En medio de un paro de personal administrativo y médico contra la privatización y el desgreño administrativo de la Caja del Seguro Social, así como las protestas de los pescadores que están en la mira de la expropiación de sus tierras, la Unión Europea anuncia que Panamá tiene índices demasiado altos para recibir “ayuda” económica de esa entidad política en peligro de extinción.
Lo que no dice la información sobre la posición de los europeos, es que esos mismos bancos del “viejo mundo” están financiando numerosas actividades en Panamá destinadas a destruir los pocos bosques húmedos que están quedando en el Istmo.
Según una información difundida por los medios de comunicación, “dos bancos europeos, uno alemán y el otro holandés, se unen al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). para financiar una obra hidroeléctrica en tierras comarcales de los pueblos Ngobe-Buglé. Grandes intereses económicos pretenden inundar una parte de la misma para generar la llamada energía “limpia”. El proyecto es el mismo que generó un conflicto que le costó la vida a dos jóvenes víctimas de la represión policial en febrero de 2012. Los ngobe, afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, se oponen a la construcción de hidroeléctricas en su comarca y en las áreas anexas.
La red internacional ambientalista Salva la Selva ha iniciado una protesta internacional exigiendo que se retire la financiación alemana al proyecto. Según la red, los otros bancos deben retirarse también. El bosque húmedo de los ngobe alberga una gran biodiversidad. La sierra del Tabasará, en la provincia Chiriquí, es un paraíso para anfibios y reptiles, entre ellos muchos que sólo se encuentran en este lugar y que están amenazados de extinción. Entre ellos, la rana azul del Tabasará, que sólo vive en las orillas del río que quedarán inundadas por el embalse.
El territorio ngobe está reconocido legalmente por el gobierno de Panamá como propiedad colectiva. Los indígenas no han dado su consentimiento para el proyecto hidroeléctrico. Al menos dos muertos y más de un centenar de heridos y detenidos y otros abusos fueron el triste saldo de las manifestaciones de febrero 2012 en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros en la comarca Ngobe-Buglé.
El proyecto Barro Blanco, es muy cuestionado por corrupción en Panamá. El estudio de impacto ambiental (EIA) original nunca se consultó a la población. Tras la concesión, sus responsables decidieron unilateralmente aumentar el tamaño del embalse sin realizar las consultas pertinentes ni un nuevo EIA, como requiere la ley.
El costo de la obra es de 120 millones de dólares. Tres bancos de “desarrollo” han aprobado 25 millones de dólares para financiar el proyecto: el Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH (DEG), el Netherlands Development Finance Company (FMO) y el BCIE. Tanto los bancos como la empresa GENISA se amparan en un cuestionado estudio de impacto ambiental, donde los conflictos y la población afectada son apenas mencionados. Además, se justifican esgrimiendo múltiples 'estándares' sin sentido ni significado alguno para los pueblos indígenas.
Raúl Moreira, presidente del Colegio de Economistas de Panamá señala ‘la existencia de una mayor oferta (de energía eléctrica) en relación con la demanda'. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98 por ciento del agua que corre por un solo río, el Chiriquí Viejo, fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, quedando sólo el 2 por ciento libre para otros usos.
Aún así la constructora GENISA, propiedad de un grupo económico hondureño (que la compró a empresa especuladora de los socios panameños Virzi y Btesh), construye una hidroeléctrica de 28MW en el valle del río Tabasará, en la provincia Chiriquí. Todos los involucrados en el proyecto -empresa constructora, gobierno, autoridades locales - han sido severamente cuestionados. También las Naciones Unidas y el esquema de compensación de carbono, con el argumento de que la energía obtenida será “sostenible” y “limpia”.
Nada más lejos de la realidad. “La población indígena y campesina se enfrenta al desarraigo y a la pérdida de sus bienes y su sustento ya sea directamente por la inundación o por los llamados proyectos de reforestación de la empresa constructora. Estos proyectos consisten básicamente en talar árboles que se encuentran en las márgenes del río y replantar en las faldas de las laderas especies no nativas de teca y otras maderas comerciales. Los indígenas serán desplazados de hecho, ya que serán expropiados.” Denunció el ambientalista Oscar Sogandares.
La organización Salva la Selva ha iniciado una protesta online dirigida al banco alemán DEG. Más de 20.000 personas ya se han unido a la protesta con su firma, exigiendo que retiren la financiación al proyecto. Los bancos alemanes son los mismos que financiaron los años “gloriosos” de la periferia europea. Ahora quieren que los pueblos afectados les paguen y exigen que se eliminen puestos de trabajo, seguridad social, educación y servicios de salud en Grecia, Portugal, Irlanda y otros países. Son los programas de austeridad que han sido rechazados por los afectados. No cabe duda que Panamá está en la lista de estos bancos alemanes cuya avaricia no se detiene ante cualquier negocio.
Panamá, 17 de mayo de 2012.
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