Los cambios en América latina

La región latinoamericana está experimentando cambios profundos. En parte, esas transformaciones se reflejan en cumbres presidenciales, como la celebrada hace pocos días. También se observan en los titulares de los diarios que destacan los conflictos. Los pueblos latinoamericanos están comenzando a sentir directamente las transformaciones a nivel de la vida cotidiana.

Los cambios en América latina tienen un eje económico (la nueva relación agro-minera exportadora con China) y otro político (los “giros a la izquierda” o las “revoluciones pasivas” como las llamaría Gramsci). La llamada crisis o colapso del mundo que conocemos, nos permite ver algo de lo nuevo que se asoma pero en medio de una resistencia violenta de lo viejo que no quiere despedirse del escenario.

En un encuentro sobre la “otra” América latina celebrado en Lima, Perú, me invitaron a analizar la coyuntura que caracteriza el inicio del siglo XXI. Aprovechamos la ocasión para destacar 7 aspectos íntimamente imbricados que nos permiten tener una visión más acertada del proceso que envuelve a la región como una totalidad. En primer lugar, hay que estudiar con mucho cuidado la disminución de la producción industrial de las últimas décadas que generaba enormes ganancias capitalistas. El colapso de esas ganancias condujo, en segundo lugar, a un proceso de des-industrialización en la región. La desaparición de los complejos industriales nacionales tuvo un fuerte impacto sobre la relación obrero patronal que, a su vez, creó condiciones políticas que permitieron la flexibilización del trabajo (políticas neoliberales). Marcó un movimiento inverso al experimentado en la región durante el cuarto de siglo anterior (1950-1975).

La des-industrialización generó fuertes pérdidas económicas en países claves y el empobrecimiento generalizado de los trabajadores. La emergencia de China Popular como potencia industrial creó una demanda  de materias primas que sirvió de tabla de salvación virtual de muchos países que se convirtieron en exportadores agro-mineros. El fenómeno ha contrarrestado la debacle económica que se pronosticaba a principios de siglo.

Esta tendencia agro-minera exportadora dio inicio, en cuarto lugar, a una agudización de los conflictos por la posesión de las tierras con potencial minero, hidroeléctrico y turístico creando fuertes contradicciones sociales entre el gran capital nacional e internacional que imponen políticas para desposeer a miles de comunidades campesinas e indígenas de la región. Las movilizaciones sociales del campo y de las comunidades indígenas en defensa de sus tierras – en los últimos 20 años - han opacado, en parte, las protestas obreras que dominaron gran parte del siglo XX.

Al mismo tiempo, la potencia en declinación – EEUU – disminuyó su presencia industrial / financiera, pero mantuvo e, incluso, aumentó su nivel de penetración militar, al igual que sus actividades especulativas y control del tráfico de ilícitos (como las drogas). En la actualidad, en quinto lugar,  para contrarrestar esta declinación, EEUU tiene bases militares o algún tipo de presencia armada en todos los países de la región, con pocas excepciones. La política armamentista de EEUU en la región desestabiliza al conjunto de los países y crea condiciones políticas insoportables para los eslabones más débiles como Haití y Honduras.

A su vez, en sexto lugar, las inversiones especulativas de EEUU en la región han crecido con los tratados de libre comercio (a pesar del fracaso de ALCA). Estos pactos desestabilizan las estructuras económicas, debilitando los sectores agropecuarios e industriales.

En séptimo lugar, y relacionado con el mundo de los negocios no productivos, a lo largo de las últimas décadas, EEUU ha redoblado la extracción ilegal de drogas provenientes de América latina. El negocio, que está creando un caos en todo el hemisferio, generó la llamada “guerra de las drogas” promovida por EEUU, desintegrando las estructuras sociales de muchos países del Gran Caribe. A su vez, promueve instancias político-militares y consolida un mundo dominado por el crimen organizado encadenado a nivel internacional con eslabones en cada país, que combinan instancias gubernamentales y no-gubernamentales.

Respondiendo a estos retos internos y externos, América latina está promoviendo organizaciones que proclaman la unidad regional como el ALBA, el UNASUR y el CELAC, así como el MERCOSUR. La unidad regional que, en gran parte, es impulsada por Brasil, es vista con sospecha por EEUU que apoya organizaciones más tradicionales como la OEA y promueve el nuevo Eje del Pacífico con países cuyos gobiernos son más conservadores.

En la cumbre de Cartagena de Indias, los gobiernos latinoamericanos por primera vez no lograron ponerse de acuerdo con EEUU para aprobar una declaración final. Las diferencias pesaban mucho más que las áreas de interés común. De manera abierta los países de la región le pidieron a EEUU que revisara su política anquilosada frente a la Revolución cubana. Igualmente, le pidieron que se solidarizara con Argentina frente a su conflicto con Gran Bretaña en torno a las islas Malvinas. También le dijeron que abandonara su fracasada “guerra contra las drogas” y pusiera orden en su propia casa.

¿Cuáles son la opciones abiertas a los pueblos latinoamericanos frente a este panorama complicado? ¿Quiénes son los actores sociales? Sin duda, los gobernantes lo discutieron en las reuniones reservadas y no concurridas por la prensa. En la próxima entrega le presentaremos esas opciones.

Panamá, 19 de abril de 2012.

Puerto Rico y el presidente Martinelli

El aeropuerto de Tocumen, de la ciudad de Panamá, se ha convertido en uno de los terminales más concurridos en América latina, por los servicios de trasbordo que ofrece. Lo que no se sabía es que continua siendo un centro de operaciones de las agencias de seguridad norteamericanas. En la actualidad, el gobierno panameño anunció que se está invirtiendo cerca de 400 millones de dólares en remodelaciones y ampliaciones del terminal. Es probable que los agentes de Washington se beneficien.

EEUU alega que su misión militar en la región latinoamericana se concreta a la vigilancia, detección y represión del tráfico de ilícitos, especialmente la droga con destino a ese país. Sin embargo, Tocumen también sirve, aparentemente, para filtrar a los viajeros que no cuadran con la ideología dominante de los norteamericanos. A fines de marzo fueron detenidos en el aeropuerto figuras políticas que tuvieron una destacada participación en un Congreso del Partido del Trabajo (PT) en la ciudad de México. El PT proclamó en esa reunión a su candidato a presidente, Andrés M. López Obrador, crítico de la política exterior de EEUU.

En este caso particular, viajó al Congreso en México el dirigente del Partido Nacionalista (PN) de Puerto Rico, Francisco Torres (un ciudadano con pasaporte norteamericano), haciendo escala en el terminal aéreo de Tocumen. A su regreso, “fue interceptado por la policía panameña y separado del resto de sus compañeros”. Para sorpresa de sus acompañantes, Torres fue presentado a dos individuos que se identificaron como “agentes federales” de EEUU. Después de un careo, en el cual se les preguntó (a los agentes) con que autoridad actuaban en un “país libre y soberano, Torres fue liberado”.
El asunto no terminó allí, “posteriormente a su llegada a Puerto Rico, Torres fue detenido por las autoridades de inmigración de EEUU y sometido a un interrogatorio por más de dos horas”. Igual suerte tuvo la secretaria del PN, Linda Lebrón.  

Lo más lamentable de este incidente fue la denuncia de los políticos puertorriqueños quienes no ahorraron epítetos para calificar la actuación de la Policía panameña: “Denunciamos la colaboración y entrega del gobierno de la neo-colonia de Panamá que haciendo dejadez de su soberanía nacional presta su territorio para atacar a patriotas puertorriqueños”.
En otro comunicado, el PN agrega que “toda la documentación personal de Torres, incluyendo tarjetas de crédito, de banco, la de su seguro medico, licencias ,así como los documentos y tarjetas de presentación recibidas en el Seminario del PT fue copiada. Lo sucedido en Panamá es una clara violación a la soberanía panameña”.

En las décadas de 1950 y 1960 el flamante terminal de Tocumen era manejado directamente por agentes de las fuerzas armadas norteamericanas acantonadas en las bases militares que rodeaban el Canal de Panamá. Todos los vuelos eran monitoreados por agentes de las Fuerzas Armadas de EEUU. Los pasajeros eran vigilados por agencias combinadas de inteligencia – EEUU y Panamá – con el fin de detectar movimientos de políticos que no eran del gusto de la potencia del norte o de Panamá. Con la política del general Omar Torrijos de crear una frente internacional de apoyo a Panamá en torno a las negociaciones sobre el Canal de Panamá, se puso fin al uso de Tocumen como filtro de las agencias norteamericanas. Sin embargo, después de la invasión militar de EEUU a Panamá en 1989, Tocumen regresó a manos de las agencias de seguridad norteamericanas.

El colapso del bloque socialista en Europa, incluyendo a la Unión Soviética, supuso que ya EEUU no necesitaba controlar los movimientos de sus adversarios políticos en el aeropuerto de la ciudad de Panamá. Sin embargo, el incidente con el dirigente puertorriqueño demuestra lo contrario. La política de Washington está muy presente y su intervención en los aparatos de seguridad panameños están vigentes.

En el plano regional, EEUU acaba de vetar la discusión del bloqueo que mantiene sobre la isla de Cuba por más de 50 años en la próxima Cumbre de las Américas en Cartagena. Por otro lado, Washington logró eliminar de la agenda la cuestión de las islas Malvinas, colonia británica en el sur del Atlántico que reivindica Argentina. Además, Washington nunca ha permitido que se presente el caso de Puerto Rico en un foro de la OEA o a un debate transparente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Puerto Rico, a pesar de encontrarse bajo la dominación de EEUU por más de cien años, sigue luchando por su independencia. El movimiento, incluso, está cobrando fuerza en EEUU que reconoce la injusticia que se comete contra ese pueblo que cada amanecer ve una bandera extranjera izarse sobre su territorio.

Con lo ocurrido en Tocumen, el gobierno panameño parece estar entregando su soberanía y dignidad a la gran potencia del norte. A la vez, está apoyando el colonialismo norteamericano en Puerto Rico, rechazado por varias generaciones de panameños. En Panamá, el Partido Alternativa Popular (PAP), indignado por la detención del dirigente nacionalista puertorriqueño, le exigió – en un comunicado – al presidente Martinelli más respeto por la soberanía nacional y por los derechos inalienables del pueblo de Puerto Rico.

Panamá, 12 de abril de 2012.

 

Las dos caras del “Fondo Soberano”

Para muchos analistas neoliberales, liberales o simplemente pragmáticos, las políticas económicas del actual gobierno son contradictorias y conducen inevitablemente a un callejón sin salida. Los últimos pasos dados por el presidente Ricardo Martinelli auguran la venta de activos públicos que producen dividendos para las arcas fiscales del país: acciones de la empresa telefónica Cable &Wireless (C&W) y terrenos propiedad de la Zona Libre de Colón (ZLC) fundada a mediados del siglo pasado.

Para contradecir estas iniciativas, el gobierno anunció un proyecto de ley que crearía un Fondo Soberano donde serían depositados anualmente cerca de mil millones de dólares provenientes, en gran parte, de los excedentes producidos por el incremento espectacular de los ingresos de la operación del Canal de Panamá.

Por un lado, el presidente Martinelli dice que necesita dinero “fresco” para sus obras viales y, por el otro, admite que no puede invertir todos los ingresos de la vía acuática para lo cual tiene que crear una “cuenta de ahorros”.

Los analistas neoliberales, tanto del gobierno como de la oposición, no pueden hacer públicas sus opiniones sobre la iniciativa financiera. Algunos no la entienden y otros se alarman por el significado real de las pretensiones gubernamentales. Los políticos más pragmáticos han manifestado sus sospechas, señalando que la venta de las acciones de C&W y de las tierras de la ZLC tienen como destino los cofres electorales que regarán las campañas electorales con miras al 2014.

Los rectores de la política financiera panameña le han dado la espalda a los consejos de EEUU y de la CEPAL en cuanto a la forma en que deben manejar los recursos económicos del país. Hace poco la CEPAL congratuló a los gobernantes de la región señalando que "los actuales flujos de inversión ratifican el buen desempeño de las economías de América Latina y el Caribe, pese al escenario de turbulencias económicas” a escala mundial. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la institución regional de la ONU, agregó, sin embargo, que “en materia de inversiones extranjeras directas nuestro mensaje a los países ha sido que aprovechen estos ingresos con políticas de desarrollo productivo e innovación". En otras palabras, todos los países, incluyendo a Panamá, deben utilizar sus excedentes en impulsar las áreas productivas que le aseguran un crecimiento económico a largo plazo.

La CEPAL señala que “el aumento de los ingresos de las inversiones extranjeras directas se explica por la estabilidad y el dinamismo económico en la mayoría de los países y los altos precios de las materias primas, que continúan incentivando la inversión en la minería”. En el caso de Panamá, en la actualidad, los ingresos extraordinarios provienen de las operaciones del Canal de Panamá que en el último año tuvo ingresos que sumaron 2.3 mil millones de dólares.

Mientras que el resto del mundo ve con recelo el futuro económico, Panamá no define una política y menos un plan de desarrollo nacional. La agricultura ha sido arruinada por los tres últimos gobiernos y el proceso de des-industrialización se ha completado en su totalidad. 

La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcenas, enfatiza que “a pesar de las buenas perspectivas respecto de los ingresos económicos extranjeros, la crisis de deuda soberana en los países europeos, el dilema fiscal de EEUU y la volatilidad financiera global (crean) incertidumbre sobre el financiamiento de las empresas transnacionales y sus futuros planes de inversión”.

En otros países de la región también se han creado “Fondos Soberanos” con el fin de ahorrar parte de los enormes ingresos producto de sus exportaciones mineras y agrícolas a China. Las reglas de juego, sin embargo, son muy diferentes a las de Panamá. Los ahorros son destinados a proyectos nacionales que estimulan el desarrollo en áreas estratégicas de la economía (innovación agrícola e industrial) y de los sectores sociales como la educación, la ciencia y la salud.

En el caso de Panamá, el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, explicó que el Fondo Soberano tendría dos objetivos. Por un lado, mitigar los desastres causados por la falta de planificación. La ley del ministro de Lima los llama “desastres naturales”. Los ahorros panameños deben pagar por los desastres cometidos por la falta de planificación de los contratistas de gobierno.

Por el otro, el Fondo Soberano es un seguro que pagamos todos los panameños para salvar a los financistas y especuladores que hace varios años y en la actualidad están haciendo inversiones multi-millonarias en proyectos que seguramente quebrarán cuando se termine el “boom” económico de la ampliación del Canal y regresemos a las tasas deprimidas de crecimiento económico.

En los cinco años de gobierno del presidente Martinelli, se calcula que todos los panameños se endeudarán en 5 mil millones de dólares gracias a las políticas financieras del mandatario. La mitad de esa deuda la pagarán nuestros hijos y nietos castigando sus niveles de vida. Con el Fondo Soberano, la otra mitad será pagada a los especuladores con la cuenta de ahorros creado para ese fin. El actual gobierno le está asegurando a los especuladores que si la economía panameña colapsa a corto o mediano plazo su inversión será cubierta por el Fondo Soberano. 

Panamá, 5 de abril de 2012.

“El país está en guerra”

“El país está en guerra”, fue lo que le gritó el agente de la Fuerza del Orden a un ex policía jubilado que, por casualidad, también era ngobe y protestaba contra la desposesión de las tierras ancestrales de su pueblo en San Félix, a principios de febrero pasado. A mediados de marzo, otro miembro de la Policía amenazaba a dos mujeres en La Chorrera diciéndoles que no le habían “enseñado a escuchar, sino a matar”.

Estas dos experiencias - y otros incidentes similares - están dando claros indicios de una creciente militarización de la llamada Policía Nacional panameña. La insubordinación reciente de un grupo de oficiales de la Policía frente al ministro de Seguridad Pública es otra señal. Más aún, es más preocupante cuando el presidente de la República avala lo actuado por la Policía y el ministro se retracta de sus declaraciones originales.

Los oficiales de la Policía panameña, así como los agentes, están siendo entrenados para tratar a la población como enemigos potenciales del Estado. Muchos de los oficiales, incluso, no tienen entrenamiento como policías y salen directamente de academias militares. Los policías, a su vez, son reciclados en academias norteamericanas, israelíes y colombianas para aprender tácticas represivas y de control militar.

En el libro que publicamos en 1990, La democracia en Panamá, planteábamos que el país no tendría un régimen político democrático si no se cumplían con, por lo menos, dos condiciones fundamentales: En primer lugar, las instituciones armadas del país – como eran la Guardia Nacional (1953-1983) y después las Fuerzas de Defensa (1983-1989) – no podían estar al servicio de una potencia extranjera (es decir, EEUU). Segundo, que era necesario distinguir claramente entre una policía al servicio de la comunidad y un ejército entrenado para rechazar y reprimir al enemigo.

Después de la invasión, EEUU se apoderó de la Policía Nacional y la convirtió en una herramienta en su política exterior hacia Panamá. Muchas de las funciones de adiestramiento se las delegó a las Fuerzas de Defensa de Israel. Con motivo de su campaña contra el “terrorismo” a escala mundial, EEUU comenzó a entrenar a la Policía panameña para cumplir con funciones militares combinadas con actividades de seguridad interna. En 2008, durante los ejercicios militares Panamax, en torno al Canal de Panamá, el Comando Sur de EEUU creó la consigna de que la policía panameña estaba en una guerra contra una supuesta “insurrección campesina e indígena” que ponía en peligro la estabilidad del país.

La presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) introdujo elementos de confusión en las funciones de la Policía Nacional. ¿Evolucionaba para convertirse en Ejército o continuaría siendo un híbrido (“ni chicha ni limonada”)? Desde que el presidente Ricardo Martinelli asumió la primera magistratura, la militarización de la policía ha avanzado de manera más acelerada. Pero en vez de crear un Ejército para resguardar las fronteras o controlar nuestro espacio aéreo o aguas territoriales, se ha creado un aparato militarizado para controlar todos los aspectos relacionados con la vida política del país.

Las comunidades, las ciudades, las carreteras y las zonas rurales son objeto de un permanente resguardo militar. El policía confunde al ciudadano con un peligroso enemigo del Estado. A su vez, el soldado sigue órdenes en el campo de batalla frente a un enemigo formado por amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores. La confusión está conduciendo al país a una situación de caos.

Actualmente, no es un secreto que EEUU controla los aparatos de seguridad del Estado panameño. El 31 de diciembre de 1999 evacuó sus tropas del país y cerró todas sus bases militares. Sin embargo, no abandonó sus puestos en los aparatos de seguridad del gobierno panameño. Además, hay cierta confusión en el Consejo de Seguridad Nacional en la medida en que los policías y soldados panameños no saben si las directrices de los aparatos de seguridad del Pentágono son más potentes que los provenientes del Departamento de Estado. Tampoco saben muy bien si las líneas de acción política que emanan de la CIA y de la DEA neutralizan los objetivos de los anteriores.

Es fundamental que los gobernantes desenreden los papeles que le corresponden jugar a policías y soldados en la estructura política del país. Esa misma confusión – creada por la política exterior de EEUU hacia Panamá -  llevó al coronel Remón Cantera a la Presidencia en 1952, siguió con el golpe militar de 1968 y la invasión militar norteamericana en 1989. Todo indica que las debilidades de la clase política, de la incapacidad de los sectores medios y populares para poner orden y la voracidad conocida de EEUU, nos están llevando por el mismo camino ya recorrido en la segunda mitad del siglo XX. EEUU podría beneficiarse, los especuladores siempre pescan mejor en río revuelto y los soldados quizás se reparten algunas prebendas. Cuando los policías declaran que “el país está en guerra”, o que “policía juzga policía” o que luchan contra una “insurrección campesina e indígena” es igual a un río que suena, porque piedras trae. De un enfrentamiento de este tipo sólo el país y el pueblo panameño serán los perdedores.

Panamá, 29 de marzo de 2012.    

Acuerdos a medias y sin claridad

El ¨diálogo” entre el gobierno  panameño y los líderes de la Comarca Ngobe Buglé culminó, según las partes, en un acuerdo a medias, sin claridad y con un grado de compromiso casi inexistente. Mientras que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli se levantó de la mesa anunciando que los proyectos hidroeléctricos en la comarca continuarían, los indígenas aseguraban que el acuerdo limita el poder del gobierno para aprobar cualquier iniciativa en esa dirección. La ambigüedad sólo augura pesados nubarrones cargados de malos presagios para el futuro inmediato.

Los medios de comunicación no informaron cuales fueron los acuerdos. El gobierno se limitó a decir que presentaría nuevamente el conflictivo artículo 5 del proyecto de ley a la Asamblea. La delegación ngobe buglé, encabezada por la cacique Carrera, informó a sus bases y anunció que vigilaría los debates en la cámara de los diputados.

¿En qué consisten los acuerdos? El Bloque Popular Universitario – grupo político estudiantil – resumió los 7 puntos acordados por los ngobe buglé, el Ejecutivo y avalado por la Iglesia católica y la oficina regional de la ONU con sede en Panamá:

1.“Se acordó cancelar todas las concesiones y solicitudes de concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales (mineras) vigentes a la fecha en la comarca y áreas anexas”. Este punto, en realidad, no estaba en la mesa de negociaciones. Incluso, el gobierno nacional anunció su intención, independiente de cualquier demanda de los pueblos indígenas, de poner fin a la ley de CODEMIN, empresa estatal dueña de la concesión de Cerro Colorado. La extracción de cobre de esa mina puede producir un total de US$250 mil millones de dólares de ganancias en un período de 70 años. Con esta modificación, se crean las condiciones para la privatización de esa mina cuprífera.

2. “Se estableció que las solicitudes futuras de concesiones deberán contar con la aprobación de los congresos locales, regionales y comarcales y ser sometidas a referendo en las circunscripciones afectadas”. Este punto está establecido en la ley que creó la comarca ngobe buglé en 1997. El pliego original de los indígenas planteaba que no habría solicitudes de tipo alguno en el futuro. Los ngobe buglé exigían que se cumpliera con la ley, al igual que en Guna Yala, donde sólo hay propiedad colectiva sin concesiones.

3) “Se estipuló que, de aprobarse alguna concesión de acuerdo a los criterios anteriores, deberá establecer un beneficio mínimo del 5 por ciento de la facturación anual como resarcimiento para la comunidad... (Además,) por lo menos el 25 por ciento de la fuerza de trabajo debe contratarse en el área”. Los propietarios colectivos de la tierra y su riqueza sólo recibirían el 5 por ciento del producto de la facturación. Con la experiencia adquirida en el último siglo y medio de negociaciones en el mundo entero, esta concesión y sus supuestos beneficios son inadmisibles. Es indigna, además, la oferta concerniente al 25 por ciento de la fuerza de trabajo no calificada. Incluso, Omar Torrijos cuando negoció la explotación de la mina Cerro Colorado con los empresarios canadienses en 1975 (hace más de 35 años) exigió más del 50 por ciento de los ingresos y, además, la formación de los profesionales (ingenieros, economistas, geólogos y otros) panameños que trabajarían en la explotación de la mina.

4) “Se convino crear un fondo especial para el desarrollo de la comarca. Los beneficios serán administrado a través de un patronato por dos representantes del Congreso General, dos por el Congreso Tradicional y uno del Consejo de Coordinación”. El gobierno nacional no esconde su carta debajo de la manga, sabiendo que pueden manipular este “fondo especial” para su propio beneficio.

5) “En caso de aprobarse algún proyecto minero o hidroeléctrico, serán indemnizadas las familias afectadas”. Esto está en toda ley y en ningún momento era parte de la negociación.

6) “Respecto al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en ejecución en este momento, se nombra una comisión compuesta por los mismos sectores que integraron la mesa de diálogo para revisar el estudio de impacto ambiental, pero la obra no se detendrá, salvo al momento de hacerse la inspección. Si hubiera controversia sobre ese proyecto, se nombrará una comisión independiente para realizar un peritaje”. Sin duda, este era el punto más álgido de la negociación y la que le costó la vida a dos jóvenes trabajadores indígenas quienes protestaban por la insistencia del gobierno de que el proyecto Barro Blanco ‘va porque va’. La consigna era que no se aceptaba la hidroeléctrica porque causaría daños irreparables al pueblo ngobe buglé. Según este acuerdo, todo indica que el gobierno quiere imponer su criterio. El pueblo ngobe buglé no lo quiere e, independientemente, de la firma de un papel en la mesa del “diálogo” todo indica que seguirá resistiendo, cueste lo que cueste.

7) “Se acordó el diseño de un Plan de Desarrollo Integral para todos los pueblos originarios de Panamá”. Este séptimo y último supuesto acuerdo está en todas las leyes que crean comarcas en Panamá. Es letra muerta ya que los gobiernos de turno no tienen interés en ejecutar planes de desarrollo integrales en parte alguna de la República.

Panamá, 22 de marzo de 2012.

Una crisis de gabinete y algo más

La renuncia frustrada del ministro de Seguridad Pública, J. Raúl Mulino, fue el producto de un conjunto de factores que, sin duda, están ligados a las declaraciones irrespetuosas del ahora ex director de la  Policía Nacional, Gustavo Pérez de la Ossa. Las exigencias del pueblo ngobe buglé en el “diálogo” de Clayton forman parte de la trama. Igualmente, el fracaso de la “guerra contra la droga” de EEUU afecta los operativos de las instancias cada vez más militarizadas de seguridad panameñas (Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Marítimo Aéreo). La inexistencia de enemigos reales tiende a arrastrar a los países de la región a zonas ingobernables. La visita de Joe Biden, vicepresidente de EEUU, a Honduras,  donde se congregaron los presidentes de la región centroamericana para escuchar las últimas líneas de Washington. También hay que analizar la reciente pasada relámpago de 12 horas por Panamá de la ministra de Seguridad Interna de EEUU, Janet Napolitano. Firmó muchos acuerdos, pero no se dio a conocer el propósito de sus reuniones con el presidente Ricardo Martinelli y su equipo.

El primer mandatario panameño se encuentra en una encrucijada que parece impedirle salir golpeando como boxeador por primera vez desde que llegó a la Presidencia en 2009. El choque entre Mulino y Pérez no sólo tiene implicaciones nacionales. En el tinglado también están en juego los intereses de las distintas instancias de seguridad de EEUU, Israel y otros países. El general Noriega, recluido en El Renacer, podría ayudar a los analistas a entender ese mundo de agencias norteamericanas que están luchando por sus respectivos espacios.

Mulino dio el primer golpe al lograr que el Gabinete de Martinelli aprobara su propuesta de que los agentes en las tres instancias de seguridad armadas de Panamá rindieran cuentas. No esperaba, sin embargo, el contragolpe tardío de Pérez quien convenció al presidente de que esa iniciativa debilitaba sus aspiraciones políticas en el futuro inmediato. En apariencia el asunto fue manejado de manera tan torpe que al final el propio Pérez perdió su puesto y lo relegaron al Consejo de Seguridad.

Hay quienes especulan que la maniobra fue estudiada para permitirle a Pérez llegar al Consejo de Seguridad donde supervisaría a las tres instancias militarizadas: Policía Nacional, SENAFRONT y SENAN. Un aspecto interesante de este proceso, que está lejos de culminar, fue la represión del pueblo indígena ngobe en San Félix en febrero de 2012. Los operativos de la Policía y de SENAFRONT no fueron coordinados de manera que pudieran neutralizar las protestas indígenas.

Los mandatarios que se han sucedido en el poder en Panamá desde la invasión militar norteamericana en 1989, han planteado que su objetivo principal es crear una plataforma nacional favorable a la realización de negocios. Cada uno sacó su plan improvisado y se dedicó a buscar mecanismos para favorecerse y repartir prebendas entre sus allegados. En el caso de Martinelli, no creyó necesario presentar un plan y se ha dedicado a crear proyectos de inversión y buscar fórmulas para nuevos negocios.

Los militares panameños, que estaban en el poder antes de la invasión, no se oponían a los negocios pero privilegiaban su visión de país bajo un paraguas compartido con el Pentágono. Perdieron la lucha interna en EEUU cuando la Casa Blanca se alineó con los estrategas del Departamento de Estado quienes maniobraron mejor que el Pentágono y, al mismo tiempo, neutralizaron las ambiciones de la DEA y de la CIA. La campaña mediática y diplomática de dos años contra Noriega, orquestada por el Departamento de Estado, culminó con la invasión, legitimada por una opinión pública norteamericana ablandada.

Martinelli utilizó la fuerza para reprimir las protestas del pueblo ngobe – en Changuinola en 2010 y San Félix en 2012 – movilizando policías antimotines y tropas fronterizas. Ambas decisiones tuvieron un costo político demasiado alto para quien busca la reelección (a pesar de la prohibición constitucional). EEUU se percató que el gobierno panameño no controla la situación política y no cuenta con un consenso nacional. EEUU ha arrinconado al presidente Martinelli y ha puesto a una oposición financiada por otro sector de los rentistas panameños, aún fraccionada y debilitada, a socavar la legitimidad del actual gobierno.

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, manifestó en un programa de televisión que la designación de Pérez como jefe del Consejo de Seguridad fue una premiación por parte de Martinelli. Fue concedida, agregó,  “ante la insubordinación que cometió el director de la Policía Nacional contra Mulino”. La abogada agregó que este movimiento en “ajedrez se conoce como un enroque. Un movimiento que hacen para acomodar al rey”.

La llave de salvación de Martinelli puede estar en el diálogo con el pueblo ngobe. Los indígenas luchan por el futuro de su estilo de vida, incluso de su propia sobre-vivencia cultural. Para el gobierno, en cambio, la lucha tiene propósito y fecha: la reelección en mayo de 2014. Martinelli necesita encontrar un aliado en esta coyuntura, no puede descuidar sus flancos: Las protestas populares, el rechazo de la “sociedad civil” y los intereses de EEUU pueden combinarse para que tenga que enfrentar algo más que una crisis de gabinete.

Panamá, 15 de marzo de 2012.

Ana, María, Carla y Neir, heroínas ngobe

Los pueblos del mundo hacen un alto hoy para reconocer las luchas de las mujeres para hacer valer sus derechos humanos, sus derechos políticos y sus derechos como trabajadoras. La historia humana nos presenta una mujer combativa pero subordinada en sociedades machistas. Es la historia de los dominantes, escrita por los hombres.

A pesar de ello, las mujeres campesinas, esclavas y obreras siempre han ocupado posiciones de vanguardia en las luchas de los pueblos. Además, han librado batallas importantes en la consecución de sus derechos como personas. En los últimos 200 años, las mujeres obreras ocuparon posiciones destacadas en la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo. Así mismo encabezaron las luchas por el reconocimiento de la familia e, igualmente, por el sufragio. En el plano internacional, las mujeres trabajadoras celebraron su primera reunión en 1907 cuando organizaron la primera Conferencia Internacional de las mujeres socialistas con la participación de 58 delegadas de 14 países. La reunión comprometió a varios partidos progresistas a apoyar la lucha por el voto femenino. La resolución fue elaborada por tres mujeres que dejaron su huella histórica: Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Alexandra Kollontai.

En el caso de Panamá, muchas mujeres se colocan en la vanguardia de las luchas de los partidos políticos, asociaciones cívicas y gremios profesionales. Mujeres de la talla de la abogada Clara González, de la educadora Sara Sotillo y de la dirigente obrera Marta Matamorros, junto a muchas otras, sembraron una semilla que florece más fuerte con cada nueva generación.

No quiere decir que las mujeres pueden descansar. Al contrario su lucha continúa y, a veces, pareciera que se hace más dura. El ejemplo actual de las batallas del pueblo ngobe y buglé es un claro ejemplo. El movimiento, que es reprimido violentamente por el gobierno nacional, es dirigido con sabiduría y mucha habilidad por la cacique Silvia Carrera.

En el marco de los acuerdos de reprimir a los pueblos indígenas panameños, el gobierno desató durante tres años seguidos (2010 a 2012) ataques a los ngobe buglés derramando mucha sangre, causando 5 muertes y más heridos. El gobierno tiene como premisa desde 2007 – cuando se adoptó en los ejercicios militares Panamax en el área del Canal de Panamá, encabezados por EEUU – que los indígenas son potencialmente subversivos y supuestamente ponen en peligro la seguridad del hemisferio.

Según un informe recién publicado por la Comisión de Observación, que cita artículos de prensa de La Estrella de Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional utilizó tácticas militares para reprimir a los indígenas y, muy especialmente, a las mujeres. El informe recoge cuatro testimonios de mujeres indígenas que fueron violentadas por agentes del SENAFRONT y de la Policía bajo el pretexto de que las madres de familia ngobe eran agentes subversivas. Es la táctica que aprenden en sus clases dirigidas por especialistas norteamericanos (¿con experiencia en Guantánamo?) Ana, María, Carla y Neir son heroínas panameñas y ngobe en las luchas de las mujeres en cualquier parte del mundo.

Según el testimonio de Ana, quien fue herida por un disparo de perdigón y llevada detenida a un bus, “me pusieron en el último asiento y comenzaron a subirme la ropa y a tocarme mis partes íntimas. Unos me tocaban y el resto se reía... Después quedaron sólo dos conmigo y los dos sacaron su cosa y querían metérmela en la boca”.

El testimonio de María señala que “unas unidades de Senafront me arrastraron hacia un bus mientras me gritaban ‘¡Chola hija de puta, sabes tirar piedra ahora sí vas a tirar piedra!’ Llegamos a un aeropuerto y ahí estaba la guardia de darienitas quienes nos decían que ‘ las vamos a coger por delante y atrás, vas a ver que vas a sentir un poquito de ardor’. Nos llevaron al cuartel de David. Nos revisaron, nos quitaron la ropa y nos pegaban. Estuvimos de pie por más de 48 horas, si nos sentábamos nos pegaban. Tengo la barriga toda inflamada. Estuve casi dos días sin dormir”.
Según Carla, “me agarraron en el cruce de Las Lajas con San Félix, me amarraron las manos, me pegaron y me tiraron gases lacrimógenos en la cara. Me metieron en un bus y nos decían: ‘Las vamos a violar, vamos a hacer lo que nosotros queramos’. Nos cacheteaban, nos pegaban con el tolete... no nos dejaban ir al baño solas, nos acompañaba una policía mujer y un hombre que a mí me subió la ropa y me tocó las partes”.
Neir estaba en compañía de sus dos hijas cuando la agarraron los agentes de la Policía en el baño de un restaurant donde trató de esconderse. “En eso vino un fronterizo y nos montó en un bus que nos llevó al aeropuerto de Las Lajas. Nos dejaron de rodillas bajo el sol desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde. Éramos nueve mujeres. En todo ese tiempo nunca nos dieron comida ni agua. Cuando estábamos en el aeropuerto decían que yo era terrorista y que estaba transportando droga y bala. Esto por supuesto era falso”.

Así como estas cuatro, todas las mujeres ngobe que luchan son hoy heroínas.

Panamá, 8 de marzo de 2012.