este es el momento en que Panamá puede intervenir apoyando los esfuerzos de paz en el país vecino. Además, Panamá puede contribuir a buscar la solución a la crisis creada por el tráfico ilegal de drogas prácticamente sin control en EEUU. Colombia y Panamá pueden aliarse para poner fin al flagelo del tráfico ilícito, si asumen políticas cónsonas con sus intereses. Todos los países del Gran Caribe y Sur América – UNASUR o CELAC - pueden establecer un pacto para garantizar el camino hacia la paz en Colombia. Además, formar una gran alianza junto con México para cortar de raíz el flujo ilícito de drogas a EEUU que es el gran consumidor y financista de los movimientos continentales.

Una encuesta publicada recientemente dice que el 74,2 por ciento de los colombianos apoya un diálogo con las FARC. Incluso, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, declaró que la salida no está por la vía de las armas. Señalo que “la superación de este conflicto de tantas décadas es a través de un proceso de paz”

El comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, reconoció que el proceso de paz no estará exento de peligros. Aseguró que tienen la convicción de que en esta ocasión será diferente y logrará “la consecución de una paz democrática y justa... A un lado del camino deben quedar los firmantes de fabulosos contratos salidos de la guerra, los que encuentran en el conflicto militar un rápido camino de enriquecimiento”.
Londoño destacó tres objetivos como ejes del proceso de negociación: Primero, hay que respetar los derechos humanos en todos los rincones del país. Segundo, hay que impulsar el desarrollo social con equidad que le permita crecer al país. En tercer lugar, la ampliación de la democracia es condición para lograr la paz.

Panamá, 6 de septiembre de 2012.

Sexo, persecución política y Assange

Los círculos políticos norteamericanos, asociados al poder (establishment), pensaron que podían convertir a Julian Assange en objeto de un escándalo sexual. Creían que podían destruirlo moralmente sometiéndolo a un juicio con ribetes sexuales en Suecia. Posteriormente sería extraditado a EEUU y convertido en prisionero de guerra, según la legislación terrorista de ese país. Una reciente experiencia vio caer en desgracia al presidente del FMI tras un encuentro con una mucama en un hotel de Manhattan.

La conspiración dirigida desde Washington se dio vuelta y desde su refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange se ha convertido en el defensor más reconocido de los derechos humanos y, además, de la libertad de expresión. La persecución al fundador de Wikileaks ha despertado una ola de indignación en todo el mundo. En la vorágine que desató el caso, también emergió Ecuador como un baluarte de la libertad de expresión y defensor de los derechos humanos. Lo que en un principio EEUU supuso que sería un caso sencillo, se le convirtió en un desastre político - mediático.

Los cables de Wikileaks presentaron las evidencias de las violaciones sistemáticas por parte de Washington de la legislación internacional, de las leyes de los países donde tienen sus embajadas e, incluso, de sus propias leyes. El establishment en Washington montó un operativo sofisticado en el cual participa Suecia, Gran Bretaña y EEUU. Este último país quiere atrapar a Assange y acusarlo de ser un combatiente ilegal, similar a los detenidos que tienen en Guantánamo. El gobierno del reino de Suecia amañó una denuncia sexual presentado por dos mujeres residentes en ese país nórdico. Sobre la base de una manipulación de los hechos y, según algunos, con la asesoría de Karl Rove (cerebro político de Gorge Bush hijo) la fiscalía sueca giró una orden de arresto contra Assange.

Frente a esta situación, Assange logró asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. La decisión desató una tormenta política en los más altos niveles de los gobiernos de Gran Bretaña y EEUU. El gobierno de la reina Isabel inmediatamente amenazó con violentar a la Embajada de Ecuador y secuestrar a Assange. El gobierno de Quito, a su vez, recibió la solidaridad de Unasur, Mercosur y Alba. Incluso, la OEA – a pesar de la oposición de EEUU y Canadá – también apoyó a Ecuador.

Quedó claro que lo que distingue el caso de Assange es una persecución política de EEUU, que está usando a Gran Bretaña y Suecia. También se derrumbó la supuesta acusación de la fiscalía sueca contra Assange por delitos sexuales. Sin embargo, EEUU sigue echando leña al fuego para lograr sus fines.

La activista femenista, Naomi Wolf, se interesó por conocer mejor la acusación contra Assange en Suecia. Llegó a la conclusión que era una aberración del gobierno sueco. Wolf es una estudiosa con 23 años de experiencia trabajando en casos de violación alrededor del mundo. Hace cinco años que trabaja en centros especializados en la defensa de mujeres abusadas. Asegura que el caso de Assange “no se está tratando como un delito sexual normal”.

Para comenzar, se pregunta porqué el político norteamericano Karl Rove se ha convertido en asesor del gobierno sueco en el caso de Assange. Además, señala que Rove está trabajando con un ex ministro de Justicia sueco quien aprobó el programa que le permite a EEUU llevar asilados a terceros países para ser interrogados y torturados.

Naomi Wolf apunta a 8 irregularidades en el caso de la fiscalía sueca por “delitos sexuales” contra Assange. En primer lugar, la Policía sueca nunca persigue a personas que tuvieron relaciones sexuales por consentimiento mutuo. Assange es el primer caso de este tipo en la historia de Suecia.  Una segunda irregularidad consiste en que las dos mujeres acusadoras presentaron su denuncia juntas. Este procedimiento es ilegal y sin precedentes en Suecia.

Una tercera irregularidad de la fiscalía sueca, fue aceptar testimonios de los novios de las acusadoras que aseguran que las mujeres siempre usaban condones durante sus relaciones sexuales. Los testimonios de novios no se aceptan (a favor o en contra) por razones obvias.  Una cuarta ilegalidad sueca, consiste en que le permitieron a las mujeres acusadoras compartir un abogado. En el caso de Assange, se trata de un abogado corporativista de alto perfil con vínculos internacionales.

En quinto lugar, la defensora de los derechos femeninos señala que un abogado jamás toma dos clientes en un caso que involucra delitos sexuales. En sexto lugar, Wolf asegura que una mujer busca un abogado especializado en delitos sexuales y no un abogado corporativista. Un abogado corporativista cobra 500 dólares la hora. ¿Quién paga estos servicios profesionales?

En séptimo lugar, la Policía le pidió a Assange un examen de SIDA. Este procedimiento no tiene fundamento. En último lugar, la Fiscalía no puede dar a conocer los expedientes de un caso bajo investigación. Sin embargo, toda la documentación ha sido filtrada a los medios de EEUU. Según Wolf, estas son pruebas que existe una conspiración al más alto nivel entre los gobiernos de EEUU, Suecia y Gran Bretaña, para destruir la credibilidad de Assange utilizando el sexo como arma.

30 de agosto de 2012.

El consenso en torno a la militarización de Panamá

El debate en torno a la violencia en Panamá toma cada día más aristas y son más los que incursionan con sus opiniones sobre el tema. Es urgente que este debate salga de las manos de las autoridades gubernamentales y sus mentores norteamericanos. Si no se procede de una manera independiente y seria, la situación puede volverse inmanejable.

Leí recientemente el artículo de Daniel Delgado D. sobre la búsqueda de un consenso para la seguridad del país, bien plantado y coherente. Sin embargo, cae en el error metodológico que lo lleva a conclusiones ajenas a la realidad. Delgado plantea que "algunos culpan (la falta de seguridad) al crimen organizado, sin definir en qué consiste y darle una cara identificable. Otros al narcotráfico y a su incidencia, por la colaboración de las bandas y pandillas que se convierten en sus sicarios. Los académicos culpan a la ausencia de políticas de seguridad por parte del Gobierno e incluso a la violencia doméstica como causas de la inseguridad".

Hace varios años hemos insistido en que el problema de la llamada inseguridad y sus causas tenemos que buscarlas en otro lado. Tenemos que buscarlo en la misma estructura social del país. Estructura que es producto de nuestras propias políticas, concientes y también no tan concientes. Desde hace dos décadas que los "líderes" del país legislan para generar inseguridad en el país. Por un lado, las leyes que se aprueban socavan la estabilidad de nuestras instituciones sociales y, por el otro, tienden a corromper a las autoridades.

En mayo publiqué un artículo titulado "El crimen se combate conociendo sus causas". Hacía énfasis en la necesidad de conocer los cambios experimentados por el país desde la invasión norteamericana (1989) para tratar de entender el incremento de la violencia y la criminalidad. Señalaba que "el incremento de la criminalidad y sus consecuencias son el resultado de un proceso de desindustrialización que afecta a Panamá y a toda la región latinoamericana... El trabajador (informal) no tiene empleo estable y, como consecuencia, tampoco tiene una disciplina que le permita organizarse como trabajador y tampoco puede organizarse como hombre o mujer de familia".

Aquí podemos encontrar la causa del debilitamiento de la estructura social, que permite que la criminalidad haga estragos en la familia y en la comunidad. La falta de trabajo, decíamos también, "no sólo debilita el sindicato y todo lo que eso implica, también desintegra la familia y todos los valores asociados a esa institución. La desintegración de la familia hace estragos a nivel de la comunidad donde desaparece la red solidaria de jefes de familia, amas de casa y, sobre todo, de niños y adolescentes que adquieren sus valores primarios en ese marco".

Si existiera consenso en torno a este problema estaríamos legislando en otra dirección. El Ejecutivo tendría otra visión de país y la Corte Suprema de Justicia no fallaría en contra de los intereses de la familia. El problema de fondo, como lo insinúa el escrito de Delgado, se encuentran en nosotros mismos que no queremos ver el problema y nos detenemos ante el árbol sin ver el bosque.

Sobre la seguridad del país o la llamada "seguridad nacional" también escribí un artículo que insistía en la necesidad de legislar con inteligencia y no con intereses pecuniarios. Decía que la presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) introdujo elementos de confusión en las funciones de la Policía Nacional. ¿Debe evolucionar la Policía hacia su transformación en un Ejército o debe continuar siendo un híbrido? “Desde que el presidente Ricardo Martinelli asumió la primera magistratura, la militarización de la policía ha avanzado de manera más acelerada. Pero en vez de crear un Ejército para resguardar las fronteras o controlar nuestro espacio aéreo o aguas territoriales, se ha creado un aparato militarizado para controlar todos los aspectos relacionados con la vida política del país".

Esta confusión que no es casual - alimentada por la política exterior de EEUU - convierte a "las comunidades, las ciudades, las carreteras y las zonas rurales en permanentes resguardos militares. El policía confunde al ciudadano con un peligroso enemigo del Estado. A su vez, el soldado sigue órdenes en el campo de batalla frente a un enemigo formado por amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores. La confusión está conduciendo al país a una situación de caos".

Hay que buscar un “acuerdo” o “consenso” pero en el campo de lo real y concreto. Hay que activar los planes de desarrollo agropecuario y promover la industrialización del país. Los recursos económicos, humanos y culturales para impulsar estos planes los tenemos de sobra. Somos un país muy rico. Las políticas actuales - en forma grosera - desvían esas riquezas hacia negocios especulativos tanto en la banca nacional como extranjera. El despojo se sustenta en leyes aprobadas por la Asamblea de Diputados, refrendadas por el Presidente de la República y protegidas por la Corte Suprema de Justicia.

¿Podemos encontrar consenso entre esa ínfima minoría y la gran mayoría? ¿Hay espacio para encontrar 'acuerdos políticos'? Estoy de acuerdo en buscar el consenso y los acuerdos, pero sobre la base de un conocimiento real del problema, para entonces comenzar a negociar.

23 de agoto de 2012.

Otra vez el Comando Sur de EEUU

Avanza la militarización subordinada de Panamá

Por décimo año consecutivo EEUU ha torcido y hecho añicos la Constitución Política de Panamá y todas sus leyes. Por un lado, insiste en realizar maniobras militares en torno al Canal de Panamá con supuestos “aliados” panameños y de otros 15 países latinoamericanos. Por el otro, asume abiertamente el control territorial del país. En sus “juegos militares”, incluso, delega a terceros países responsabilidades soberanas panameñas.

En la Constitución Política panameña se establece en forma explícita que el país no tiene un ejército. Igualmente, señala que la soberanía es inalienable e intransferible. Desde el 6 de agosto hasta mañana (viernes, 17 de agosto), Panamá ha sido virtualmente ocupada por tropas norteamericanas con el supuesto de que el Canal está en peligro.  Según un comunicado de los mandos militares de ese país del norte, “el Ejército Sur de EEUU y las fuerzas armadas y de seguridad de 17 naciones participarán del ejercicio anual Panamax, que cuenta con el patrocinio del Comando Sur”.

El comunicado plantea objetivos contradictorios y sin mayor sentido: “Este ejercicio multinacional reúne a las fuerzas navales, aéreas y terrestres en una operación conjunta y combinada para defender el Canal de Panamá de ataques perpetrados por violentas organizaciones extremistas de carácter ficticio, así como también responder ante los brotes pandémicos y catástrofes naturales en diversas regiones”.

Entre los grupos ficticios “extremistas”, los militares norteamericanos han mezclado en una sola bolsa a campesinos e indígenas panameños, a fuerzas insurgentes de Colombia y a traficantes de drogas ilícitas que operan en los círculos financieros y políticos de EEUU. A pesar del debilitamiento de las relaciones económicas y políticas de EEUU con los países de Sur América, los lazos militares siguen siendo muy fuertes. Washington no sólo pretende mantener una presencia militar física en la región, también quiere conservar su posición como principal proveedor de armamentos.

En el operativo Panamax dirigido por EEUU, tropas colombianas asumieron la dirección del componente terrestre del ejercicio por segundo año consecutivo. El Comando Sur de EEUU también informó que “las fuerzas militares brasileñas dirigen el componente marítimo por primera vez”. Es decir, el territorio nacional y las costas panameñas quedaron bajo la responsabilidad soberana de terceros países. “El comandante de componente marítimo de la Fuerza Multinacional para Panamax 2012 es el contralmirante Wilson Pereira de Lima Filho de Brasil , informaron los militares norteamericanos.

En uno de sus comunicados, los militares norteamericanos se refieren abiertamente al derecho que tiene EEUU de intervenir en forma unilateral en Panamá “cuando se considere necesario por el gobierno de Panamá y otras naciones de la región”. El operativo llamado “Panamax, afirman los militares norteamericanos, proporciona oportunidades para que las naciones participantes, junto con el Ejército del Sur, se unan para contrarrestar las amenazas de las organizaciones delictivas transnacionales”.

El ejercicio incluye “las Fuerzas Marinas del Sur, de Operaciones Especiales del Comando Sur y el Comando de las Fuerzas Navales del Sur con los buques y un contingente de artefactos explosivos, buceo móvil, la logística y el personal de seguridad de las fuerzas”. Todas bajo el mando del general Simeon G. Trombitas, comandante del Ejército Sur de EEUU.  La sede el Ejército Sur estuvo por más de 50 años, durante la segunda mitad del siglo XX, en Clayton, donde actualmente se encuentra la Ciudad de Saber, en las afueras de la ciudad de Panamá.

Según un despacho de una agencia de noticias española en Panamá, el subcomisionado del Servicio Aéreo Nacional Aeronaval, Jorge Yanis, aseguró que el ejercicio castrense tendrá un carácter virtual. “Va a ser realizado en EEUU, donde vamos a establecer ejercicios de mesa virtuales con miras al adiestramiento de nuestro personal en prevención de una amenaza que atente contra el libre tránsito en el Canal de Panamá”.

Por su lado, el Comando Sur señaló que el principal objetivo del ejercicio es proveer una variedad de respuestas a las solicitudes del gobierno panameño para “proteger y garantizar el flujo seguro del tráfico a través del Canal de Panamá, garantizar su neutralidad y respetar la soberanía nacional”. En 1989 EEUU invadió militarmente a Panamá alegando objetivos similares. Esta experiencia trágica costó miles de vidas humanas y EEUU la justificó, al igual que ahora, señalando que actuaba en defensa de la democracia, la neutralidad y la soberanía nacional de Panamá.

En esta ocasión, sin embargo, EEUU señala que “los desafíos regionales requieren soluciones regionales. Panamax 2012 está diseñado para responder como una fuerza unificada a una amplia variedad de misiones en el aire, la tierra, el mar, espaciales y la cibernética”, según el Comando Sur.

EEUU compara el ejercicio Panamax a su invasión de Haití después del devastador terremoto de 2010. EEUU delegó su responsabilidad militar en ese país del Caribe a los militares de Brasil y Chile. Todavía hay millones de haitianos que viven en condiciones infrahumanas debido a la política de EEUU y sus aliados militares latinoamericanos. Totalmente fuera de contexto, EEUU dice que Panamax es una “ayuda en operaciones humanitarias y respuestas a desastres, como se manifestó después del terremoto de Haití”.

17 de agosto de 2012.