Un tratado comercial asimétrico y desigual

La economía panameña representa aproximadamente una dos milésima (0.002) parte de la de EEUU. Por cada transacción que se realiza en Panamá, en el país del norte se realizan 500. En otras palabras, los panameños y extranjeros en el istmo producimos en 2011 – en bienes y servicios - cerca de 32 mil millones de dólares. Los norteamericanos, y la gran población extranjera que reside en ese país, generaron gracias a su trabajo cerca de 16,000 mil millones de dólares. Algo como 500 veces más que los panameños.

Si analizamos estas cifras por cada habitante, la diferencia entre los países también es significativa. Los 320 millones de norteamericanos producen anualmente – cada uno - en promedio, casi 50 mil dólares. En cambio, los panameños producimos por cada habitante 10 mil dólares al año.

La desigualdad social y económica en ambos países es muy marcada. Entre los países industrializados del mundo, EEUU tiene la tasa de desigualdad socioeconómica más alta. Panamá se coloca entre los tres países de América latina con las tasas de mayor desigualdad. América latina es la región con las tasas de desigualdad más elevadas del mundo.

En Panamá, el 20 por ciento más rico concentra más del 60 por ciento de todas las riquezas del país. Algo parecido ocurre en EEUU. La desigualdad social y económica en dos países también explica las tasas altas de violencia, el porcentaje elevado de personas encarceladas y los problemas en sus sistemas de educación y salud.

La clase obrera de los dos países se reduce anualmente y los salarios pierden capacidad de compra. Las capas medias tienden a disminuir en ambos países y su participación política se hace sentir menos con el paso de los años. EEUU era la potencia hegemónica cuando encabezaba a los países del mundo en producción industrial, exportaciones, educación y poderío militar. En la actualidad, sigue siendo el país que gasta más en inversiones guerreras. (Invierte más en producir armamentos que todos los demás países del mundo juntos). Sin embargo, ha perdido su liderazgo en los campos de la producción industrial, exportaciones y educación.

Panamá es un país sub-desarrollado (en el sentido de su producción para el mercado capitalista). En los últimos 20 años (1990-2010) ha visto su producción industrial y agropecuaria disminuir. En cambio, los sectores que especulan con las finanzas han crecido en forma significativa (representan el 80 por ciento del producto interno bruto). Igualmente, las actividades económicas asociadas con el comercio marítimo mundial: Canal de Panamá, puertos, seguros y otros.

En este marco de creciente contradicciones sociales y de incertidumbre económica, Panamá y EEUU puso en efecto esta semana un tratado de “comercio libre” cuya negociación se inició hace más de diez años y que fuera firmado en 2007. EEUU, sin embargo, no lo ratificó hasta octubre de 2011 (junto con instrumentos similares con Colombia y Corea del Sur). Además, Washington le impuso a Panamá un conjunto de acuerdos que no estaban en el pacto original. Es un acuerdo que refleja la asimetría entre las partes. El gigante económico de EEUU manejará un vehículo donde Panamá queda colgada de una ventana sin posibilidad alguna de sacar ventaja del paseo. EEUU podrá colocar (dump) en el mercado panameño todo lo que produce. En cambio, Panamá no podrá vender sus productos en el país del norte.

Según el director de la Oficina de Comercio Exterior de EEUU, Ron Kirk, “bajo los términos acordados Panamá eliminará los aranceles y otros obstáculos a las importaciones norteamericanas. El tratado, agrega Kirk, promoverá el crecimiento económico y la expansión del comercio entre los dos países”. Obviamente, el gobierno panameño no tiene algo que decir. Su silencio lo dice todo. Para Panamá el acuerdo promoverá más subdesarrollo económico y menos exportaciones a ese país. 

El acuerdo final se logró cuando hace unas semanas el presidente Ricardo Martinelli firmara una adenda permitiendo que EEUU aplicara su legislación sobre propiedad intelectual y patentes en Panamá. Panamá también permitirá que EEUU utilice sus mecanismos de resolución de conflictos en el país. Panamá es uno de los pocos países del mundo que permitió que EEUU reemplazará su propia legislación por reglamentos norteamericanos en esta materia.
Según la oficina de Comercio Exterior de Washington, el tratado le permitirá a EEUU introducir al mercado panameño, entre otros productos, arroz y azúcar. Panamá es un importante productor de arroz para una población que privilegia el consumo de ese rubro. El gobierno panameño ya le ha notificado a los agricultores de arroz que cambien de producción para acomodar el arroz norteamericano. Cuando la oficina de Comercio Exterior de EEUU se refiere al azúcar hay indicios de un cambio histórico de política. Desde principios del siglo XX, Panamá exporta azúcar (de caña) a EEUU.
En 2010 las exportaciones de EEUU a Panamá sumaron un total de 8.2 mil millones de dólares. Panamá, a su vez, sin incluir los servicios marítimos (Canal de Panamá) y bancarios, le exportó a EEUU menos de 500 millones de dólares. Con el tratado, EEUU proyecta que sus exportaciones aumentara a 20 mil millones de dólares. Panamá no se beneficiará. La relación entre ambos países continuará con los mismos vicios de desigualdad, asimetría y sólo beneficiará a una de las partes.

1º de noviembre de 2012.

Colón en “estado de sitio”

“A llorar al cementerio…” fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y el trabajador kuna recibió un disparo en la frente en medio de la represión desatada contra el pueblo colonense por parte de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). 

Este cuerpo militarizado es financiado, armado y entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha identificado como el enemigo número uno de sus intereses a “los campesinos e indígenas de Panamá”. La militarización acelerada del país puede explicar el reciente nombramiento de un comisionado (coronel) de la Policía como vice-ministro de Seguridad.

La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal.  La Policía Nacional allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica con el fin de detener a personas refugiadas en ese sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo que Colón se encuentra en “estado de sitio”. El Frente inició un paro de 48 horas de todos los sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas declaró que el Frente quiere dialogar con el gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como consecuencia de la represión del martes, el Frente anunció que el paro tendría carácter indefinido. El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró que la represión que ha causado dos muertes y decenas de heridos se justifica para proteger a los manifestantes. Igual opinó el Director de la Policía Nacional, Julio Moltó.

Apenas en febrero de este año, Martinelli desplazó al SENAFRONT a San Félix donde el pueblo ngobe buglé organizado se opone a la construcción de hidroeléctricas en su comarca. Murieron dos trabajadores. En 2010 Martinelli también transportó en avión varios batallones del SENAFRONT para aplastar una protesta de los trabajadores de la bananera Bocas Fruit. En este caso, murieron dos obreros indígenas. Todas las muertes fueron provocadas por heridas de balas. Se registraron, además, decenas de heridos de perdigones y mujeres ultrajadas.

La privatización de la ZLC

La “privatiziación” de las tierras de la ZLC traspasa la propiedad de ese patrimonio de la ciudad de Colón a intereses privados. Hasta ahora, la tierra era propiedad del Estado y patrimonio de los colonenses (según la Ley que creó la ZLC en 1948). Los comerciantes alquilaban los lotes donde construían mejoras (almacenes y tiendas) para depositar mercancías y venderlas a los compradores de países vecinos (en gran parte, la región andina, el Caribe y Centro América).

Hay dos versiones para justificar la operación financiera del gobierno de Martinelli, ninguna de las cuales se relación con las políticas neoliberales impuestas por las agencias financieras norteamericanas. Por un lado, los financistas del Ministerio de Economía y Finanzas incluyeron en el presupuesto de 2013 una partida de US$400 millones que sería cubierto con la venta de las tierras de la ZLC. Por el otro, con la venta de las tierras el gobierno está creando un nuevo segmento de “rentistas” que vivirían de los alquileres de las tierras de la ZLC. Es decir, se trasladaran los ingresos de los alquileres que recibe el gobierno a un grupo de propietarios privados.

Una tercera versión, que surge de algunos sectores, es que Martinelli tiene interés en comprar el paquete inmobiliario y convertirlo en parte de su patrimonio personal. También se estudia la venta de los terrenos vecinos (del Estado) que ampliarían la ZLC que serían adquiridos inmediatamente.  Esta opción no fue concebida ni por los fundadores de la ZLC quienes veían la zona franca como un negocio rentable sin necesidad de tener que compartirlo con los “rentistas”. Los gobiernos liberales (1948-1968), militares (1968-1989) y neoliberales (1990-2010), a su vez, vieron la ZLC como una “caja menuda” siempre disponible para desarrollar proyectos en diferentes partes del país. El diputado de la oposición, Elías Castillo, señaló que el gobierno quiere vender estas tierras para “utilizar ese dinero para gastos y para politiquería”. Según otro diputado, José Blandón, el gobierno necesita dinero para sufragar “el clientelismo y el robo descarado de los recursos públicos”.

Todo Panamá se solidariza con Colón

En una extraña coincidencia, la Asociación de Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones cívicas y populares condenaron la actitud del gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la Ley 72 en la Asamblea. En medio de las manifestaciones populares en la ciudad de Colón, el presidente Martinelli salió del país con destino a Japón (su viaje número 67 al exterior en tres años de gobierno). En Japón Martinelli tuvo el tiempo necesario para atacar a China provocando un incidente internacional deplorable con el principal surtidor de mercancías de la ZLC y el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.

El gabinete de Martinelli parece que está experimentado serias grietas por la forma irresponsable que ha manejado las protestas colonenses. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha indicado en privado que abandonaría su cargo por razones de salud. A su vez, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también ha evidenciado descontento por los acontecimientos de Colón. La ministra fue la única miembro del gabinete que no firmo el proyecto de Ley cuando fue enviado a la Asamblea.

El país entero se ha solidarizado con el pueblo de Colón, las provincias, las comarcas, los municipios, los trabajadores del agro, los obreros de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes e, incluso, sectores empresariales. A la vez, responsabilizan nuevamente al presidente Martinelli, por los desmanes cometidos por las fuerzas policíacas.

25 de octubre de 2012.

El Fondo de Ahorros de los “Empresarios”

En medio del griterío provocado por los políticos de las grandes empresas transnacionales y sus sucursales panameñas, se creó la nueva figura legal denominada Fondo de Ahorros de Panamá (FAP). En la Asamblea de Diputados los partidos políticos, con el Partido Cambio Democrático del presidente de la República a la cabeza, aprueban leyes impopulares destinadas a arrancarle al pueblo los pocos recursos que le quedan. Los partidos de la oposición, sin provocar sorpresas, no hacen esfuerzo alguno para detener el saqueo de comunidades, pueblos y del mismo país.

Todo parece indicar que cada vez es menos lo que las empresas monopólicas pueden arrancarle – legal e ilegalmente – al pueblo panameño. La “guerra contra las drogas” ha servido para que esta clase y sus partidos políticos se rearmen nuevamente hasta los dientes, reprimiendo a los pueblos indígenas, campesinos y comunidades pesqueras.

En teoría, el capital puede despojarle a los trabajadores parte del valor de su trabajo. Es decir, el capital se queda con una parte de la riqueza producida por los trabajadores. Esta capacidad para apropiarse del trabajo ajeno fue analizado por grandes pensadores como Adam Smith – en el siglo XVIII - y Milton Friedman en el siglo XX. Aún más, estos y otros autores estudiaron la forma en que el capital se apropia de la naturaleza que en dos siglos ha llegado a su límite. Esto significa que el capital se apropia del pasado de los pueblos, de su herencia e, incluso, de su propia historia.

Ante las dificultades para arrancarle más valor a los trabajadores y la creciente destrucción de la naturaleza, los empresarios panameños han creado una figura que puede resolver en parte el dilema de cómo seguir haciendo dinero si han acabado con los trabajadores y la naturaleza. La solución es el Fondo de Ahorros de Panamá.

El FAP no es el instrumento legal que los empresarios utilizarán para seguir saqueando las playas o los ríos, tampoco servirá para continuar explotando a los trabajadores (extendiendo su tiempo de labores o reduciendo aún más sus salarios). El Fondo de Ahorros tiene su mira puesta en los hijos y nietos de los trabajadores y las futuras generaciones de panameños. Mediante el FAP los empresarios de la especulación crearan una bolsa en donde todas las riquezas que genere la posición geográfica privilegiada de Panamá se depositarán. Según el ordenamiento legal que pretenden crear, todos los fondos que se generen en el futuro estarán a la disposición exclusiva de este grupo de empresarios,

Mientras que los trabajadores – 80 por ciento de la población – siguen empobreciéndose, este grupo de empresarios tendrá asegurados ingresos multimillonarios. De la enorme riqueza del cual dispondrán, una pequeña parte será destinada a satisfacer las necesidades de una decreciente clase media (que prefiere llamarse “sociedad civil”).

Lo que se ha creado es el Fondo de Ahorros de los empresarios, del emporio comercial soñado por Mariano Arosemena, Tomás Arias y tantos otros que resucitaron en el siglo XXI. La junta directiva del FAD estará compuesta, en forma exclusiva, por un grupo de empresarios dignos herederos de los “próceres” que quisieron – pero no pudieron – vender la patria que los panameños le entregamos a mala hora.

La Junta Directiva del recién creado FAP fue oficializada mediante decreto ejecutivo por un periodo de siete años. Fue nombrado José Abbo, asesor financiero, quien laboró en SFC Investments Panama y Cable and Wireless, entre otras reconocidas empresas al servicio del capital trasnacional monopólico. En la directiva también estará Alberto Alemán Zubieta, quien fungió durante 16 años como administrador de la Autoridad del  Canal de Panamá (ACP). Los acompañará el exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino C., quien es actualmente vicepresidente del Partido Panameñista. Los tres fueron designados por el gobierno para ocupar esas posiciones durante cinco años.

Los otros directivos, quienes estarán en el cargo por tres años, son Fred Kardonski, heredero de una familia que hizo fortuna en el comercio de trasiego de la Zona Libre de Colón. No sorprende ver el nombre del presidente de la República electo en 1984, Nicolás Ardito Barletta. Igualmente, otro antiguo ministro de Economía y Finanzas, Domingo Latorraca. Por último, Jorge Vallarino Strunz, hijo del jefe de la Guardia Nacional (1952-1968), Bolívar Vallarino..

Entre las personas nombradas para formar parte de la directiva del FAP no hay un profesional de la medicina, derecho o ingeniería. No hay un profesor, académico o intelectual. No hay un activista ambiental, sindical o agricultor. En otras palabras, sólo fueron nombrados personas que se dedicarán a hacer negocios para sus patrocinadores. No hay un solo representante del país. No hay un vocero de los intereses de la Nación panameña y de su pueblo.

Los mártires del 9 de enero de 1964 quienes simbolizan las luchas por la recuperación de la soberanía y del Canal de Panamá han sido muy mal servidos. Precisamente, quienes se opusieron a las luchas populares para la recuperación de la posición geográfica usurpada por EEUU, ahora estarán sentados en la directiva del FAP administrando los recursos futuros de un pueblo que luchó y sacrificó 23 jóvenes en esas luctuosas jornadas de enero de 1964.

La lucha continúa.

18 de octubre de 2012.

 

Jované presidente: “Hambre cero”

En un acto multitudinario, el economista y profesor universitario, Juan Jované, anunció su intención de presentar su candidatura independiente a las elecciones presidenciales de mayo de 2014. En el acto participaron organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, educadores, estudiantes y movimientos sociales. En su discurso Jované subrayó los elementos que formarían parte de su programa de trabajo. Destacó durante su intervención que su meta sería alcanzar “hambre cero” entre la población.

Recientemente, informes oficiales indicaron que el 15 por ciento por ciento de la población vive en condiciones de pobreza extrema. Es decir, medio millón de personas se acuestan en las noches y se levantan en las mañanas con hambre en Panamá. El 40 por ciento de la población panameña se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Si Jované llega a la Presidencia eliminaría del todo el hambre mediante políticas concretas. Según el profesor universitario el país tiene los recursos para transformar los indicadores sociales desfavorables. Sólo se necesita el 0.5 por ciento de la producción nacional para acabar con la pobreza.

La mayor parte de los presentes en el lanzamiento de la candidatura eran jóvenes trabajadores y estudiantes. Dirigiéndose a ellos, Jované planteó que “los jóvenes tienen que organizarse para ejercer el poder”. Insistió que su movimiento independiente se tomaría el poder y lo ejercería con energía. Entre las medidas de primera instancia es la erradicación de la corrupción. “Corrupto visto, corrupto preso”, exclamó.

También afirmó – adelantándose a los curiosos – que su gobierno no reconocería el pago de las deudas contraídas mediante actos de corrupción. A su vez, aseguró que perseguiría a los “ladrones” que se encuentran cobijados en las instituciones del país. A los neoliberales que están destruyendo el sistema educativo del país, les anunció que establecería un sistema de dos turnos para todos los estudiantes del país.

También anunció un cambio radical en el sistema fiscal del país. En la actualidad, dijo, sólo pagan impuestos los más pobres. Desde la Presidencia crearía los mecanismos para que todos paguen impuestos, incluyendo a los más ricos quienes son los que evaden sus compromisos fiscales. Revertiría las políticas aprobadas por los últimos gobiernos que están destruyendo los recursos naturales, ríos, playas, bosques, manglares e, incluso, las áreas urbanas. Declaró que Panamá sería libre de minería a cielo abierto.

"Este país hay que refundarlo”. El fracaso de los gobernantes queda demostrado en la baja producción agrícola y en el alto costo de la canasta básica. Relacionó la crisis del agro y su paulatina desaparición con el hambre. Es urgente una política de seguridad alimentaria.

Los especuladores han acabado con los agricultores quienes ya no pueden sembrar y pronto desaparecerá la producción ganadera y avícola. Indicó que se deben endurecer las leyes contra la especulación. Según el aspirante presidencial, el problema está en los intermediarios por lo anunció una política que beneficie a los productores directamente.

"Vamos a perseguir a todo aquel  que cometió actos de corrupción en materia fiscal. Así como perseguí a los empresarios que le debían a la Caja de Seguro Social. Así lo haré para recuperar ese dinero que sirve para ayudar a los más necesitados", aseguró.

Jované no anunció cual sería su estrategia para alcanzar las 16 mil firmas que necesita para inscribir en el Tribunal Electoral su candidatura independiente. Según la ley electoral tendrá un período de seis meses – a fines de 2013 – para cumplir con la meta. Anunció que la persona que lo acompañará en la formula presidencial va a ser una mujer. Varios candidatos independientes han anunciado sus intenciones para presentarse en las elecciones de 2014.

Jované identificó su candidatura con el pueblo y los trabajadores. Varias organizaciones sindicales y gremios de educadores estaban presentes en el acto. En la actualidad, el partido en formación, Frente Amplio por la Democracia (FAD), también se identifica con los trabajadores. EL FAD, que cuenta con el apoyo del FRENADESO, aún no ha proclamado un candidato a la Presidencia.

En un documento que circuló en el evento presidido por Jované, se sintetizaron los 10 lineamientos centrales de la candidatura:

Defender a la población frente a la inflación y la especulación. Poner fin a la corrupción organizada desde las posiciones más altas del gobierno.

Establecer las condiciones materiales y sociales para la seguridad y soberanía alimentaria. Promover una política agropecuaria al servicio del país.

Asegurar los servicios básicos para toda la población: educación, salud y seguridad social.

Proteger el medio ambiente para la presente y futuras generaciones. Revertir todas las medidas contrarias a la sostenibilidad ambiental introducida por esta y las anteriores administraciones.

Restablecer y promover los derechos de todos los trabajadores. Rescatar el Código de Trabajo.

Iniciar un proceso de transformación y diversificación productiva. Desarrollar un sector industrial eficiente capaz de generar trabajos decentes.

Desarrollar una política fiscal equitativa, transparente y responsable.

Construir un ambiente de seguridad ciudadana para todos.

Profundizar la democracia y la equidad en todos sus aspectos.

Practicar una política independiente comprometida con la integración y la promoción de la paz.

11 de octubre de 2012.

El Banco Mundial y la educación

Con motivo de la publicación del informe del Banco Mundial, Mejores empleos en Panamá, se presenta la oportunidad para realizar una revisión a fondo de las políticas educativas del país. En primer lugar es urgente “sectorizar” la educación para darle a todos los jóvenes oportunidades de asistir a escuelas y colegios en sus propios barrios. En segundo lugar, hay que poner fin a las políticas de austeridad e incrementar el presupuesto educativo para que refleje el aumento del PIB. Significaría construir colegios y escuelas en “Panamá Este”, “Panamá Oeste” y San Miguelito. Además, mejorar los salarios miserables de los educadores. En tercer lugar, urge redefinir las propuestas del Ministerio de Educación dirigidas hacia el sistema llamado “público privado” que pretende reducir aún más las oportunidades de educación de la juventud panameña. Todo indica que el Banco Mundial no apoya la transformación del sistema educativo nacional en un “mercado persa” subvencionado por el Estado.

El Banco Mundial publicó el documento Mejores empleos en Panamá en junio de 2012 destacando el fuerte crecimiento de la economía panameña en el último lustro. “Sin embargo, agrega el informe, el fuerte crecimiento económico generó pocas mejoras para los pobres que habitan las áreas rurales y, en particular, para los grupos indígenas”. El Banco Mundial señala, además, que “la disminución de la tasa de pobreza ha sido modesta y la pobreza extrema aún se sitúa en torno al 15 por ciento” de la población. Para rematar, la institución con sede en Washington, indica que “el país mantiene una de las tasas más elevadas de desigualdad de la región y del mundo”.

Con una mano la institución financiera más influyente en el plano internacional otorga y con la otra le resta importancia a los avances financieros de Panamá. “Entre 2001 y 2011, Panamá dobló su producto interno bruto (PIB)”. El Banco Mundial destaca que ese crecimiento se concentró en las actividades relacionadas con el comercio marítimo (Canal de Panamá, puertos y seguros), la banca (actividades especulativas) y la construcción. Admite que el sector agropecuario y la industria se estancaron. No considera que esta falla estructural de la economía panameña constituya un problema ya que forma parte del plan establecido por los gobiernos del país por casi 20 años.

La primera sección del informe presenta las tendencias en el mercado laboral entre 2001 y 2011 y su relación con el crecimiento del PIB. En la segunda sección evalúa las habilidades de la fuerza laboral y el desempeño del sistema educativo. La tercera sección presenta el sistema de protección social. El Banco se siente satisfecho con los logros alcanzados. Considera que el incremento del trabajo informal y el trabajo precario contribuye a flexibilizar el mercado laboral pero al mismo tiempo tiende a incrementar el nivel de los salarios. No toma en cuenta, empero, que son salarios correspondientes a trabajo precario. Es decir, son empleos mal renumerados que no cuentan con estabilidad ni tampoco seguridad social.

Una parte importante del informe lo dedica al análisis de la relación entre la productividad del trabajo y la educación. Señala que la productividad del trabajo es muy baja en Panamá. En este punto hace una salvedad señalando que el país ha hecho grandes progresos en el campo de la educación... en los últimos 50 años. Es decir, al final del período dominado por los desarrollistas liberales y durante los gobiernos militares. Agrega que la tendencia hacia una mayor desigualdad social promovida por las políticas actuales no contribuyen a la promoción de una fuerza de trabajo más productiva.

Según el Banco Mundial, “mejorar la calidad de la educación requerirá reducir la desigualdad en la provisión de servicio educativo entre ricos y pobres así como mejoras en los sistemas de gobernanza y rendición de cuentas”. La crítica del Banco no sólo se refiere al actual gobierno. También está dirigido a los gobiernos anteriores que aplicaron políticas de ajuste y austeridad en el campo de la educación. Mientras que el PIB se duplicó en la última década, el presupuesto en educación apenas ha crecido.

“Panamá enfrenta todavía el desafío de lograr una educación secundaria universal y mejorar la calidad general de su sistema educativo para impulsar la productividad de su fuerza laboral”, señala el informe. “La desigualdad en el logro educativo constituye un desafío adicional, ya que la diferencia en años de educación entre los panameños más y menos educados, asociada con las condiciones socioeconómicas, se mantiene en aproximadamente 6 años de educación”. Es decir, la diferencia de clase social en Panamá constituye una barrera infranqueable para que los jóvenes de menos recursos puedan lograr mejorar su condición social mediante la educación.

Según el Banco Mundial “las escuelas (panameñas) que atienden estudiantes pobres tienden a registrar una infraestructura deficiente y docentes insatisfechos”. Hay indicios, apunta el informe, que en “los segmentos más pobres de la población hay menos interés en la educación que en otros grupos económicos”. ¿Será que las políticas neoliberales están desincentivando a los jóvenes panameños en sus estudios? Además, el informe señala que no es recomendable permitir que  las diferencias entre las escuelas públicas y las privadas sigan aumentando.

4 de octubre de 2012.

La violencia y las drogas

La Universidad de Panamá efectuó recientemente un foro sobre la despenalización de las drogas. Los académicos sometieron a examen la aparente pérdida de control del tráfico de drogas ilícitas por el país y en el país. Los efectos de esta situación está generando una ola de violencia sin precedente. Además, las agencias de Seguridad – incluyendo la Policía Nacional, el SENAFRONT y otras instituciones – están cada vez más dedicadas a organizar actividades represivas olvidándose de las preventivas.

Los ponentes también presentaron estudios sobre el consumo de drogas y sus efectos sobre la salud de un creciente número de adictos. Con preocupación se observó como los centros de salud e, igualmente, los centros de rehabilitación no cuentan con los recursos para enfrentar el problema. Aún más peligroso es el aumento del número de jóvenes – cerca de 6 mil (la mitad de la población privada de libertad) - que son detenidos y encarcelados por supuestos delitos relacionados con la posesión de drogas ilícitas.

La Universidad de Panamá tiene un Observatorio sobre las Drogas que está estudiando el flagelo de las drogas ilícitas desde una perspectiva social. También analiza las políticas públicas que no tienden a encontrar la solución al problema. Al contrario, el gobierno invierte cada vez más recursos en medidas represivas que se extienden desde las zonas urbanas hasta las áreas más remotas del país. Todo este esfuerzo para que la situación tienda a empeorarse.

En el foro, la Comisión Nacional para la Prevención de las Drogas (CONAPRED) anunció que también ha creado un Observatorio Panameño de las Drogas que está sistematizando la información proveniente de diversas instituciones. La CONAPRED reúne un total de 15 entidades públicas y privadas que trabajan en áreas de rehabilitación.

La violencia en la capital panameña así como en el interior del país ha incrementado en forma significativa en los últimos lustros. El fenómeno está relacionado con las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos más recientes. Por un lado, se han desregulado todas las medidas de control de las actividades económicas permitiendo que el crimen organizado se infiltre a todos los niveles de la sociedad. Por el otro, la creciente militarización del país ha introducido armas de todo tipo que llegan a manos de organizaciones delictivas que ajustan cuentas sin discriminación alguna.

La corrupción no sólo campea en los ámbitos del más alto nivel gubernamental y empresarial, también toca a las comunidades más pequeñas y humildes. La competencia por el control de espacios económicos - sean contratos multimillonarios o transacciones de poca monta - suele resolverse mediante la compra de influencias y la fuerza. Los casinos de juegos del azar no sólo operan en los hoteles de lujo de las ciudades del país, también tienen sus garras en comunidades donde residen las familias de los trabajadores precarios e informales. En torno a este ambiente criminalizado juegos de azar se agrupan los traficantes de drogas, los traficantes de blancas, los sicarios y otros elementos del "bajo mundo".
Hay una relación entre el incremento de las ganancias de los casinos y de la tasa de homicidios en Panamá. Mientras más prospera el tráfico de influencias mayor es el número de muertes violentas. La Policía Nacional no recibe directrices en cuanto a cómo enfrentar el flagelo de la violencia ya que con una mano sale a perseguir a los delincuentes y con la otra neutraliza todas sus acciones de prevención.

Mientras que las políticas de desregulación continúen imperando en Panamá, las tasas de homicidio y crimen aumentarán. Se requiere de una política capaz de generar una legislación que minimice el espacio en que puede operar el crimen organizado y la corrupción. A su vez, hay que invertir recursos en la activación del empleo decente para que la familia panameña recupere sus comunidades y expulse a los delincuentes.

La despenalización de las drogas es un concepto muy vago y se presta para diferentes clases de interpretación. Es el termino, sin embargo, que ahora están utilizado los políticos latinoamericanos para plantear la necesidad urgente de buscar nuevas opciones. La propaganda de la “guerra contra las drogas”, introducida hace cuatro décadas por el presidente de EEUU, Richard Nixon, se ha utilizado con fines políticos. La “guerra” no es contra las drogas sino contra los enemigos que surgen en los “guetos” de las grandes ciudades norteamericanas o contra “carteles” que operan en América latina. En años más recientes, EEUU utiliza políticamente la “guerra contra las drogas” para atacar gobiernos progresistas como los de Venezuela, Ecuador o Bolivia. Incluso, para asociar movimientos insurrectos como las FARC en Colombia con el tráfico de drogas.

Hay que ser más serios y buscar una fórmula para regular la producción, el consumo y, sobre todo, el trasiego de las drogas que hoy son ilícitas. Toda solución depende, en gran parte, de la regulación del consumo en el mercado mundial que se concentra en más de un 80 por ciento en EEUU. La Universidad de Panamá abrió el debate nacional. Es de esperar que esta iniciativa que nos obliga a buscar soluciones continúe para el bien de todos los panameños.

27 de septiembre de 2012.

Neoliberales

            Los ideólogos neoliberales crean toda clase de confusiones. En EEUU acusan a los trabajadores migrantes de origen mexicano, y otros latinoamericanos, de la recesión economica. Los mismos ideólogos achacan el estancamiento de la economía norteamericana a la Republica Popular de China que tiene obreros con salarios más bajos. En Europa pasa algo similar con los neoliberales quienes le echan la culpa de la crisis a sus respectivos pueblos.

            En Panamá la situación es algo distinta. El auge de la economía china ha impactado favorablemente al sector de servicios marítimos de Panamá. El Canal de Panamá y los puertos, así como el sector bancario y de seguros, crecen a tasas muy superiores al diez por ciento anual. Igualmente, hay un fuerte incremento en áreas especulativas como los inmuebles, el turismo y la minería.

            Los neoliberales panameños (fundamentalistas) insisten en plantear que el auge del último lustro es el resultado de sus políticas engendradas durante la gestión presidencial de Pérez Balladares (1994-1999). Fue en este período que el gobierno entregó casi la totalidad de las empresas públicas a un pequeño grupo de inversionistas. Además, inició el desmantelamiento de los sectores de la salud, educación y seguridad social.

            Los voceros neoliberales que se pasean por los pasillos refrigerados del actual gobierno felicitan al presidente Martinelli por sus iniciativas draconianas. Entre estas se destaca la política de reducir a su mínima expresión las inversiones y los servicios de salud dirigidos a la población. En cambio, el gobierno procura establecer centros hospitalarios para atraer empresas extranjeras y turistas al país. En la actualidad, hay un anteproyecto para privatizar las fuentes de agua de los panameños. Es decir, el IDAAN tendrá que comprarle a precios exhorbitantes el agua a un pequeño grupo de especuladores. Sin invertir un centavo, estos especuladores se adueñarían de las cabeceras de los ríos esclavizando a los 3.5 millones de habitantes del país.

            Los neoliberales también celebran sus avances en el campo de la educación. Las instalaciones escolares han sido abandonadas y los estudiantes no cuentan con la infraestructura mínina. Se está promoviendo el “rancho” escolar como modalidad en las áreas rurales e, incluso, en algunos sectores urbanos. El “rancho” reúne en un salón, bajo la dirección de una maestra, a niños de varios niveles.

            La falta de escuelas y equipos no impide que las autoridades no promuevan nuevas iniciativas. En la actualidad, se trabaja en otro proyecto legislativo para privatizar las escuelas del país. El programa consiste en convertir la educación panameña en un negocio. El proyecto de educación “público-privado” entregaría las instalaciones educativas y a los mismos educadores a empresarios para que puedan lucrar con los bienes públicos y los trabajadores de la educación. Este sistema ha fracasado tanto en el mundo subdesarrollado (Chile) como en el llamado “centro” (ver el caso de la ciudad de Chicago en Estados Unidos.)

            Los neoliberales proyectan una amplia gama de iniciativas públicas que incluyen negocios y también planes ideológicos. En el campo de la educación han logrado dar pasos importantes para eliminar del plan de estudios todas las materias que riñen con sus fines lucrativos. Su primer objetivo es eliminar las materias que enseñan a los jóvenes a pensar (filosofía, cívica), a tener conciencia de su identidad (historia) o materias que le ofrezca al adolescente posibilidades de proyectar su creatividad.

            Los neoliberales panameños descubren su verdadera intención ideológica cuando insisten en tergiversar la enseñanza de la historia. No aceptan que los panameños puedan levantar su propia bandera sobre territorio nacional. Rechazan el estudio de las relaciones entre Panamá y EEUU en el siglo XX. Durante casi un siglo, el  pueblo panameño luchó  por  recuperar su soberanía secuestrada por EEUU. El éxito de esta lucha es negada por los neoliberales y han logrado borrarlo de los textos escolares y de los salones de clase.

            Pronto los neoliberales podrán introducir en los textos escolares las figuras de los presidentes norteamericanos Ronald Reagan y George Bush como pioneros de los ajustes económicos en Panamá. Como lecturas obligatorias se leeran Harry Potter y Alicia en el país de las Maravillas. Los textos ya han borrarado los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964 y las negociaciones encabezadas por Torrijos y Escobar Bethancourt para poner fin a la colonia de la Zona del Canal con sus bases miltiares. Se eliminaron las novelas de contenido social y nacionalsita de Joaquín Beleño, Luna Verde y Gamboa Road Gang. 

            ¿Cómo se explica que sectores amplios de la población permitan este atropello a la identidad y al bienestar de los panameños? La Universaidad de Panamá se opone a lo que considera un “enorme error” tergiversar la historia. Igualmente, los estudiantes del Instituto Nacional y otros planteles secundarios han protestado. El gobierno, la oposición política y los gremios empresariales, sin embargo, caminan de la mano con los ideólogos neoliberales pretendiendo acabar con el proyecto de nación. Los neoliberales comprenden bien que si convencen a los panameños que somos lo que ellos llaman “globales” les entregamos en bandeja de plata nuestras riquezas. Con esos millones manipulan a diputados, magistrados e, incluso, al propio presidente de la República y su gabinete.

20 de septiembre de 2012.